Los desertores de la yakuza ante su reintegración social

Los bōryokudan: una demografía en declive

Según un informe dado a conocer en marzo de 2017 por la Agencia Nacional de Policía, el número total de miembros de los bōryokudan (“grupos violentos”) se situaba a finales de 2016 en cerca de 18.100 personas, marcando un descenso del 10 % con respecto al año anterior. Es la primera vez desde 1958, cuando esta estadística comenzó a publicarse, en que la cifra queda por debajo de los 20.000. Desde que, en 2010, los Gobiernos locales y regionales de todo el país emitieron ordenanzas tendentes a la eliminación de estas organizaciones (en adelante, ordenanzas anti-bōryokudan), un promedio de 600 personas cada año se han apartado de este mundo.

Las ordenanzas anti-bōryokudan no son leyes, pero dado que su suma cubre todo el territorio nacional, su efectividad es comparable a ellas. La emisión de estas ordenanzas ha limitado fuertemente el arco de las actividades que permiten a los bōryokudan obtener dinero (llamadas genéricamente shinogi en el mundo de la yakuza), dando paso a una era en la que no es posible sobrevivir en este mundo.

Desde 2014, a lo largo de un año, gracias a la subvención de una fundación, pude dedicarme a investigar, a través de entrevistas celebradas en diversos lugares, excluyendo las prisiones, las razones por las que 11 hampones (algunos de ellos oyabun o líderes de grupo) que actuaban en la mitad occidental del país habían dejado esa vida, así como la vía que habían utilizado para dejarla.

Gracias a dicho estudio pude saber que las circunstancias que motivaron el abandono del bōryokudan suelen ser asuntos como el nacimiento de un hijo, el deseo de evitar una pena de prisión mayor (por no poder ver a sus hijos) o el relevo generacional en la jefatura del grupo. Comprobé también que los abandonos no acarrean sanción de ningún tipo por parte de los bōryokudan, pudiendo realizarse con relativa facilidad.

Cabe pensar que, entre las razones por las que, desde la emisión de las ordenanzas anti-bōryokudan, ha aumentado el número de personas que abandonan estas organizaciones, figura la de que, simplemente, no es posible sobrevivir o mantener una familia en ese mundo. Ya con la promulgación de la ley de 1991 contra los bōryokudan se había elevado un muro entre la sociedad y estos grupos. Y el muro se ha hecho todavía más infranqueable gracias a las ordenanzas emitidas posteriormente. Hoy en día, en Japón, un miembro de un bōryokudan ni siquiera tiene derecho a llevar esa “vida mínimamente saludable y cultural” que garantiza la Constitución a la ciudadanía. Siendo así, no es de extrañar que muchos miembros con obligaciones familiares deseen abandonar. Además del propio miembro, toda su familia sufre las desventajas de su condición, por lo que es lógico que menudeen las deserciones y que la población yakuza de Japón haya enfilado la actual cuesta abajo.

Una difícil reinserción social

Estamos, pues, ante una verdadera oleada de deserciones, pero quienes toman la decisión no están accediendo, quizás porque no pueden, a una vida realmente normalizada. Durante los siete años que han pasado desde que las ordenanzas anti-bōryudan cubrieron toda la geografía japonesa, han abandonado estos grupos 4.170 personas. Sin embargo, las autoridades solo tienen constancia de que hayan encontrado un empleo regular 90 de ellas, lo que apenas representa el 2 %. Sobre el restante 98 % se abre un gran interrogante. Además, sobre las primeras 90 personas no hay datos que avalen su continuidad en el puesto de trabajo.

En primer lugar, se ha señalado que el mundo empresarial japonés presenta algunos problemas que dificultan la reinserción social de los exmiembros de la yakuza. Una encuesta realizada en julio de 2016 por el Consejo Municipal para la Eliminación de la Violencia de Kitakyūshū en las empresas de la ciudad obtuvo respuesta solamente del 40 % de ellas. Entre las que respondieron, el 80 % dijo que no deseaba contratar a exmiembros de la yakuza. Estos elocuentes datos servirán para dar una idea de lo reacio que es el mundo empresarial a admitir personas de dicho origen.

Hay otro problema. Aun en el supuesto de que un antiguo miembro de la yakuza consiga un empleo, es probable que sufra algún tipo de hostigamiento en el puesto de trabajo, lo cual se convertirá en un nuevo obstáculo en su proceso de integración social. Un exyakuza que actualmente se dedica al cuidado de ancianos como trabajador social, cuyo caso recogí en mi libro Yakuza to kaigo: Bōryokudan ridatsusha-tachi no kenkyū (“Los yakuza y los cuidados a la ancianidad: Un estudio sobre los desertores de los bōryokudan”; Kadokawa Shinsho) fue tratado a gritos por sus compañeros durante el periodo de formación y luego tuvo que soportar que se sospechase de él cuando desaparecieron unos somníferos.

El periódico Nishinihon Shimbun recogió en un artículo aparecido en la edición del 27 de diciembre de 2016 los padecimientos que exigen la regeneración y la incorporación al mundo laboral de estas personas. El artículo exponía el caso de un exyakuza que gracias a la mediación de un conocido había logrado colocarse en una empresa de instalaciones eléctricas, pero sobre el que recayeron las sospechas de sus compañeros cuando desaparecieron ciertos materiales. Soportó durante tres años ataques por su supuesta incapacidad de hacer un trabajo honesto así como todo tipo de insultos y terminó abandonando la empresa, no sin antes haber golpeado a su jefe. Yo mismo podría referir otros muchos casos que he conocido personalmente de personas en esta situación cuya reintegración social se ha visto obstaculizada por el hostigamiento sufrido en el puesto de trabajo.

