‘Cuidados terminales’ para las centrales nucleares de Japón

Yoshioka Hitoshi [Perfil]

[29.10.2015] Leer en otro idioma : ENGLISH | 日本語 | 简体字 | 繁體字 | FRANÇAIS |

Cuatro años y medio después del accidente de Fukushima, en Japón no se vislumbra una restauración plena de la energía nuclear a pesar de que el reactor número 1 de la central de Sendai haya sido el primero del país en reanudar sus operaciones bajo la nueva normativa. Además, estas reglas no garantizan la seguridad de las instalaciones atómicas. De cara al futuro hace falta contar con una política general que contemple la abolición total de las centrales nucleares.

El arduo camino hacia la reactivación de los reactores nucleares

El 11 de agosto de 2015 la Compañía de Electricidad de Kyūshū volvió a poner en funcionamiento el reactor número 1 de la central de Sendai; las operaciones comerciales de estas instalaciones dieron inicio casi un mes más tarde, el 10 de septiembre. Era la primera vez que esto ocurría desde el establecimiento de la Autoridad de Regulación Nuclear; habían tenido que pasar cuatro años y medio del accidente de la central nuclear de Fukushima.

Las personas relacionadas con el sector de la energía nuclear en Japón esperan que el proceso seguido para este reactor siente las bases para la reanudación de las actividades de todos los reactores que se encuentran repartidos por el archipiélago nipón. Sin embargo, parece que para lo que queda de 2015 solo se habrá reactivado otro reactor, el número 2 de la central de Sendai; la Compañía de Electricidad de Kyūshū lo puso en marcha de nuevo en octubre. En este contexto, el 12 de febrero la Autoridad de Regulación Nuclear dio luz verde para que la Compañía de Electricidad de Kansai reanudara las operaciones de los reactores números 3 y 4 de su central de Takahama, pero el 14 de abril el Tribunal de Distrito de Fukui, prefectura que alberga las instalaciones, decidió prohibir de forma provisional la reactivación de las mismas, por lo que no es de esperar que estos reactores vuelvan a funcionar en lo que queda de año. Por otro lado, la Compañía de Electricidad de Shikoku recibió el 15 de julio los permisos necesarios para la reactivación del reactor número 3 de la central de Ikata. Sin embargo, la aprobación de los planes de construcción y otros procedimientos no podrán realizarse en medio año, de ahí que sea bastante difícil que la planta reanude sus actividades antes de que finalice 2015.

Lo que ocurrirá a partir de 2016 sigue siendo incierto. Gobiernos locales como el de la prefectura de Fukushima piden la abolición de los reactores nucleares o se oponen a su reactivación, como es el caso de las autoridades de las prefecturas de Niigata y Shizuoka y de la localidad de Tōkai. En total, estaríamos hablando de 15 reactores nucleares. Además, hay instalaciones que podrían ser abolidas en función de la valoración que reciban o de los estudios sobre fallas activas. Aquí se puede mencionar el reactor número 2 de la central nuclear de Tsuruga, gestionada por la Compañía de Energía Atómica de Japón; los reactores números 1 y 2 de central de Shiga, de la Compañía de Electricidad de Hokuriku; y el reactor número 1 de la central de Higashidōri, a cargo de la Compañía de Electricidad de Tōhoku. Anteriormente hemos mencionado que un tribunal había pedido prohibir la reactivación de los reactores números 3 y 4 de la central de Takahama, pero este no es el único caso, ya que podemos encontrar otro ejemplo en la sentencia de mayo de 2014 sobre los reactores números 3 y 4 de la central nuclear de Ōi, operados por la Compañía de Electricidad de Kansai. Es posible que se den más casos de tribunales que fallan a favor de la abolición de este tipo de instalaciones.

El número de reactores activos se limita en torno a la veintena para el año 2020

En este contexto, tampoco son pocos los reactores nucleares que las propias empresas eléctricas quieren abolir ateniéndose a motivos administrativos. Esto se debe a que la vida de estas instalaciones es de cuarenta años y, en caso de que se quiera obtener el permiso necesario para prolongarla, se debe realizar una inversión enorme en reparaciones.

