Editorial 6
Desconfianza popular hacia el Gobierno y responsabilidad política

Shiraishi Takashi [Perfil]

[21.03.2012] Leer en otro idioma : ENGLISH | 日本語 | 简体字 | FRANÇAIS |

En un artículo previo y con el apoyo de una encuesta publicada en la edición matutina del Yomiuri Shimbun de fecha 9 de octubre de 2011, señalé que la confianza de la ciudadanía en el gobierno se encontraba por los suelos. La severidad de la mirada popular hacia el gobierno se hizo notar al preguntar por el desempeño de las instituciones y de otros grupos, y por las actividades que se realizan para paliar el desastre ocasionado por el Gran terremoto de Este del Japon en marzo de 2011, pues solo un 6% de los encuestados valoraron positivamente la actuación del gobierno, proporción que bajó hasta el 3% en el caso de la Dieta. Desconozco si se han realizado estudios similares más recientemente, pero de los resultados de otra encuesta llevada a cabo por la misma publicación entre el 10 y 12 de febrero de 2012, se deduce que la valoración que merecen el Gobierno, el Partido Democrático de Japón (PDJ, gobernante) y el Partido Liberal Democrático (PLD, oposición) continuaba por esas fechas bajo mínimo. Según este último estudio, el índice de aprobación para el gabinete de Noda Yoshihiko se situaba en el 30%, frente al 57% de desaprobación. Apoyaba al PDJ solo el 16% de los encuestados, el valor mínimo desde que accedió al poder en septiembre de 2009, y el PLD solo obtuvo un punto más, el 17%. Quienes no apoyaban a ningún partido representaban el 54%. En cuanto a la composición del gobierno que se estimaba deseable, el 53% reclama una redefinición total del mapa político, opción seguida por la de un gobierno de coalición entre el PDJ y PLD, con el 23%. Obtuvieron porcentajes mucho menores las opciones de un gobierno estructurado en torno al PLD (9%) y en torno al PDJ (5%). Los datos aparecieron en la edición del 14 de febrero de 2012.

La rebelión de las regiones y la formación de nuevos partidos

Si hablamos, una vez más, de la desconfianza popular en la política nacional es pensando en lo que últimamente se llama “rebelión de las regiones”, que tiene por principal protagonista al alcalde de Osaka, Hashimoto Tōru (42 años). En las elecciones a la alcaldía de noviembre de 2011, Hashimoto barrió a su principal adversario y predecesor en el cargo, Hiramatsu Kunio, que contaba con el apoyo del PDJ, del PLD y el Partido Comunista de Japón. En enero de 2012 Hashimoto anunció la creación del “Ishin Seiji Juku” o Academia Política de la Restauración, cuyo nombre sugiere el formidable cambio político que supuso para Japón la Restauración Meiji. Sobre esta base, el alcalde se propone presentar 300 candidatos a las próximas elecciones generales a la Cámara Baja de la Dieta, en la que aspira a hacerse con 200 escaños. El 10 de febrero, día en que se cerraba el plazo de inscripción para esta nueva academia, habían solicitado su admisión más de 2.750 personas. Entre los cambios preconizados por Hashimoto están la elevación del estatus administrativo de la prefectura de Osaka al mismo nivel que la de Tokio, la abolición del actual mecanismo de compensación interterritorial y la instauración de un sistema de entidades regionales o comunidades autónomas que opere a un nivel superior al de las actulaes prefecturas o provincias. Sin embargo, el borrador “Senchū hassaku” (literalmente, “ocho medidas tomadas en el barco”, en homenaje al documento homónimo emitido en 1867 por Sakamoto Ryōma), recientemente hecho público, del que se espera que se convierta en el programa electoral de este movimiento, no pasa de ser un escrito esquemático o simple enumeración, y todavía no sabemos qué problemas de la política nacional son los que pretende replantear Hashimoto, cuál será su orden de prioridades o de qué forma se propone abordar esos temas.

