Defendiendo el derecho de los menores a vivir con una familia

La realidad de una infancia sin sueños

Doi Kanae, directora de Human Rights Watch en Japón, en su oficina de Tokio.

El 4 de abril de 2016, 20 Gobiernos locales y 13 organizaciones civiles de todo Japón fundaron un comité para impulsar la adopción y acogida de menores que no puedan convivir con sus padres biológicos por motivos como el maltrato, de forma que les sea posible criarse en un ambiente familiar. Doi Kanae, directora de Human Rights Watch en Japón, desempeña un papel clave en este movimiento que aboga por un modelo centrado en las familias y no en instalaciones como los centros de protección de menores.

Humans Rights Watch, una ONG internacional que lucha por los derechos humanos, tiene su sede central en Nueva York y sucursales en 90 países. Con unos 400 trabajadores repartidos por todo el mundo, se encarga de investigar las diversas violaciones de los derechos humanos y ejercer presión externa a través de los distintos Gobiernos para poner fin a tales infracciones; todas sus oficinas actúan coordinadas en calidad de lobby y realizan propuestas políticas.

El informe, elaborado por expertos de todo el mundo, se ha publicado en inglés y en su traducción al japonés.

La sucursal de la ONG en Tokio, en funcionamiento desde abril de 2009, es la única de todo Asia. Los resultados de su primera iniciativa han quedado plasmados en el informe Without Dreams: Children in Alternative Care in Japan (Sin sueños: Niños bajo Cuidados Alternativos en Japón), un documento en el que aborda la situación actual de los niños que viven en instalaciones de todo el país como los centros de protección de menores.

“Human Rights Watch publicó un informe sobre los derechos humanos en las cárceles japonesas en 1995 y, en el año 2000, otro sobre el tráfico de personas. Este nuevo documento, que llega casi una década después, trata de un problema en territorio nipón”, explica Doi.

Falta de conciencia del problema de los centros de protección de menores

La directora de la oficina de Tokio nos explica los motivos por los que el informe se centra en los menores que viven en centros:

“En primer lugar, la gravedad de la cuestión. Uno de los problemas reside en que no son pocos los casos, particularmente en Japón, en que la situación de los menores que reciben asistencia social es deplorable. Aunque en muchos países desarrollados el sistema de cuidados ha venido centrándose en los hogares, en el caso de Japón, casi el 90 % de los niños se cría en grupo. La asistencia social es un mecanismo en el que la sociedad pasa a cuidar y proteger a los niños que no pueden convivir con sus padres biológicos debido al maltrato que sufren en su hogar o por enfermedad o dificultades de los progenitores para hacerse cargo de ellos. En la actualidad, una gran parte de los aproximadamente 40.000 niños que reciben asistencia social vive en instalaciones como los centros de protección de menores.

En segundo lugar, la sociedad se interesa poco por esta cuestión. Aunque se diga que [los niños que viven en instalaciones] dan pena, no se tiene conciencia del problema que supone la crianza grupal. Tampoco se critica al Gobierno por infringir tratados internacionales al respecto. Según la Convención sobre los Derechos del Niño, el internamiento de menores en instalaciones está restringido únicamente a los casos en los que sea necesario y se considera como un último recurso. Japón va todavía muy atrasado en lo que respecta a familias de acogida y adopciones, motivo por el cual el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha advertido al país de las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, el público general apenas conoce esta realidad”.

El derecho de los padres biológicos, demasiado fuerte en Japón

Para confeccionar el informe, se realizaron entrevistas durante más de dos años, desde diciembre de 2011 hasta febrero de 2014. Además, se investigó sobre la situación de los menores que perdieron a sus padres en el Gran Terremoto del Este de Japón de marzo de 2011. A fecha de noviembre de 2011, la mayoría de los 241 niños que quedaron huérfanos en Tōhoku por el desastre vive con parientes y recibe ayuda y asistencia del Gobierno o de entidades civiles. Sin embargo, no se arroja luz sobre la situación de los 40.000 menores que viven en instalaciones repartidas por todo el país.

