¿Por qué personas inocentes son condenadas en Japón?

Sano Shin’ichi [Perfil]

[06.08.2012] Leer en otro idioma : ENGLISH | 日本語 | 简体字 | 繁體字 | FRANÇAIS |

A tiempo que se suceden en Japón los casos de personas inocentes que han recibido sentencias condenatorias, se ha decidido también revisar la causa contra un ciudadano nepalí convicto por el asesinato de una mujer, que ha cumplido ya 15 años de prisión. Expone el problema un ensayista que ha seguido este caso desde sus inicios.

El 7 de junio de 2012 se decidió oficialmente revisar la causa (reiniciar el juicio) del convicto Govinda Prasad Mainali por el caso del asesinato de una empleada de 39 años de la compañía eléctrica TEPCO. Mainali, que cumplía sentencia de cadena perpetua (en Japón, “prisión por periodo indefinido”) en la cárcel de Yokohama, vio suspendida su sentencia, fue trasladado el día 15 de junio a la delegación del Departamento de Inmigración en dicha ciudad y devuelto a su país de origen, Nepal, que había dejado 18 años atrás. Si una revisión de sentencia es ya de por sí un hecho excepcional, que la ejecución de la sentencia sea suspendida y el convicto liberado en un mismo día, quedando en condiciones de retornar a su país, lo es todavía más.

La clave: avances en las pruebas de ADN

Nos congratulamos de que se hayan abierto las puertas a la revisión de un caso, el de Mainali, que puede revelarnos la capacidad de regeneración de la justicia japonesa, y de que una persona que, por un delito que no cometió, ha estado encerrada en una cárcel extranjera durante 15 años pueda volver a su país en compañía de su familia. Tras esta inesperada decisión se advierte el hecho de que, gracias a los avances en las pruebas de ADN, se ha conseguido una viva conciencia de crisis ante la sucesión de sentencias condenatorias a personas inocentes, errores judiciales, manipulaciones de pruebas y otras increíbles irregularidades de la justicia. Todo esto ha tenido un impacto directo sobre las autoridades del Ministerio de Justicia y ha actuado como revulsivo, teniendo un fuerte efecto. La revisión merece una alta valoración, pues es una decisión valiente que significa un primer paso para renovar el aire del mundo judicial, cuya credibilidad estaba por los suelos.

La principal causa directa de que se haya iniciado la revisión ha sido el descubrimiento en julio de 2011, gracias a las últimas y más avanzadas pruebas de ADN, de que el vello púbico que se halló en el lugar de los hechos y el semen encontrado en el cuerpo de la víctima pertenecen a otra persona que no es Mainali. El descubrimiento llegó en un año en que Japón había sufrido desgracias sin precedentes: un tsunami de proporciones gigantescas y un accidente nuclear. Es una significativa coincidencia histórica que estos hechos y el movimiento que ha supuesto en el mundo de la justicia la revisión del caso de Mainali hayan ocurrido en un mismo año. Si hubiera que resumir qué significa el accidente de la central nuclear Fukushima Daiichi, diríamos que es la destrucción del mito de la seguridad nuclear al que nos habíamos aferrado. ¿Y qué ha ocurrido en la justicia japonesa? Pese a que, en realidad, la credibilidad de la misma estaba en duda desde hacía mucho tiempo, lo cual queda patente a la vista de las numerosas irregularidades descubiertas, todavía seguimos aferrándonos a su mito.

No bien la decisión de iniciar la revisión de la causa de Mainali llegó a oídos de la Fiscalía, sus responsables comentaron que les parecía de todo punto inaceptable y formularon una reclamación. A estas alturas, estos vanos intentos de la Fiscalia por resistirse resultan irrisorios. Si desea no seguir haciendo el ridículo, lo que debería hacer la Fiscalía es retirar inmediatamente tal objeción, cuya única finalidad es la de protegerse a sí misma como institución. Su actitud, realmente infantil, implica devolver a la justicia, que gracias a la decisión de revisar el caso se dirigía hacia la recuperación de la confianza perdida, a la más opaca oscuridad.

Desleal negativa de la Fiscalía a presentar pruebas desfavorables

¿Por qué se suceden en Japón estos casos de sentencias condenatorias que finalmente resultan estar equivocadas? Como primera causa puede citarse la falta de transparencia a la hora de revelar las pruebas. Lo explicaré poniendo como ejemplo el caso del asesinato de la empleada de TEPCO, que he venido estudiando.