La “rebelión de las regiones” no es un fenómeno que se limite a Osaka. El gobernador de la prefectura de Aichi, Ōmura Hideaki (51 años) y el alcalde de Nagoya, Kawamura Takashi (63 años), se disponen también a crear academias para formar políticos, de cara a las próximas elecciones generales. Kada Yukiko (61 años), gobernadora de la prefectura de Shiga, ha expresado también su intención de crear otra academia de formación y coaligarse con Hashimoto para las elecciones a las asambleas prefecturales. Paralelamente, el gobernador de Tokio, Ishihara Shintarō (79 años) ha acordado ya con Kamei Shizuka (75), líder del Nuevo Partido del Pueblo (Kokumin Shintō), y con Hiranuma Takeo (72 años), líder del partido Tachiagare Nippon, la formación de un nuevo partido durante el mes de marzo. Tanto desde el punto de vista generacional como desde el de sus respectivas agendas políticas, es evidente que estos movimientos son de lo más heterogéneos. Pero no cabe duda de que, tras todas estas iniciativas, subyacen la desesperanza y la frustración popular ante el actual escenario político nacional.

Tanto la “rebelión de las regiones” como la creación de una tercera fuerza política en el país son movimientos de gran importancia para el futuro de la política japonesa. Pero por sí mismos no van a conseguir la inmediata restitución de la confianza popular en la política. La única forma de conseguir eso es que el propio gobierno muestre algún resultado concreto. El primer ministro Noda Yoshihiko está tomando las decisiones que le corresponden: participación de Japón en las negociaciones para su integración en el Acuerdo Estratégico Traspacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), establecimiento de la Agencia Nacional para la Reconstrucción, fijación del borrador de reforma del sistema tributario para ligarlo a la financiación de la Seguridad Social… Pero en no pocas de estas decisiones todavía se percibe esa confusión entre lo que el ex primer ministro Kan Naoto denominó “idea personal” y lo que sería una iniciativa política propiamente dicha.

La reactivación de las centrales nucleares es responsabilidad del gobierno

Una de estas decisiones es el procedimiento que ha de seguirse para la reactivación de las centrales nucleares que actualmente se encuentran paralizadas tras la inspección periódica. En un documento emitido por el Consejo de Ministros del 17 de febrero, se dice que a la hora de juzgar si se cuenta o no con el consentimiento de la región afectada para reactivar una central nuclear se tomarán como principal fundamento “los pareceres de los máximos responsables políticos de los gobiernos locales y regionales, y la de sus cámaras legislativas”. El documento se emitió en relación con unas declaraciones previas realizadas por Noda en un pleno celebrado en la Cámara Baja en septiembre de 2011, en las que afirmó que iría tomando las decisiones pertinentes, incluyendo la de si se había conseguido el consentimiento de la región y la confianza de la población, a nivel político y con una visión de conjunto.

Esto, en la práctica, equivale a dejar en manos de “los máximos responsables políticos de los gobiernos locales y regionales, y de sus cámaras legislativas” la decisión de reactivar las centrales. Pero las prefecturas ni disponen de los mecanismos ni están capacitadas para confirmar la seguridad de estas instalaciones, por lo que es fácil adivinar lo que ocurrirá cuando a un gobernador se le solicite juzgar si se ha conseguido “el consentimiento de la región y la confianza de la población”. El gobernador no va a poder tomar una decisión de la que pueda responsabilizarse. La consecuencia será que la reactivación de los reactores que hayan pasado la inspección periódica será pospuesta, y que si en diciembre de 2011 solo el 15% de los reactores estaban en funcionamiento, en los próximos meses quedaran paralizados todos sin excepción. El coste derivado de ello va a ser elevadísimo. Si la generación nuclear de electricidad se sustituye por generación térmica, el coste anual del combustible aumentará en dos o tres billones de yenes. La balanza comercial entró ya en déficit el año pasado. La desindustrialización sigue su curso.

