Refuerzo del poder marítimo japonés ante la pesca ilegal

Kōda Yōji [Perfil]

[28.01.2015] Leer en otro idioma : ENGLISH | 日本語 | 简体字 | 繁體字 | FRANÇAIS |

La súbita irrupción de unos 200 pesqueros de coral chinos en las aguas que circundan las islas Ogasawara en otoño de 2014 pilló por sorpresa a los japoneses. ¿Qué implicaciones tiene este incidente sobre la política de seguridad marítima de Japón?

Barcos chinos de pesca furtiva en aguas japonesas remotas

Si las relaciones entre Japón y China no estaban ya lo suficientemente tensas por las cuestiones de las islas Senkaku y las disputas sobre la interpretación de la historia, entre octubre y noviembre de 2014 tuvo lugar un nuevo incidente en un lugar totalmente inesperado que contribuyó a empeorar el clima entre ambos países. Se trataba de una invasión de pesqueros chinos que irrumpieron en la zona económica exclusiva (ZEE) japonesa de las islas Ogasawara para pescar coral ilegalmente.

Anteriormente ya se habían dado casos esporádicos de pesca furtiva de coral en aguas japonesas por parte de barcos chinos y taiwaneses, pero en 2014 aumentaron exponencialmente. Según la documentación de la Guardia Costera de Japón, el número pasó de 17 a mediados de septiembre a 40 a principios de octubre, para dispararse hasta alrededor de los 200 en la segunda mitad del mismo mes. Posteriormente, quitando unos cuantos días en que se acercó un tifón, unos 200 barcos de pesca ilegal pulularon por las islas Ogasawara hasta el 27 de noviembre, cuando según los medios de comunicación se retiraron. Fue un mes y medio de tensión para los ciudadanos de las islas Ogasawara y para todos los japoneses. Aunque el Gobierno hizo lo posible para lidiar con el problema enviando patrulleros de la Agencia de Pesca y otros organismos para ayudar a la Guardia Costera, el elevado número de pesqueros chinos y la dificultad de detener a los pescadores en el acto impidieron ahuyentar a la flota furtiva con la agilidad necesaria.

El trasfondo del incidente y la respuesta del Gobierno chino

El coral, y en especial el coral rojo, es un producto muy apreciado en China. Los medios de comunicación japoneses se han hecho eco de la creciente popularidad y el encarecimiento del coral rojo japonés en China en los últimos tiempos. En enero de 2014 un tribunal de Nagasaki sentenció a una pena de cárcel condicional al capitán de un pesquero chino arrestado en diciembre de 2013 por pesca furtiva de coral en las islas Gotō (prefectura de Nagasaki), apuntando que “tentado por el alto precio del coral, cuya pesca está prohibida en China, pretendía conseguirlo para su explotación económica”. El incidente que nos ocupa tiene como trasfondo la popularidad y la subida del precio del coral, protegido legalmente en China, que motivan la incursión para la pesca ilegal de barcos chinos en territorios japoneses con coral rojo de alta calidad, como las islas Miyako (prefectura de Okinawa), las islas Gotō (prefectura de Nagasaki) y las islas Ogasawara.

El coral rojo está designado como especie protegida de gran valor nacional en China, al igual que el panda y el ibis crestado. Al reconocer la importancia de especies en peligro de extinción como el coral rojo, el Gobierno chino debe limitar y castigar estrictamente su pesca por parte de pescadores chinos en mar abierto y en las ZEE de otros países, igual que lo hace dentro de su territorio nacional. Sin embargo, la reacción del Gobierno chino ante los recientes incidentes de Japón fue más que ambigua y, aunque prometió intervenir, en realidad no ha tomado ninguna acción efectiva para solucionar el problema.

Un tercio de los pesqueros chinos implicados en el incidente eran de la provincia de Fujian y el resto, de Zhejiang: dos provincias donde el presidente Xi Jinping forjó su carrera política (17 años en Fujian y 5 en Zhejiang). Dada su estrecha relación con ambas provincias, está claro que, si se hubiese preocupado por las relaciones con Japón y hubiese deseado evitar que empeorasen, el presidente chino podría haber evitado la intrusión de los pesqueros. Por su parte, la Guardia Costera China tampoco mostró un especial empeño en intervenir.

