La política científica y la regulación nuclear, a debate

Acuerdo Japón-Canadá para la importación de gas de esquisto

El primer ministro japonés, Abe Shinzō, se reunió el día 24 de septiembre de 2013 en Ottawa con su homólogo canadiense Stephen Harper, con quien llegó a un acuerdo de hecho para la suscripción de un Convenio de Compras e Intercambio de Servicios (ACSA, por sus siglas en inglés), que permitirá a las Fuerzas de Autodefensa japonesas y al Ejército canadiense intercambiar materiales y servicios de transporte durante las misiones internacionales de ayuda humanitaria. Ambos líderes acordaron también avanzar en la importación de gas de esquisto canadiense a Japón.

Según el periódico Mainichi Shimbun (26 de septiembre, edición matutina), la postura del gobierno japonés es la de tratar de agilizar la exportación de este gas por parte de Canadá apoyando activamente a su industria exportadora mediante medidas concretas, como el impulso a la construcción de gasoductos, que deberá discutirse a nivel ministerial. Las importaciones podrían comenzar en 2019, alcanzándose volúmenes máximos de entre ocho y nueve millones de toneladas, lo que equivale aproximadamente al 10% de los 87 millones de toneladas que viene a importar anualmente Japón. Importar de Canadá implica costos de transporte menores que los derivados de importar de Estados Unidos a través del Canal de Panamá, y esto significa que el precio final del gas de esquito canadiense se situaría entre uno y dos dólares por debajo del estadounidense, que ronda los 10 o 12 dólares por unidad térmica británica (BTU, por sus siglas en inglés). Esto representaría, prácticamente, la mitad de los cerca de 17 dólares que cuesta el gas natural licuado procedente de Qatar.

Desde el accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi (2011), las importaciones japonesas de petróleo y gas para alimentar las plantas térmicas han experimentado un rápido incremento y la balanza comercial ha entrado en números rojos. El costo extra que supone esta situación se estima para el presente año entre los 3,8 y cuatro billones de yenes. Dar inicio a las importaciones desde Canadá significará una diversificación de las fuentes de abastecimiento de gas natural y una disminución del costo de la energía a largo plazo para Japón, lo cual sería una gran noticia.

¿Quién lleva las riendas de la política energética?

Esto, insisto, si hablamos del abastecimiento de energía a largo plazo, porque no es algo que vaya a permitirnos superar el problema energético que se nos plantea actualmente. En el discurso de exposición de directrices políticas que dirigió a la Dieta el pasado 28 de febrero, Abe manifestó su disposición a construir, en torno a la Comisión Reguladora Nuclear, una “nueva cultura de la seguridad” que eleve esta sin hacer concesiones, y que llegaría tras una reflexión sobre el accidente ocurrido en la central nuclear Fukushima Daiichi, de TEPCO. “Sobre esa base reabriré las centrales nucleares cuya seguridad se haya confirmado”, añadió. Sin embargo, a fecha de 30 de septiembre y tras la desactivación de la central de Ōi, que el pasado día 15 fue sometida por KEPCO, su operadora, a una revisión periódica, los 50 reactores nucleares del país permanecen parados. Esto ocurre porque la citada comisión no está urgiendo a su reapertura.

Hay que preguntarse, entonces, cuál es la función de la comisión. En el Artículo 1 de su ley fundacional leemos lo siguiente:

Partiendo del reconocimiento de que se debe asumir en todo momento la posibilidad de ocurrencia de accidentes durante el uso de la energía nuclear, y de que debemos hacer nuestros mejores y mayores esfuerzos por evitarlos en cumplimiento de los estándares internacionales establecidos, se establece por la presente ley la Comisión Reguladora Nuclear, la cual centralizará todas las labores de planificación y ejecución de las medidas necesarias para alcanzar la seguridad (incluyendo los negocios de refinado, fabricación y enriquecimiento, elaboración, almacenamiento, reprocesado y desechado, relacionados todos con la energía nuclear, así como todo lo relacionado tanto con las reglamentaciones relativas a los reactores nucleares como la implementación de los mecanismos de garantía basados en los compromisos internacionales, y otros reglamentos cuya finalidad sea procurar el uso pacífico de la energía nuclear) y en la que su Presidente y sus Miembros ejercerán su autoridad con independencia, basándose en su competencia y desde una perspectiva neutral y ecuánime, contribuyendo así a proteger la vida, salud y bienes de la ciudadanía, a conservar el medio ambiente y a garantizar la seguridad nacional.

Es muy discutible que, desde su establecimiento, esta comisión se haya dedicado realmente a la planificación y ejecución de las medidas necesarias para obtener la seguridad en el uso de la energía nuclear “en cumplimiento de los estándares internacionales establecidos”. En especial, en el ámbito internacional se han expresado ya dudas sobre la norma fijada en julio de este año como parte de los estándares de regulación concernientes a las fallas activas en los terrenos de las instalaciones de generación eléctrica y en sus inmediaciones (que impone la no existencia de afloramientos de fallas que puedan entrar en actividad en el futuro), así como sobre el hecho de estas fallas se definan como “aquellas sobre las que no pueda negarse que hayan estado activas en algún momento desde el Tarantiense (desde hace 120.000 o 130.000 años, aproximadamente)”, estableciéndose además que “en los casos en que no sea posible determinar claramente la actividad durante esa edad geológica, se hará una valoración de su actividad tras haber examinado ampliamente la configuración del terreno, su naturaleza y su estructura geológica, así como sus campos de esfuerzos, remontándose hasta el Ioniense (unos 400.000 años atrás)”.