Sin embargo, según la edición matinal del Asahi Shimbun del día 10 de enero de 2011, parece que el ministro de Economía, Comercio e Industria considera que bastaría con aceptar un bajo crecimiento económico para hacer posible el abandono de la energía nuclear. En Japón, el crecimiento económico real ha mostrado la siguiente evolución: en 2007 fue del 2,36%; en 2008, del -1,17%; en 2009, -6,28%; en 2010 el 3,96%, y en 2011 la previsión es que sea de -0,47%. Durante estos cinco años la economía japonesa se ha contraído. Nos preguntamos, pues, a qué se refiere el ministro cuando habla de “bajo crecimiento”. ¿Quiere decir que no importa aunque este sea negativo? ¿Quién pagará el coste social que eso supone? Al margen de eso, ¿es inteligente mezclar la política energética a medio y largo plazo con la decisión de volver a poner en funcionamiento las centrales nucleares? La construcción de nuevas centrales nucleares va a ser políticamente imposible por lo menos durante los próximos veinte o treinta años. En cuanto a la política energética a medio y largo plazo, habrá que observar qué ocurre con la revolución del gas de esquisto (gas pizarra) y con la evolución tecnológica de las energías renovables, entre otras cosas, pero todavía hay cierta holgura de tiempo para pensar reposadamente. Por contra, la decisión de reactivar las centrales nucleares es algo que el gobierno debe hacer inmediatamente. La actitud de dejar en manos de las autoridades políticas y asambleas regionales esa decisión no es más que una forma de eludir responsabilidades.

Otra de esas decisiones es la nueva reglamentación del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social que restringe drásticamente los niveles admitidos de cesio radiactivo en los alimentos. En esta ocasión el ministerio, para proteger a los ciudadanos que se encuentran en las franjas inferiores de edad, que son las que más pueden verse afectadas por la radiactividad, ha establecido un nivel máximo admisible en la leche y en los alimentos para lactantes que equivale a la mitad del que se establece para el resto de los alimentos. Según el periódico Yomiuri Shimbun (matinal, 17 de febrero), tras esta decisión ha estado el firme propósito de la ministra, Komiyama Yōko, de imponer exigentes estándares sobre los alimentos para lactantes “para producir mayor sensación de seguridad”. Es fácil entender que seguridad y sensación de seguridad son cosas diferentes. La seguridad puede evaluarse científicamente. La sensación de seguridad es una cuestión de psicología individual. Dar prioridad a la sensación de seguridad es muy sencillo. Pero así el coste se eleva. ¿Quién cargará con ese coste? Si, como dice la ministra en su peculiar japonés, “para producir mayor sensación de seguridad” se introducen estándares administrativos mucho más duros que los estándares de seguridad estrictamente científicos, la ministra tendrá entonces la obligación de explicar a la ciudadanía por qué esos estándares administrativos se fijan en esos niveles, en qué se basa para hacerlo así, qué costo supondrá todo ello y quién cargará con él.

(Traducido al español del original japonés)

  • [21.03.2012]

Es doctor en historia por la Universidad de Cornell. En la actualidad es presidente del Instituto Nacional de Doctorados para Estudios Políticos (en inglés GRIPS, National Graduate Institute for Policy Studies); presidente del Instituto de las Economías en Desarrollo (en inglés IDE, Institute of Developing Economies) de la Organización Japonesa para el Fomento del Comercio Exterior (en inglés JETRO, Japan External Trade Organization); también es miembro ejecutivo del Consejo de Política de Ciencia y Tecnología, Oficina del Gabinete. Es autor, entre otras obras, de Teikoku to sono genkai (El Imperio y sus límites) y Más allá de Japón: La dinámica del regionalismo en el Este Asiático (coeditor). Es jefe de redacción de Nippon.com.

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