Puestos a sospechar, parece que los pescadores furtivos contaban con el consentimiento tácito de las autoridades de su país —el Partido Comunista, el Gobierno y la Guardia Costera— para actuar libremente hasta que Japón pusiese el grito en el cielo o lograse pararles los pies por su propia cuenta. O, por lo menos, China no dio ninguna muestra de interés por frenar la escalada de tensión que podía derivarse del asunto.

Las limitaciones de Japón para tomar el control

El Gobierno japonés hizo lo posible por vigilar y controlar los pesqueros ilegales chinos enviando patrulleros de la Guardia Costera. No obstante, los escasos patrulleros japoneses no alcanzaban a controlar los 200 barcos chinos, y los pescadores furtivos interrumpían su actividad cuando veían acercarse a los patrulleros para evitar ser detenidos. Teniendo en cuenta además la dificultad de determinar las zonas de la pesca ilegal, la Guardia Costera japonesa solo alcanzó a presentar cargos contra algunos pescadores por evitar la inspección a bordo o ignorar órdenes de detención acogiéndose a la Ley de Pesca.

El incidente despertó comprensibles sentimientos de inquietud y estrés entre la ciudadanía japonesa. Y, sin embargo, las fuerzas del orden japonesas hicieron todo lo que les permitía la legislación actual. Al mismo tiempo, la determinación de Japón por mantener la cabeza fría y evitar agravar el estado de las ya deterioradas relaciones bilaterales marcó un visible contraste con la pasividad de China.

Derechos y obligaciones de los países costeros de las ZEE

La zona económica exclusiva (ZEE) es una zona marítima definida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Según esta convención un país costero puede establecer una ZEE de hasta 200 millas náuticas (unos 360 km) desde la línea de costa, dentro de la cual tiene derecho a explotar los recursos del mar y del lecho marino. Cada país costero tiene la soberanía sobre su ZEE y ningún otro país puede explotarla ni pescar en ella sin su consentimiento. Por otro lado, la CONVEMAR no prohíbe a los barcos extranjeros entrar en la ZEE, sino que por el contrario les garantiza el “derecho a paso inocente”, es decir a navegar por ella sin ser perjudicados.

Sin embargo, cada país costero posee la soberanía económica de su ZEE, por lo que el resto de los países deben tener su permiso para realizar actividades económicas como la pesca y los estudios de pesca, la exploración de recursos, la investigación científica, etc. Es decir que, para las actividades pertenecientes a la soberanía económica de un país costero, las embarcaciones extranjeras deben someterse a la legislación de dicho país y pueden ser penalizadas si la infringen.

En la línea de la CONVEMAR, Japón estableció su ZEE mediante la Ley sobre la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental (Ley ZEE), según la cual Japón tiene jurisdicción legal de su ZEE para las actividades que listamos a continuación.

  1. Exploración y explotación de recursos naturales; establecimiento de islas artificiales, instalaciones y estructuras; protección y conservación del entorno marino; investigación científica marina
  2. Actividades relacionadas con la exploración o explotación con fines económicos (que no sean las del punto 1)
  3. Excavación de la plataforma continental
  4. Ejecución por parte de funcionarios de las obligaciones correspondientes a los puntos listados arriba y las actividades que impidan dichas obligaciones

Con los puntos de arriba, el Gobierno japonés deja clara su soberanía económica en la ZEE, así como su derecho a evitar y sancionar las violaciones de esa soberanía por parte de embarcaciones extranjeras mediante la aplicación de la legislación correspondiente.

El establecimiento de una ZEE es un derecho de todos los países costeros, y todo país costero que establezca una ZEE tiene la obligación de aplicar la legislación nacional correspondiente dentro de dicha zona. El propio acto de establecer una ZEE obliga al país que la establece a mantener el orden del mar y conciliar los derechos de los países costeros para participar en la actividad económica marina que se ha ampliado rápidamente en los últimos años con los principios básicos de libertad de uso y de libertad de navegación, que son el núcleo de la legislación marítima tradicional. Es decir que un país no puede establecer una ZEE y después no hacer nada para protegerla, y que está obligado a respetar la CONVEMAR sin desviarse por exceso ni por defecto de su aplicación. Si los países costeros con ZEE no aplican las leyes adecuadas de forma justa, ponen en peligro el orden marítimo que la CONVEMAR pretende mantener.