Sin embargo, lo importante en este caso es que la ley por la que se estableció la Comisión Reguladora Nuclear estipula claramente que la función de la comisión será procurar la seguridad en el uso de la energía nuclear y no decidir la política energética de Japón. Pero lo cierto es que las centrales nucleares no pueden funcionar sin deliberaciones y decisiones por parte de la comisión, y a consecuencia de ello la política energética de Japón queda, de hecho, en manos de lo que decida la comisión. Que a esto se le dé el visto bueno o se entienda como una rémora, es una decisión política de alto nivel. Por lo que respecta a la política monetaria, en diciembre del año pasado Abe hizo saber que si en la reunión de fijación de la política monetaria del Banco de Japón se posponía el establecimiento de una meta de inflación (inflación objetivo) procedería a reformar la ley por la que se rige la entidad emisora, y seguidamente, en marzo, designó a nuevo gobernador de la entidad a Kuroda Haruhiko, consiguiendo así que se llevase a efecto la política monetaria que él mismo estimaba conveniente. Ahora se espera de él que se decida entre　someter en la práctica a las decisiones de la comisión la política energética del país, dejándole tomarse el tiempo necesario para las deliberaciones de seguridad, o solicitarle que cumpla con la mayor celeridad su función, ante los enormes costos que supone el retraso causado por la prolongación de las deliberaciones.

Saludemos la creación del cargo de asesor científico

El Consejo de Política Científica y Tecnológica, de cara a la presentación de su solicitud preliminar de presupuesto para 2014, estableció el pasado 31 de julio sus directrices de distribución de recursos, basándose en la Estrategia de Revitalización de Japón (estrategia de crecimiento) y en la Estrategia Global de Ciencia, Tecnología e Innovación, acuñadas ambas por el gabinete de Abe. Sobre la base de la inducción de medidas políticas y la priorización presupuestaria que ha venido llevando a cabo mediante su plan de acción y otras estrategias, el consejo ha lanzado su Programa de Promoción de la Innovación Estratégica (SIP, por sus siglas en inglés) como nueva medida para reforzar su papel como torre de mando de la política de ciencia, tecnología e innovación, y ha decidido hacer una solicitud de asignación presupuestaria propia para cubrir los costes de promoción de la innovación en esos dos campos por un total de 51.700 millones de yenes.

Desde la creación del IV Plan Básico de Ciencia y Tecnología, aprobado por el Consejo de Ministros en 2011, las expresiones “ciencia y tecnología” e “innovación” suelen aparecer combinadas, pero, quizás porque desde el próximo año fiscal la Oficina del Gabinete dispondrá de forma unitaria del presupuesto correspondiente, en la comunidad científica y tecnológica se ha abierto un animado debate al respecto. Sobre este asunto me gustaría decir un par de cosas.

En primer lugar está la creación en el gobierno de uno o varios puestos de asesor en materia de ciencia y tecnología. Recibe uno la impresión de que el Consejo de Política Científica y Tecnológica, como puede comprobarse en la Estrategia General de Ciencia, Tecnología e Innovación presentada el 6 de junio por dicho órgano, está preocupado por que se produzca una “bicefalia” en las medidas relativas a estas tres áreas, y no es demasiado partidario de la creación de tal órgano asesor. Sin embargo, las funciones del consejo y las de ese asesor son diferentes.

La función del Consejo de Política Científica y Tecnológica es la elaboración de la política de ciencia, tecnología e innovación (policy for science, technology and innovation). Por su parte, el asesor se encargaría de asistir al primer ministro en materias científicas para el establecimiento de políticas (science por policy). Dicho de forma más concreta, en cualquier área de medidas políticas, desde la de seguridad y defensa nacional hasta las de sanidad, ciencia, tecnología e innovación, o medio ambiente, puede plantearse (1) cómo deberían concebirse las medidas desde una perspectiva científica (por ejemplo, qué significación tienen para la política de defensa los avances en áreas como la robótica, la interfaz cerebro-computadora o la tecnología informática y de las comunicaciones), y (2) qué significación tienen en la ciencia y en la tecnología las medidas que se implementan en cada uno de esos campos, puntos ambos sobre los que el asesor podría aconsejar al primer ministro. Por ello, sería conveniente que el establecimiento de este cargo fuera visto con mejores ojos.

El segundo punto al que me refería es la reacción de la comunidad científica y tecnológica. Entre los científicos, hay algunos que se oponen frontalmente a que el gobierno prime la innovación como parte de la promoción de la ciencia y la tecnología, alegando que desde la comprensión de un hecho básico de la ciencia hasta su aprovechamiento social pueden transcurrir 100 años. Efectivamente, vemos que James Clark Maxwell enunció las leyes que rigen el electromagnetismo en 1864, pero las ondas hertzianas solo pudieron ser utilizadas libremente aproximadamente a partir de 1940, es decir, cerca de 80 años después del descubrimiento, y lo mismo puede decirse del descubrimiento de la superconductividad por el científico holandés Heike Kamerlingh Onnes, o de la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein y de su aplicación, etcétera. Sin embargo, estas alegaciones no responden a la pregunta de quién debe costear los recursos (los gastos en ciencia y tecnología), ni a la de por qué deben dedicarse a este fin los impuestos que pagan los ciudadanos. Desde que ocurrió el accidente en la central nuclear Fukushima Daiichi en 2011 la confianza de los ciudadanos en la comunidad científica se ha resentido. Esa actitud de “calla y paga” ya no convence a nadie.