En abril de 2015 se decidió abolir de forma oficial cinco reactores, a saber: los números 1 y 2 de la central de Mihama, gestionada por la Compañía de Electricidad de Kansai; el número 1 de la central de Tsuruga, en manos de la Compañía de Energía Atómica de Japón; el número 1 de la central de Shimane, a cargo de la Compañía de Electricidad de Chūgoku; y el número 1 de la central de Genkai, de la Compañía de Electricidad de Kyūshū. Además, no puede decirse que las plantas nucleares tengan asegurada una estabilidad en el futuro por mucho que se logre la reanudación de sus actividades. A raíz del accidente de Fukushima el pueblo japonés ha cambiado su perspectiva en torno a los riesgos que entraña la energía nuclear. Por ello, es muy posible que se desactiven muchos reactores durante un largo período de tiempo, e incluso se piense en abolirlos, si trascienden problemas relacionados con la seguridad derivados de accidentes, incidentes o desastres. Tampoco es de esperar que se construyan nuevas instalaciones nucleares.

De estas circunstancias se desprende que será totalmente imposible volver a la situación previa al accidente nuclear de Fukushima. Siendo realistas, de los 43 reactores que todavía no se han abolido –cinco de ellos cumplen la nueva normativa de seguridad– solo una veintena, como mucho, se podrá reactivar para 2020. Además, las instalaciones que continúen funcionando se verán obligadas a hacerlo en medio de la incertidumbre que puedan causar los accidentes, incidentes y desastres que se produzcan tanto en Japón como en el resto del mundo.

La energía nuclear se convierte en una carga para la gestión de los recursos eléctricos. En estos momentos, el Gobierno japonés muestra una postura atenta al asumir los costes y riesgos en forma de ayudas para la localización, para la investigación, para cubrir las indemnizaciones por daños y para la gestión de accidentes; también cargan los costes del reciclaje del combustible nuclear en la tarifa eléctrica, entre otras medidas. Si la Administración cambia de estrategia por el motivo que sea, las empresas eléctricas vivirán una pesadilla.

La nueva normativa no garantiza la seguridad

El informe publicado por la Comisión de Investigación sobre el Accidente Nuclear de Fukushima, del Gobierno y la Dieta, y otros documentos resultantes de diversas pesquisas han revelado la existencia de lagunas en la normativa de seguridad en materia de energía nuclear antes de lo ocurrido en Fukushima. Por otro lado, Japón es, por su densidad de población y su abrupta topografía, un país afectado por numerosas catástrofes naturales. Para restablecer el sector de la energía nuclear era necesario fortalecer drásticamente las medidas de seguridad. A tal efecto, se fundó en septiembre de 2012 la Autoridad de Regulación Nuclear, y en julio de 2013 se aprobó una nueva normativa de seguridad para los reactores nucleares cuyo uso tiene fines comerciales.

Sin embargo, la nueva normativa no garantiza la seguridad de las centrales nucleares, principalmente por dos motivos: en primer lugar, las reglas, pilar de las inspecciones, son de naturaleza laxa. En líneas generales, puede decirse que cumplen los estándares internacionales, pero la normativa está diseñada para que la mayoría de los reactores ya existentes se adapten a ella.

La nueva normativa está diseñada para que todos los reactores la cumplan si se crea una organización formal que tome medidas en caso de accidente y si se realizan mejoras parciales en sus instalaciones, unas obras cuyos costes son asequibles. Basta con añadir instalaciones temporales que permitan hacer frente a incidencias graves y con mantener las principales ya existentes tal y como están. Además, las previsiones sobre terremotos y tsunamis son un tanto abultadas, de manera que sea suficiente con unos trabajos de refuerzo de fácil realización.

En segundo lugar, la nueva normativa abarca solamente hasta el cuarto nivel de los cinco que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) estipula en materia de defensa en profundidad. Esto significa que no contempla como requisito garantizar la validez de las medidas de prevención de desastres atómicos para casos en los que se produzca una gran fuga de sustancias radiactivas fuera de las instalaciones nucleares.

Según la ley que regula la preparación ante emergencias atómicas en Japón, los planes de evacuación y las medidas de prevención relativas a zonas que no son las propias instalaciones nucleares son responsabilidad de las autoridades del lugar donde se encuentren estas y de la administración que gobierne en un radio de 30 kilómetros. Se trata de una mera lista de cosas que hacer que alguien deja sobre un escritorio; nadie la revisa. La Autoridad de Regulación Nuclear tampoco contempla estos planes como requisito.