Las disputas entre acusación pública y defensa sobre la presentación de pruebas podrían compararse a la forma en que se vuelven las fichas blancas y negras sobre el tablero del juego llamado reversi (otelo o yang). Los legos en materias judiciales pensarán que acusación pública y defensa se enzarzan en esta partida de reversi en pie de igualdad. Pero tal igualdad no existe en absoluto. Si ocurre que la defensa solicita a la acusación pública que presente determinadas pruebas desfavorables a esta, la acusación pública puede negarse. La gente se preguntará cómo es posible que ocurra algo tan descabellado, pero de hecho ha ocurrido también en el caso del asesinato de la empleada de TEPCO.

Cuando ocurrió este caso criminal, hace ahora 15 años, el ADN de la saliva que se encontró en el pecho y cuello de la mujer asesinada, en realidad, no se correspondía con el de Mainali. Esto solo se supo cuando, en julio de 2011, la defensa solicitó una vez más acceso a las pruebas obtenidas por la Fiscalía, a la que esta accedió de mala gana. En los juicios con jurado popular, que comenzaron en Japón en mayo de 2009, se realiza el llamado procedimiento previo al juicio, en el que la acusación pública debe presentar todas las pruebas que le sean requeridas por la defensa, pero antes de la puesta en marcha de este sistema, el juego entre acusación y defensa no era un juego limpio en absoluto.

Utilizando otra vez el símil del reversi, podría decirse que la acusación pública se reservaba siempre para sí misma las casillas clave, situadas en las cuatro esquinas del tablero. Con estas reglas de juego, lo raro sería que no ocurrieran casos de sentencias condenatorias equivocadas.

Mikomi sōsa, caldo de cultivo de las sentencias condenatorias injustas

Es preciso llamar la atención también sobre las terribles consecuencias de la práctica policial conocida en Japón como mikomi sōsa (investigación dirigida a inculpar a un sospechoso de características previamente determinadas), que lleva a los agentes a no rectificar nunca una vez han fijado la dirección de sus pesquisas.

Uno de los responsables del Departamento de la Policía Metropolitana, institución que dirigió las investigaciones en el caso del asesinato de la empleada de TEPCO, afirmó tajantemente al divulgarse la revisión de la causa que en la investigación no se había cometido error alguno. Me quedé boquiabierto cuando le oí decir a este mismo responsable que una risa maliciosa de Mainali lo había convencido de que era el asesino. Es intolerable que una persona pueda ser acusada por culpa de una investigación basada en ideas preconcebidas tan caprichosas como esa. ¿Cómo van a compensar la policía y la fiscalía de Japón a Mainali por todos esos preciosos años de vida que ha perdido en prisión? Cada vez que uno lo piensa siente una gran indignación.

Hay que destacar también que bajo el error judicial que llevó a dictaminar la culpabilidad de Mainali subyace el racismo de los japoneses hacia los pueblos minoritarios. Si el sospechoso en el caso del asesinato de la empleada de TEPCO hubiera sido un occidental, un coreano, o un chino, los tribunales japoneses no habrían dictado sentencia de cadena perpetua contra él por temor a que Japón fuera víctima de presiones políticas por parte de esos países. Mainali era un trabajador inmigrante, procedente de Nepal, uno de los países más pobres de Asia, y en virtud de la citada práctica policial fue hallado culpable al final de un juicio extremadamente negligente. Hay que decir aquí que, cuando ocurrió este caso, Japón era el país que más Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) otorgaba a Nepal.

Un simple paseo por el lugar de los hechos nos revela que Mainali no era el asesino. El apartamento en el que fue descubierto el cadáver de la mujer y la vivienda de Mainali están en edificios contiguos. La mujer fue asesinada bien entrada la noche del 8 de marzo de 1997. Su cuerpo sin vida se descubrió once días después, el 19 de ese mes. De haber sido el asesino, Mainali habría dispuesto de sobrado tiempo para huir. Pero Mainali no solo no huyó, sino que se entregó a la policía, a sabiendas de que sería detenido de todas formas por haber excedido el plazo de estancia en Japón que le otorgaba su visado. Si hay alguien capaz de vivir durante once días pared con pared con la habitación donde yace el cadáver de la mujer que acaba de asesinar, solo puede tratarse de algún monstruoso asesino de nacimiento, de la calaña del profesor Lecter, protagonista de la película Hannibal.

Necesidad de visibilizar las investigaciones y presentar todas las pruebas

La falta de avances en la visibilización de las investigaciones también contribuye a formar el caldo de cultivo para estos errores judiciales que culminan con la condena de un inocente.