Puntos problemáticos de la pesca furtiva china en las islas Ogasawara

China mantiene una doble moral relativa a la soberanía del mar: mientras que por un lado viola el espíritu de la legislación marina internacional tradicional y de la CONVEMAR reclamando derechos de ZEE excesivos sobre el Mar de la China Meridional, por el otro se muestra extremadamente pasiva y negativa a la hora de solucionar el problema de los pesqueros chinos ilegales que actúan en la ZEE de Japón.

Por su parte, el Gobierno japonés ha adoptado una línea de actuación loable, andando con pies de plomo para no empeorar las relaciones con China y reforzando la vigilancia con patrulleros, respetando el espíritu de la CONVEMAR. La Guardia Costera japonesa, obligada a invertir gran parte de sus recursos en el control de las islas Senkaku, tuvo grandes dificultades físicas y mentales para encargarse del incidente en las Ogasawara, pero al final logró salir airosa. Sin embargo, este incidente puso de manifiesto las dificultades de Japón para controlar la pesca ilegal siguiendo la Ley de Pesca y otras leyes nacionales, que requieren atrapar a los pescadores furtivos en el acto para poderlos procesar y expulsar de la ZEE.

Por otro lado, según algunos medios de comunicación, la Guardia Costera decidió dedicarse a expulsar a los pescadores ilegales de la ZEE en lugar de a procesarlos para evitarse los gastos y trámites que hubiese implicado arrestarlos, acusarlos y juzgarlos. Si realmente se siguió tal política, se trata de una conducta absolutamente condenable: los países costeros que se acogen a la CONVEMAR están obligados a aplicar la ley con todo rigor, independientemente de los motivos y las circunstancias.

La necesidad de una legislación exhaustiva

Para poder hacer frente al problema organizadamente, Japón necesita urgentemente sumar a las leyes existentes una legislación que regule de forma integrada las actividades económicas de las embarcaciones extranjeras dentro de su ZEE, ya sea enmendando la Ley ZEE o aprobando una nueva ley. Parece muy probable que el lecho marino de la ZEE japonesa contenga reservas de recursos como nódulos de manganeso e hidrato de metano, y Japón necesita una legislación que permita gestionar debidamente estos recursos de su ZEE de cara al futuro. Si Japón no se pone manos a la obra y sigue afrontando cada nuevo problema sobre la marcha, es obvio que la situación acabará girándose en contra de su interés nacional. A la vez que refuerza la Guardia Costera, Japón debe formular políticas exhaustivas para afrontar también los conflictos del Mar de la China Meridional, como es el de las islas Senkaku.

Además, aunque en esta ocasión Japón trató la incursión de los barcos chinos como un incidente de pesca furtiva, hay que tener en mente la posibilidad de que algunas de las embarcaciones viniesen para recabar información, y prepararse para protegerse del espionaje electrónico y radiofónico. Aparte de reprimir a los pescadores furtivos, Japón debe utilizar las Fuerzas de Autodefensa para proteger los datos electrónicos y otra información de interés. Debemos comprender que el control de la información es básico para hacer frente a situaciones como la reciente invasión de pesqueros chinos, y que es crucial para garantizar la seguridad nacional y aplicar debidamente la ley.

Un nuevo enfoque para desplegar todo el potencial de Japón en el mar

Igual que en la última ocasión, por norma general la Guardia Costera seguirá encargándose de este tipo de incidentes marítimos de ahora en adelante. Pero ha llegado el momento de considerar un nuevo modelo organizativo que permita sumar las fuerzas de los cuerpos de seguridad marítimas de Japón. Ahora bien: no se trata de que, como abogan algunos, Japón movilice las Fuerzas Marítimas de Autodefensa para ejecutar acciones defensivas en el mar (la Ley de las Fuerzas de Autodefensa permite al primer ministro autorizar el empleo de dicho cuerpo cuando surge una necesidad especial de proteger la vida o propiedad japonesas o para mantener la seguridad pública).