La necesaria revisión del plazo de cinco años impuesto por las ordenanzas contra la yakuza

Por otra parte, las ordenanzas emitidas contra los bōryokudan restringen los derechos sociales de los exmiembros, dificultando su reintegración social. Uno de los puntos de dichas ordenanzas viene a decir que estas personas seguirán siendo tratadas como miembros de la yakuza durante los cinco años siguientes a su abandono, lo cual significa que no pueden ser titulares de cuentas bancarias ni alquilar una vivienda a su nombre. Pueden tratar de ocultar su pasado, pero si, por ejemplo, evitasen citarlo en su currículum vitae, podría entenderse que están incurriendo en falsedad. En vista de las actitudes prevalecientes en el mundo empresarial, es evidente que este otro problema representa una dificultad casi insalvable en la reintegración social de estas personas.

En 2016, Fukuoka y otras 13 prefecturas del país firmaron un acuerdo de coordinación para favorecer la reintegración social de los exmiembros de la yakuza y comenzaron a tomar medidas como la extensión de ayudas económicas a las empresas que se presten a contratarlos. Si se quiere que estas medidas resulten efectivas, simultáneamente será necesario un cambio de mentalidad en la sociedad y habrá que estudiar también la revisión de las condiciones de aplicación del punto relativo a los cinco años.

Hay que decir también, para finalizar, que en Japón la reintegración social es un concepto de significado bastante ambiguo. Al parecer, las autoridades entienden que la reintegración se alcanza cuando el interesado consigue un trabajo, pero el punto clave es si esa situación tiene continuidad o no. Durante los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando los bōryokudan tenían una mayor aceptación social, el Instituto de la Policía Científica llevó a cabo un seguimiento de la situación social de los exmiembros. Pero en los últimos años no se ha hecho nada parecido.

Personalmente, no creo que sea correcto dejar en manos de la Administración dirimir si los exyakuza están realmente reintegrados o no. Ahora que estas personas están obteniendo un alto grado de atención por parte de la sociedad, los investigadores, las asociaciones y los ciudadanos en general deberíamos implicarnos más en este debate.

Necesidad de un sistema para favorecer la recepción social

Como he dicho más arriba, hoy en día tanto los miembros como los exmiembros de los bōryokudan se encuentran atrapados en los entresijos de las ordenanzas emitidas contra estos grupos y se les está negando gran parte de sus derechos sociales. La situación afecta, además, a sus familiares, que también sufren grandes desventajas. En una sesión de la Cámara Alta de la Dieta de 2012, el miembro de la misma Mataichi Seiji dirigió al presidente una interpelación sobre la forma en que se estaban aplicando las medidas preventivas contra las actividades ilícitas de los miembros de los bōryokudan. Matayoshi señaló que la eliminación de los yakuza de muchas esferas sociales, que era el efecto que, de hecho, estaban teniendo las duras sanciones emanadas de las ordenanzas y de la reforma legal en curso, estaba teniendo un efecto contrario al previsto, pues al verse acorralados, estos grupos e individuos estaban cometiendo delitos todavía más graves, y añadió que si se deseaba conseguir buenas pistas de aterrizaje para que quienes abandonaban dichos grupos pudieran llevar una vida social normal debía acompañarse a estas personas en su proceso de reintegración con el máximo cuidado, atendiendo a sus consultas, favoreciendo su empleo, etc.

Sin embargo, actualmente la realidad no permite que estas personas se reintegren socialmente. Y en estas circunstancias, para sustentarse, no van a tener otra elección que volver a sus actividades ilegales. Durante mis investigaciones he visto con mis propios ojos como estas personas que no son aceptadas por la sociedad se deciden finalmente por continuar con su shinogi como individuos fuera de la ley. Y estoy hablando de narcotráfico, extorsión, robos, atracos, fraudes, etc. Como señalaba el parlamentario Matayoshi, los rechazados por la sociedad se sienten acorralados y están produciendo una escalada criminal. Y aquí hay que prestar atención a otro aspecto, y es que los que, abandonando los bōryokudan, no consiguen integrarse, actúan fuera de ley tanto desde el punto de vista de la sociedad general como desde el inframundo. Si permanecieran dentro de los bōryokudan, quedarían sujetos a su dura disciplina. Por ejemplo, aunque se les permitiera traficar con anfetaminas, se les prohibiría vendérselas a menores de edad. Pero una vez fuera de estos grupos, ya no hay disciplina y ataduras. Se convierten en individuos realmente peligrosos, capaces de hacer de cualquier cosa su shinogi.

Creo firmemente que no va a ser la exclusión, sino la absorción lo que puede encarrilar hacia el éxito los planes de reinserción para estas personas. Porque los estudios realizados por el citado Instituto de la Policía Científica en 1974 ponen en claro que un tercio de ellas se reintegró en esa época.

En Japón se están priorizando las medidas de exclusión más frías y hostiles para estas personas. Pero si lo que queremos es una sociedad que no las empuje todavía más fuera de la ley, tendremos que pensar también en otras medidas más cálidas, de acogida, facilitando su integración en las comunidades locales. Para que esta combinación de medidas punitivas y de amparo surta efecto, habrá que conseguir primero un cierto número de casos exitosos de reintegración y compartirlos con la sociedad. Este proceso debe estar en manos tanto de la administración como de las empresas y de todos los que formamos parte de una comunidad local. Será muy difícil conseguir una sociedad segura, en la que poder vivir con tranquilidad, si no es al mismo tiempo una sociedad fuerte y justa que sabe acoger en su seno a quienes abandonan los grupos violentos y a otras personas regeneradas.