“Las adopciones no requieren un gasto fiscal especial por parte del Gobierno; en el caso de las familias de acogida, ayudarlas supone un desembolso público menor para la Administración. Ahora bien, hay que pagar al personal de los centros de protección, por lo que se necesita una importante cantidad de fondos. Por otra parte, el índice de acceso a la educación superior entre los niños que viven en estas instalaciones es bajo; muchos de ellos acaban convirtiéndose en sin techo. A pesar de que no cabe la menor duda de que la conducta del Gobierno es irracional, resulta extraño que décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial se haya seguido concediendo importancia a lugares como los centros”.

“Si los padres desean internarlos, se procede así”, comenta Doi.

Según Doi, el informe ha puesto de relieve, por primera vez, las tres razones subyacentes, que critica severamente:

“La primera es que en Japón se concede más importancia a los beneficios de los padres biológicos que al de los niños. Son muchos los progenitores a quienes les resulta desagradable que sus hijos se encariñen con otras personas que no sean ellos mismos, incluso cuando no pueden hacerse cargo de los menores. Si los padres desean internarlos, se procede así. Con el sistema jurídico de Japón en la actualidad, no es fácil superar una situación en la que podría decirse que los padres abusan de sus derechos.

En segundo lugar, nos encontramos con el rechazo de quienes gestionan las instalaciones. La gestión se realiza a través de subvenciones, de ahí que, si no se interna a los niños, no se pueda hacer negocio. Les importa más su propia subsistencia que la felicidad de los menores.

La negligencia por parte de la Administración y la clase política es la tercera causa. El sistema de acogida requiere de un esfuerzo de coordinación y seguimiento, mientras que internar a los menores no da trabajo. Además, se puede evadir la responsabilidad. Por otra parte, en los centros de asesoramiento a la infancia no se dispone de personal suficiente”.

Con los resultados de la investigación en la mano, la directora de Human Rights Watch en Japón lleva dos años ejerciendo presión sobre los políticos y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar y atendiendo con gusto a los medios de comunicación con el objetivo de despertar la atención de la opinión pública.

Enmiendas a la Ley de Bienestar Infantil en pos de los derechos de la infancia

Lo que se busca es la realización de enmiendas a la Ley de Bienestar Infantil. Los esfuerzos de personas como la directora de Human Rights Watch en Japón han dado sus frutos: Shiozaki Yasuhisa, ministro de Salud, se ha convertido en ferviente defensor de fomentar la crianza en hogares. A finales de marzo de 2016, el Gabinete de ministros decidió, a petición de Shiozaki, entre otros, enmendar una parte de la Ley de Bienestar Infantil y presentó su propuesta ante la Dieta. En ella se especifica que los derechos de los menores son prioritarios, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño. Según una cláusula, por norma general los menores se criarán en familias de acogida o adopción en caso de que los padres biológicos no pueden hacerse cargo de ellos. Además, el internamiento en centros de protección queda reservado solo para cuando lo anterior sea inadecuado, en cuyo caso se buscará garantizar que el ambiente del hogar sea el mejor posible.

Aunque esta cláusula permite cambiar el estado de las políticas de asistencia social de Japón desde la raíz, Doi considera que la clave reside ahora en cómo llevarlo a la práctica y en la manera de luchar contra quienes opongan resistencia. Además, cree que Japón, que se encuentra treinta años por detrás del resto del mundo y no concede prioridad a los derechos de la infancia, ha comenzado por fin el camino. En la actualidad, sus esfuerzos se centran en lograr el cierre de todos los orfanatos.

“La existencia en sí de orfanatos, que en muchos países no son más que una reliquia, sorprende en el resto del mundo. La resistencia del sector es fuerte, y en la sociedad existe la creencia errónea de que estas instituciones son buenas. Los niños no pueden expresar su opinión, de ahí que las cosas no cambien a menos que alguien dé una explicación detallada de lo que sucede. Los edificios que albergan los orfanatos y el personal que trabaja en ellos pueden resultar eficaces a la hora de prestar servicios realmente necesarios para la sociedad como la asistencia a las familias de acogida y la ayuda a la crianza”, comenta Doi.