Un ejemplo concreto de un modelo integrador de las fuerzas marítimas es el que ha adoptado Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico en las costas de Centroamérica. La 4.ª Flota del Comando Sur de la Marina estadounidense es la encargada de esta misión en calidad de ejército del mar. Aunque con el fin de hacer cumplir la ley, algo distinto al uso de la fuerza militar, la 4.ª Flota usa destructores y otras aeronaves para complementar los insuficientes recursos de la Guardia Costera. Ambos cuerpos componen la Fuerza Mixta Interinstitucional (JIATF, por sus siglas en inglés). Como en algunos países de Centroamérica predomina el sentimiento antiestadounidense, al principio Estados Unidos temía que las operaciones antidroga conjuntas de la JIATF provocarían inquietud en la región. Aun así, actualmente la JIATF goza de una excelente reputación en la intercepción de narcotraficantes.

En el caso de Japón, la Guardia Costera y las Fuerzas Marítimas de Autodefensa colaborarían de forma habitual para la vigilancia y el control de las embarcaciones que navegan en la extensa ZEE japonesa. No así en el caso de las islas Senkaku, donde la excesiva tensión de las relaciones sino-japonesas hace inviable aplicar el mismo método de actuación. La participación de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa compensaría la falta de recursos de la Guardia Costera, que flaquea debido a la necesidad de concentrar sus embarcaciones y aeronaves en las islas Senkaku, y constituiría una contribución importante a la conservación del orden marítimo internacional.

Al igual que las Fuerzas de Autodefensa japonesas, el ejército de Estados Unidos está sometido a estrictas limitaciones a la hora de involucrarse en misiones no militares. No obstante, la JIATF es una excepción a estas limitaciones, y hoy día las actividades de la 4.ª Flota en las aguas de Centroamérica se consideran imprescindibles para la lucha antidroga de EE. UU. en la región. Es hora de que también Japón considere un nuevo modelo que integre toda su fuerza marítima para ofrecer una respuesta más flexible. Ni que decir tiene que eso requeriría una reforma institucional que modificase la legislación.

El Gobierno japonés debe mover ficha cuanto antes mejor

La incursión en masa de los pesqueros furtivos chinos en las aguas de las islas Ogasawara del pasado otoño recuerda a un incidente ocurrido durante las negociaciones del Tratado de Paz y Amistad entre Japón y la República Popular China, en abril de 1978, en que más de 100 pesqueros chinos entraron en las aguas territoriales japonesas que circundan las islas Senkaku. La situación reciente incluye el concepto marítimo de la ZEE, que en 1978 no existía, y pone de relieve los puntos débiles de la gestión de las fuerzas marítimas y de la legislación japonesa para preservar sus derechos en las zonas nuevas llamadas ZEE, además de proteger su soberanía en las zonas marítimas tradicionales.

Aunque la crisis de los pesqueros chinos se calmó a finales de noviembre con la retirada de las embarcaciones, representa una muestra flagrante de las deficiencias sistémicas de Japón como estado independiente y apunta a la necesidad perentoria de una respuesta rápida por parte del Gobierno. Si nos quedamos de brazos cruzados, la siguiente crisis podría ir mucho más allá de la pesca ilegal.

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del titular: Un pesquero de coral chino es investigado por la Guardia Costera japonesa en los alrededores de las islas Ogasawara el 23 de noviembre de 2014. Fotografía cedida por la Guardia Costera de Japón / Jiji Press)

  • [28.01.2015]

Vicealmirante retirado de las Fuerzas de Autodefensa Marítimas de Japón. Nace en la prefectura de Tokushima en 1949. Se gradúa en la Academia Nacional de Defensa y pasa a las filas de las Fuerzas de Autodefensa Marítimas en 1972. Completa su entrenamiento en la Escuela de Guerra Naval de los EE.UU. en 1992. Ha servido como director general de la Oficina del Estado Mayor, comandante del distrito de Sasebo, y comandante de la flota de Autodefensa. Se retiró del ejército en 2008. Entre 2009 y 2011 fue miembro senior del Centro de Asia de la Universidad de Harvard.

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