Inmediatamente después de ocurrir el asesinato, viajé a Nepal para hablar con varias personas que compartieron apartamento con Mainali y obtuve de ellas testimonios concluyentes que acreditaban que Mainali no era culpable. Uno de los que compartían apartamento con él probó que Mainari tenía coartada y otro confesó que tras haber sido golpeado por la policía, esta le ofreció facilidades para encontrar trabajo y lo forzó a testificar de forma que Mainali pudiera ser culpabilizado. Pude confirmar la veracidad de estos testimonios sobre el terreno, a mi regreso a Japón. El nepalí que declaró haber sido golpeado durante los interrogatorios policiales me entregó la tarjeta de consulta que había recibido tras haber sido atendido en un hospital. En el hospital me confirmaron que el nepalí herido había sido efectivamente atendido allí.

De esta forma, utilizando la violencia unas veces, la persuasión otras, la policía consiguió presentar a Mainali como el culpable. Quedé impactado cuando descubrí que la casa de préstamos en la que supuestamente había sido presentado el nepalí como pago por su silencio realmente existía. Aun conociendo perfectamente que este nepalí había violado las leyes migratorias japonesas y era un residente ilegal, la policía lo presentó en una casa de préstamos regentada por un ex policía. Cuando, un día después de haberme puesto en contacto con esa casa de préstamos, haciéndome pasar por un cliente, comprobé que el negocio había desaparecido como por arte de magia, quizás porque sospecharon que estaban siendo objeto de una investigación periodística, lo que sentí fue algo más que una simple sorpresa. Realmente temí por mi vida.

Así pues, para erradicar de Japón estas sentencias condenatorias a inocentes hay que empezar por visibilizar totalmente la investigacaión policial y conseguir una apertura total en la presentación de las pruebas obtenidas.

El caso tal como fue difundido por los medios

En la medianoche del 8 de marzo de 1997, una empleada de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) de 39 años fue estrangulada en una habitación desocupada situada en el primer piso de un edificio de apartamentos de Maruyama-chō, en el distrito de Shibuya (Tokio). El cadáver fue descubierto el 19 del mismo mes. De su bolso habían desaparecido 40.000 yenes. El nepalí Govinda Prasad Mainali, que entonces tenía 37 años y residía en un edificio de apartamentos próximo al lugar de los hechos, había huido temiendo ser detenido por estancia ilegal en el país, pero al saber que era también sospechoso de un asesinato se entregó a la policía. Tras ser arrestado por violacion de las leyes migratorias (estancia ilegal) fue objeto de un nuevo arresto, esta vez por atraco y asesinato.

En primera instancia recibió una sentencia absolutoria, pero la sentencia fue recurrida por la Fiscalía. En el juicio de apelación se determinó que era difícil concebir que otra persona distinta de Mainali hubiera entrado en la habitación, y que además la defensa presentada por este no tenía credibilidad, a consecuencia de lo cual se dictó contra él una sentencia de cadena perpetua. El Tribunal Supremo rechazó la apelación de la defensa y la segunda sentencia quedó firme.

El 24 de marzo de 2005, Mainali solicitó al Tribunal Superior de Tokio la revisión de su causa. El 7 de junio de 2012, este órgano decidió iniciar la revisión de la causa y suspender la ejecución de la sentencia. Ese mismo día, Mainali, que cumplía condena en la cárcel de Yokohama, fue puesto en libertad y trasladado a las dependencias del Departamento de Inmigración, donde, tras serle tramitada su expulsión forzosa del país por violación de las leyes migratorias, regresó a su país, Nepal, el 16 de junio.

(Escrito el 11 de julio de 2012 y traducido al español del original en japonés)

Fotografía: Jiji Press
Govinda Prasad Mainali saluda desde el balcón de su casa, a su regreso a Nepal.

  • [06.08.2012]

Nacido en Tokio en 1947. Licenciado por la Facultad de Literatura de la Universidad de Waseda. Tras colocarse en una editorial y trabajar luego como periodista en la prensa sectorial, comenzó su carrera como free lance. En 1981 suscitó un gran interés su serie de artículos Dokyumento Nippon no sei (Documento: El sexo en Japón), que apareció en la revista semanal Shūkan Bunshun. Desde entonces ha sido autor de numerosas obras documentales que han tenido gran repercusión y desatado polémica. Tōden OL satsujin jiken (El caso del asesinato de la empleada de TEPCO), en la que defiende la inocencia del acusado, es una de sus obras que más ha dado que hablar.

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