El problema del maltrato infantil y las desapariciones de niños en Japón

Economía Sociedad

Japón se enfrenta al grave problema social que supone la baja natalidad. En este contexto, destaca especialmente el aumento del maltrato infantil, una grave amenaza al desarrollo de la infancia. En el año fiscal 2014, los centros de ayuda a menores de todo el país atendieron unos 89.000 casos de abusos a niños. Si se compara este dato con el del ejercicio de 1990, cuando se empezó a recabar información a este respecto, se constata un aumento de 80 veces. Aunque la televisión y la prensa informan continuamente de historias trágicas, siguen produciéndose problemas que escapan a la cobertura de los medios de comunicación y pasan desapercibidos entre el público general. Uno de ellos son las desapariciones de niños; la escuela, las familias y las comunidades pierden el rastro de estos pequeños.

Niños en paradero desconocido

Se habla de desaparición infantil en los casos en los que se desconoce el paradero de un menor en la comunidad en la que vive, entre los miembros de su familia y en la escuela a la que asiste y, por consiguiente, no se puede comprobar dónde se encuentra.

Los datos relativos a este fenómeno los recaba cada año, desde 1961, el Ministerio de Educación en su Estudio básico sobre las escuelas. Más de medio siglo después, el número de menores desaparecidos asciende a unos 24.000. Uno se pregunta dónde se encuentran y a qué se dedican; sin embargo, no se sabe absolutamente nada de un asunto tan importante como son el paradero y las condiciones de vida de estos niños cuyo rastro se ha perdido.

Un joven que se convirtió en un sin techo a los 11 años

En los ocho años que llevo investigando sobre las desapariciones de niños en Japón he conseguido comprender el gran arraigo de las dificultades a las que se enfrentan estos menores. Una de ellas es la falta de educación, ya que dejan de asistir a la escuela. Este problema, que de por sí es grave, no es, sin embargo, el único; el acceso a servicios públicos como la sanidad y los relacionados con el bienestar puede verse afectado también.

El seguro de salud nacional y ayudas como la asistencia social y los subsidios a la educación y a la infancia se conceden sobre la base del registro civil o padrón, a excepción de casos como los de las víctimas de la violencia doméstica. Lo mismo ocurre con la notificación del My Number, el nuevo número de identificación que acaba de implantarse recientemente en Japón. Sin embargo, los niños en paradero desconocido no se encuentran en la dirección que figura en el registro, de ahí que no se pueda entender la situación por mucha que sea la necesidad de concederles ayudas.

Veamos el caso concreto de un joven de 19 años que se convirtió en uno de estos menores en 2008, cuando tenía 11 años. En aquel entonces, convivía con su madre y con la pareja sentimental de esta, pero no tenían casa. Los días en los que el 'padrastro' obtenía ingresos por algún trabajo pagado al momento, los tres se alojaban en un motel; cuando no había dinero, pasaban la noche al raso en un parque o bajo el alero de alguna instalación pública. El joven se convirtió en un sin techo cuando apenas era un niño. La falta de comida lo llevó a robar, por ejemplo, botellas de leche que los repartidores dejan a la puerta de las viviendas que solicitan el reparto a domicilio y alimentos depositados en las cestas de bicicletas aparcadas a la puerta de los supermercados. Su aspecto era totalmente descuidado: greñas y ropa sucia que permitía ver las heridas del maltrato sufrido a manos de su madre y del compañero sentimental de esta.

Sin embargo, este joven no figuraba como un niño en paradero desconocido en el estudio del Ministerio de Educación que hemos mencionado. A pesar de que no iba al colegio y de la pobreza y el maltrato que lo habían llevado a convertirse en un sin techo, no se lo consideraba objeto del mismo.

El estatus de estos desaparecidos en los registros de residentes

La ausencia de este joven en los datos del Ministerio sobre niños desaparecidos tiene su explicación en que en el estudio se cuenta a los menores cuyo paradero se desconoce pero que siguen figurando en los registros de residentes del municipio correspondiente. La ley estipula que se elimine a una persona de los registros de residentes cuando las autoridades locales determinen que carece de un lugar de residencia.

El joven fue deambulando por el país. Es comprensible, pues, que las autoridades del municipio donde solía vivir determinaran que carecía de un lugar de residencia y, por lo tanto, lo eliminaran del registro de residentes. Al ocurrir esto, el menor pasó automáticamente a dejar de figurar entre las personas en paradero desconocido. A pesar de llevar una vida dura y ser susceptible de sufrir una infinidad de problemas, a efectos oficiales no se reconoce su existencia en absoluto.

Tras dos años y medio viviendo como un sin techo, el joven y su familia llegaron a una ciudad del oeste de la región de Kantō. La madre acababa de dar a luz a su segundo hijo sin haber pasado por el hospital más que para el parto. En la localidad les concedieron asistencia social y les asignaron una habitación de unos 5 m2 en un alojamiento de bajo coste.

