Financiación de la seguridad social: una reforma necesaria

Economía

Si atendemos a las cifras que presentan sus finanzas públicas, Japón es el país en peor situación entre todos los miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Para el año fiscal 2012 se han aprobado unos presupuestos generales del Estado de 90,3 billones de yenes, pero como los ingresos procedentes de impuestos son apenas 42,3 billones, esto significa que una cifra mayor que esta, 44,2 billones, deberá ser cubierta con emisión de deuda pública. Además, los 2,6 billones con los que las arcas públicas subsidian el sistema público de pensiones se aportan mediante los llamados “bonos de compensación gubernamental” (kōfu kokusai), una modalidad de carácter excepcional, que no es necesario hacer constar en su totalidad en los presupuestos, pero que supone el compromiso de un pago futuro, de modo que a la emisión de deuda pública habría que sumarle también esta otra partida, para conocer cuál es el endeudamiento real. Es un hecho sin precedentes, pero llevamos ya cuatro años consecutivos con emisiones de deuda pública que exceden los ingresos por impuestos. Y el déficit presupuestario supera el 219% del producto interno bruto (incluyendo la administración central, las administraciones regionales y locales, y el fondo de la seguridad social, datos de la OCDE), sobrepasando por supuesto al de Grecia y a gran distancia del de Italia (128%), que es el segundo país del G7 más endeudado.

Un importante factor es el aumento del presupuesto destinado a las pensiones, la salud pública, la atención a la tercera edad y otras partidas de la seguridad social, aumento causado por el envejecimiento de la población. Con 83 años, la esperanza de vida de los japoneses es la más elevada del planeta, y además la proporción de ancianos aumenta cada año. En 2012, por cada persona de 65 o más años tenemos 2,4 de entre 20 y 64 años, pero en 2050 solo tendremos 1,3. El panorama es extremadamente preocupante, ya que solo habrá un “joven” para sustentar a cada anciano. La consecuencia de todo esto es que cada año el presupuesto destinado a la seguridad social aumenta más de un billón de yenes.

Debido a que el presupuesto de la seguridad social tiene carácter perpetuo y además es consumido por la generación presente, financieramente se le aplica el principio de que debe ser cubierto por recursos igualmente perpetuos, por lo que financiarlo con deuda pública es de por sí inaceptable. Sin embargo, en Japón se ha recurrido a la deuda pública, posponiendo siempre la tarea de asegurarle a este presupuesto una fuente de financiación estable.

A Japón se le pide que sanee sus finanzas

Los activos financieros de los hogares japoneses eran en 2010 de 1.481 billones de yenes y el 95% de la deuda pública del país estaba en manos de inversores japoneses. Además, tanto la balanza comercial como la balanza por cuenta corriente mostraban superávit. El impuesto sobre el consumo mantiene un tipo bajo, del 5%, de modo que todavía hay margen para subir la carga tributaria. Además, como la crisis del euro ha empujado a muchos a traer su dinero a Japón, el interés de la deuda pública a 10 años se mantiene en niveles bajos, no llegando al 1%. Así vistas, las finanzas públicas japonesas no están tan mal como las otras cifras parecen indicar.

Sin embargo, los activos financieros netos de los hogares, una vez descontados los prestamos a la vivienda, son de 1.100 billones de yenes, mientras que el total de la deuda pública acumulada está ya superando los 1.000 billones. En 2011, año en que ocurrió el gran terremoto con tsunami que afectó al este de Japón, la balanza comercial entró en número rojos por primera vez en 31 años y el superávit de la balanza por cuenta corriente se vio muy reducido. Y el envejecimiento avanza año tras año. El déficit público es aún peor que el de Grecia. Los mercados han reclamado incluso a Italia, un país cuyo saldo primario es positivo, un saneamiento de sus finanzas públicas, y esto ha sido causa de la caída del ex primer ministro Silvio Berlusconi y ha obligado a elevar el impuesto al valor agregado y a tomar otras medidas restrictivas. Viendo lo que ha ocurrido con Italia, Japón no puede quedarse inactivo. Se han expresado temores por la sostenibilidad del sistema de la seguridad social y entidades como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y las agencias de calificación de riesgo están lanzando advertencias a Japón para que proceda también al saneamiento de sus finanzas públicas.

En 2009, el gabinete de Asō Tarō, que estaba formado por una coalición del Partido Liberal Democrático y el Nuevo Kōmeitō, consciente de este problema, aprobó una ley (Disposición Adicional 104 a la Ley del Impuesto sobre la Renta) que abriera las puertas en 2011 a un mecanismo legal para reformar el sistema de seguridad social y vincular su financiación a los impuestos.

Siguiendo lo dispuesto por esta ley, el actual gabinete de Noda Yoshihiko ha concretado el contenido de esa reforma para unificar ambos sistemas. Esta idea ha adoptado la forma de varios proyectos de ley que previsiblemente serán remitidos a la Dieta en marzo de 2012. Igualmente, se pretende realizar reformas políticas y administrativas, tales como la reducción del número de escaños en la Cámara Baja de la Dieta o la reducción de los salarios de los funcionarios públicos.

Una opinión pública favorable a la reforma

Gran parte de la ciudadanía entiende que, dada la actual situación, es muy difícil sostener el sistema de la seguridad social, y acepta la necesidad de elevar el tipo del impuesto sobre el consumo, para que pueda servir de fuente de financiación.

Según una encuesta publicada por el periódico Nihon Keizai Shimbun el 20 de febrero de 2012, un 59% estima necesaria la subida del impuesto, frente a un 29%, que no piensan así. Un 40% apoya la propuesta gubernamental para que la subida sea escalonada y se sitúe en el 8% en abril de 2014 y en el 10% en octubre de 2015, frente a un 49% que se opone a la misma. En cuanto a la actitud del opositor Partido Liberal Democrático de oponerse a asistir a las conversaciones entre gobierno y oposición previas a la remisión a la Dieta de los citados proyectos de ley, argumentando que el Partido Democrático de Japón ha incurrido en incumplimiento de su compromiso electoral al pretender elevar dicho impuesto, un 61% afirma que esta actitud no les convence, frente a un 24% que la comprende.     

Los periódicos y el resto de los medios de comunicación, a la vista también de estas encuestas, sostienen que los partidos gobernantes y el gobierno, por una parte, y la oposición, por la otra, deben reunirse y deliberar, para que sin nuevas dilaciones se pongan manos a la obra en la reforma.

Actualmente dentro de los partidos gobernantes hay quien expresa ideas contrarias a la reforma, y además las conversaciones con la oposición no muestran ningún avance. Sin embargo, en un momento en que la sostenibilidad de la seguridad social se ve amenazada y las finanzas públicas están en estado crítico, es responsabilidad de la generación actual no imponer una carga a las generaciones venideras y evitar que nuestro país caiga en una situación como la de Grecia.

El gobierno debe ser capaz de explicar a fondo este tema a la ciudadanía, debatirlo como es debido en la Dieta, llevar a cabo la reforma, estabilizar el sistema de la seguridad social y sanear las finanzas públicas, de forma que nuestro país recupere su credibilidad.

(Escrito el 20 de febrero de 2012. Traducido al español del original japonés.)

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