La diplomacia japonesa no otorga prioridad a los derechos humanos y las libertades

Seis son las personas que trabajan asiduamente en la oficina de Human Rights Watch en Tokio, pero la cifra ronda la decena si se cuenta a voluntarios y estudiantes en prácticas. Sus puestos dentro de la organización son diversos, por lo que, según la directora, “es como tener a tu jefe en el extranjero”.

El personal de la oficina de Tokio colabora con las distintas sucursales de la ONG en todo el mundo.

La directora de la oficina de Tokio es la encargada de ejercer presión en lo relativo a violaciones de los derechos humanos en otros países. “Me encargo de instar al Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón a que presione a las naciones concernidas”, cuenta. En términos generales, el enfoque se corresponde con el del Gabinete del primer ministro Abe Shinzō, que aboga por el imperio de la ley y la diplomacia de los valores fundamentales. Sin embargo, Doi afirma que lamentablemente se trata de pura propaganda, dado que las políticas exteriores de Japón todavía otorgan poca prioridad a la protección de las libertades y los derechos humanos.

Por otra parte, en lo que respecta a problemas nacionales como la importancia de los centros de protección de menores y otras instalaciones en la asistencia a la infancia, no se puede esperar que otros países presionen a Japón, nación democrática por antonomasia, de ahí que, si se quiere llegar a una solución del problema, no haya más remedio que captar la atención de la opinión pública y producir el cambio desde dentro.

En Human Rights Watch se sirven de la inteligencia, de estratagemas y del poder de la información para encontrar una solución a problemas graves.

El Gran Terremoto del Este de Japón y el aumento de las donaciones

La labor diaria de la directora de la oficina de Human Rights Watch en Tokio consiste en dirigirse a los políticos y burócratas y en intentar atraer la atención de la opinión pública a través de los medios de comunicación y de actos como simposios; también se encarga de recaudar fondos.

La ONG no recibe financiación pública de ningún tipo, por lo que se nutre de contribuciones de particulares e instituciones privadas. Su principal fuente de ingresos es una cena benéfica que se realiza una vez al año y a la que asisten personas adineradas. Doi recuerda la estupefacción que sintió cuando vio la magnitud de la velada por primera vez en la sede central de Nueva York. El precio de las entradas iba desde cien mil yenes, la más barata, hasta los diez millones. La directora decidió probar a organizar un acto de tal elegancia en Japón a pesar de que la cultura de las donaciones no está todavía arraigada en el país; hizo una pequeña a modo de experimento y ha ido aumentando la envergadura gradualmente.

Tras el Gran Terremoto del Este de Japón, aumentaron las contribuciones. Además, se acondicionó el sistema tributario, y parece que la sociedad muestra una actitud más positiva hacia las donaciones. Las entradas para la cena benéfica de este año, que tuvo lugar en abril, se agotaron rápidamente.

“En Asia, a excepción de Japón, apenas hay países donde se puede recaudar fondos para luchar a favor de los derechos humanos. Por ejemplo, en China, al personal de Human Rights Watch le resulta imposible caminar por la calle abiertamente. Huelga decir que no disponen de oficina y se ven obligados a desarrollar su actividad a escondidas. En algunas naciones trabajan amenazados. En un país democrático como Japón, que forma parte de un continente donde estas naciones escasean, aunque uno grite a favor de la protección de los derechos humanos, no sufre ataques”, relata Doi.

La directora de la oficina de Tokio reconoce que lo interesante de su trabajo reside precisamente en que cada día se enfrenta a problemas difíciles, el primero de ellos la cuestión de los centros de protección de menores y otras instalaciones similares, un asunto que ni siquiera goza de reconocimiento aún.

“Me pregunto cómo puedo hacer que el Gobierno se mueva si nuestra única arma en esta lucha es la comunicación. Realizamos propuestas a las autoridades una vez hemos investigado y comprobado la realidad. Atraer la atención de la opinión pública y generar cambios no es una tarea fácil, ya que nos enfrentamos a quienes se oponen. Sin embargo, el proceso en sí de plantear propuestas a las autoridades para que actúen ante algo que creemos imposible sirviéndonos de la inteligencia, de estratagemas y del poder de la información es interesante y merece la pena”, afirma Doi.

Texto: Itakura Kimie
Imágenes: Ōtani Kiyohide.