En aquel entonces, el joven, que tenía 14 años, se entrevistó con un empleado de un centro de ayuda a menores y comenzó a asistir a una institución de enseñanza diferente de las escuelas tradicionales. Cuando parecía que la familia podría llevar una vida estable, la madre dijo que no quería vivir como un pájaro enjaulado. Al final, abandonaron el alojamiento en el que se encontraban y volvieron a ser unos sin techo.

Como es lógico, las autoridades de la ciudad y el personal del centro de ayuda a menores eran conscientes de que los dos niños vivían en un entorno inadecuado para su educación y desarrollo y sufrían de pobreza y maltrato. A pesar de ello, no fueron capaces de averiguar su paradero después de que dejaran su anterior dirección y los pequeños volvieron a encontrarse en la calle y sin techo. A simple vista, esto es un reflejo de la pereza de las instituciones, pero también puede considerarse una manifestación de los límites del sistema.

Intercambio de información entre centros de ayuda a menores por fax

Los centros de ayuda a menores de todo el país cuentan con un sistema para buscar a cualquier niño que se encuentre en paradero desconocido. Gracias a él, comparten información relativa a los pequeños cuyo rastro se ha perdido o que han sido víctimas de maltrato. Sin embargo, a día de hoy, el intercambio de datos se sigue realizando por fax, un método anticuado e inadecuado para compartir información sobre temas tan críticos como el abuso y la pobreza. No existe una base que agrupe los datos que envían y reciben los distintos centros de menores; tampoco se puede garantizar un control suficiente de los faxes recibidos.

Además, a los centros de ayuda a menores les resulta difícil realizar una búsqueda similar a la de la policía, tanto por personal como por cuestiones del sistema. En principio, sería necesario que estas instituciones contaran con el apoyo de las fuerzas del orden, pero al preguntar entre sus empleados, hay quienes hablan de dificultades a la hora de obtener la cooperación policial. Para solicitar que se realice una búsqueda de un niño en paradero desconocido, hay que reflexionar cuidadosamente sobre aspectos como la protección de datos personales y si existe o no algo que investigar. Incluso cuando se pide la pesquisa, hay casos en los que la policía se niega a realizarla.

En realidad, no son pocos los casos en los que ha sido necesario que pasara cierto tiempo para que los agentes actuaran. En 2014, se descubrió el cuerpo osificado de un niño en un apartamento de la ciudad de Atsugi, en la prefectura de Kanagawa. Se desconocía el paradero del pequeño, que no se había presentado ni una sola vez en la escuela primaria en la que estaba previsto que cursara sus estudios. Además, ni la escuela ni el consejo de educación, así como el centro de ayuda a menores, pudieron comprobar dónde se encontraba. Lo sucedido es, en cierto sentido, culpa del centro de ayuda a menores encargado del caso, que lo ignoró y tardó hasta ocho años en pedirle a la policía que iniciara una pesquisa.

Niños obligados a desaparecer y sin asistencia alguna

Por otra parte, la cooperación y el intercambio de información entre las distintas instituciones no avanza en un sistema administrativo que sigue siendo vertical. Un ejemplo de ello lo representa un caso de maltrato infantil ocurrido en 2012 en la prefectura de Aichi. Una pareja dejó morir a su hija de 4 años y tenía a su hijo de 7 encerrado en casa y sin escolarizar. La escuela primaria a la que el pequeño debía asistir determinó que se trataba de un niño desaparecido, pero en realidad resultó que vivía en la misma ciudad y que el padre recibía una ayuda a la infancia del ayuntamiento por los dos hijos.

En este caso, si el centro educativo o el consejo de educación hubiera sido consciente de los posibles peligros en torno a la ausencia del pequeño y hubiera intercambiado información con las autoridades locales, quizás el problema se habría descubierto pronto y, consecuentemente, se habría podido salvar la vida de los dos hermanos. Casos como este despiertan en mí un profundo sentimiento de vergüenza.

Por último, recordemos el truco de las cifras: según el Estudio básico sobre las escuelas, existen aproximadamente 24.000 menores en paradero desconocido, pero esta cifra no refleja el dato real, dado que al hacer los cálculos no se tiene en cuenta a los jóvenes sin techo como el del caso que hemos presentado. De hecho, es posible que haya muchos más menores que no aparezcan representados por esta cifra y cuya situación no sea comprendida.

Los niños eliminados de los registros de residentes no pueden acceder a servicios públicos como la educación, la sanidad y los cuidados sociales y corren el riesgo de caer en la pobreza y sufrir maltrato. Lamentablemente, se desconoce si estos menores llevan una vida cómoda en algún lugar o, por el contrario, han fallecido y han sido enterrados sin que nadie lo sepa. Con los métodos que se emplean para realizar los estudios y los sistemas administrativos actuales no se puede seguir su pista; la situación real continúa en la sombra.

Estos niños no han desaparecido por voluntad propia, sino que han sido forzados a desaparecer empujados por las circunstancias de los mayores que les rodean, arrastrados hacia los resquicios de la sociedad, sin recibir ningún tipo de asistencia. Ahora más que nunca, es necesario contar con medidas realistas que faciliten encontrar a aquellos menores que pidan ayuda. Ojalá la gente empiece a darse cuenta de este problema.

(Traducción al español del original en japonés redactado el 18 de enero de 2016)

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