Sin medidas que garanticen la seguridad completamente

La energía nuclear se diferencia de otras en que conlleva el riesgo de desencadenar grandes catástrofes sin igual en términos de tiempo y espacio. Han pasado cuatro años y medio desde que ocurrió el accidente de Fukushima, pero la situación todavía no ha vuelto a la normalidad. La cuantía de los daños de este desastre asciende ya a los 11 billones de yenes; si tenemos en cuenta que esta cifra aumentará en el futuro, estaríamos hablando, sin duda alguna, de varias decenas de billones de yenes. A fecha de septiembre de 2015, el número de personas evacuadas ascendía a 106.700.

Para resolver el problema de los reactores de esta central, es necesario realizar tres acciones, a saber: pararlos, enfriarlos y aislarlos. Sin embargo, la capacidad de enfriamiento del combustible nuclear fundido por parte del sistema de irrigación circulatorio no es estable. Además, es totalmente imposible recuperar la radiactividad que se ha extendido por amplias zonas y aislarla. Incluso ahora que han pasado cuatro años y medio, no se han aclarado ni las causas ni el proceso detallado de cómo se desarrolló el accidente, incluyendo la ubicación del combustible nuclear usado, que se encuentra bloqueado por una radiación y una radiactividad intensas. Sin esclarecer todo esto no se pueden establecer medidas que garanticen la seguridad en absoluto.

La importancia de los ‘cuidados terminales’

A excepción de los cortes de luz programados por la Compañía de Electricidad de Tokio entre marzo y abril de 2011, no ha existido crisis alguna en el suministro eléctrico en Japón hasta la fecha. Esto se debe a tres razones: 1) el exceso de centrales termoeléctricas. 2) el consumo base de electricidad disminuyó marcadamente tras la caída de Lehman Brothers en 2008. 3) el pueblo japonés realizó esfuerzos para ahorrar energía. En 2007, la cantidad de electricidad generada en el país –incluyendo la producida en los hogares– alcanzó la histórica cifra de un billón 195.000 millones de kilovatios. Sin embargo, en 2013, se redujo un 8,8 % y se situó en un billón 90.500 millones de kilovatios.

Japón se enfrenta a un descenso de su número de habitantes, en particular de su población activa, y a otros factores como una caída en el apoyo a la manufactura. Podría decirse que todo ello desencadenará una tendencia al ‘desgaste’, al tiempo que se producen cambios a corto plazo en el consumo eléctrico. En este contexto, nos preguntamos si se podrá ir reduciendo firmemente hasta llegar a cero la veintena de reactores nucleares en funcionamiento al tiempo que se va disminuyendo cada año el uso de las centrales termoeléctricas, si se fomentan los esfuerzos para ahorrar energía y se amplía el uso de recursos renovables lo máximo posible. En términos de la oferta y la demanda, no habrá problemas particulares aunque se abolan todos los reactores de aquí a 2030.

Las empresas eléctricas que gestionan las centrales nucleares se opondrán, pero es posible que acaben accediendo a que se elaboren políticas para la abolición de los reactores si se adoptan medidas para mitigar el impacto que tendría para ellas, al tiempo que el Gobierno cambia el trato atento que ha venido dándoles. En cuanto a las autoridades locales, será necesario proporcionarles ayuda financiera para que desarrollen sus industrias, con la condición de que accedan a cooperar, dado que dejarán de percibir subsidios por albergar este tipo de instalaciones. Todos estos pasos forman parte de lo que podríamos denominar ‘cuidados terminales’, y para diseñar el plan correspondiente se han de realizar más investigaciones.

(Traducción al español del original en japonés, escrito el 28 de septiembre de 2015)

Imagen de la cabecera: trabajadores participando en un simulacro de un accidente grave en el reactor número 2 de la central de Sendai (fotografía del 1 de octubre de 2015, cortesía de Jiji Press)

 

  • [29.10.2015]

Profesor de la Facultad de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad de Kyūshū nacido en la prefectura de Toyama en 1953. Su especialidad es la Historia de la Ciencia y la Tecnología. En 1976 se gradúa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Tokio. Tras cursar estudios de posgrado en la misma institución, imparte clases en la Facultad de Economía de la Universidad de Wakayama y en la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Kyūshū. En 1994 accede a su puesto actual. Desde la década de 1990 centra su labor investigativa en la historia de las políticas sobre energía nuclear y en el análisis de las mismas. Entre 2011 y 2012 forma parte de una comisión encargada de investigar el accidente nuclear ocurrido en la central nuclear de Fukushima. Entre sus obras, destaca Shinpan genshiryoku no shakaishi: sono nihontekitenkai (Nueva edición de historia social de la energía nuclear: el desarrollo de Japón; editorial Asahi Shimbun, 2011).

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