Se suceden las demandas judiciales contra las centrales nucleares

Shizume Saiji [Perfil]

[22.03.2018] Leer en otro idioma : ENGLISH | 日本語 | FRANÇAIS | العربية | Русский |

El accidente ocurrido en marzo de 2011 en la central nuclear Fukushima Daiichi, operada por la compañía eléctrica TEPCO, conmocionó al mundo. La instalación, que fue embestida por un tsunami causado por un gigantesco terremoto de magnitud 9, fue escenario de una explosión de hidrógeno que ocurrió al no ser posible refrigerar los reactores. De aquello han pasado siete años. A raíz de este accidente, en Japón se han activado muchas demandas judiciales contra las centrales nucleares del país, algunas de las cuales se han saldado con derrotas del Estado o de TEPCO. La desconfianza hacia las centrales, que anidaba en el corazón de muchos japoneses, se está empezando a canalizar por la vía judicial.

El supuesto de un gran tsunami, punto en discusión en los juicios

Las demandas judiciales abiertas en relación con las centrales nucleares japonesas pueden dividirse en dos grupos: las presentadas para exigir responsabilidades por el accidente de Fukushima y reparación por los daños ocasionados, y las que aspiran a paralizar las otras centrales nucleares del país. Las primeras parten de que el accidente de Fukushima ocurrió debido a que el Estado y la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) incumplieron sus obligaciones; las segundas parten de que, una vez evidenciada la peligrosidad de este tipo de instalación, debería dejarse de operar también el resto, desnuclearizando el país.

Paralelamente, en el Tribunal de Distrito de Tokio se sigue una causa por negligencia profesional resultante en muerte y heridas contra tres ex altos responsables (un expresidente del Consejo y dos vicepresidentes) de TEPCO. La fiscalía que investigó el caso en la demanda presentada por las víctimas del accidente decidió no presentar cargos, pero el Consejo de Investigación de la Fiscalía, un órgano elegido para representar a la ciudadanía, lo hizo contra los tres citados responsables.

Los puntos básicos que se dirimen en los juicios por el accidente de Fukushima hacen referencia a la situación previa al accidente: si el Estado y TEPCO eran conscientes del riesgo de que ocurriera un tsunami de grandes proporciones, y si pudieron haber prevenido los graves daños derivados de un gran tsunami tomando las medidas pertinentes. En ambos casos el Estado está representado por la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial, órgano dependiente del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, encargado de hacer las inspecciones en las centrales nucleares y conceder los permisos necesarios para que puedan ser operadas.

Veamos ahora por qué la discusión se centra en los supuestos teóricos de ocurrencia de un gran tsunami.

La construcción de muchas de las centrales nucleares japonesas se inició en los años 60 y 70, una época en que la sismología no estaba demasiado avanzada y en que las tecnologías de simulación de tsunami eran todavía insuficientes. Cuando se construyó Fukushima Daiichi (la central siniestrada), se manejaba el supuesto de que un tsunami podría alcanzar los tres metros de altura. Los más de 10 metros alcanzados por el tsunami de 2011 quedaban en aquella época completamente fuera de las previsiones.

Posteriormente, a medida que el país experimentaba nuevos terremotos y tsunami, se fue haciendo acopio de conocimientos. En julio de 2002, los sismólogos integrados en órganos consultivos gubernamentales emitieron un informe en el que alertaban de que en cualquier lugar de la costa pacífica de la región norteña de Tōhoku, en la que se ubica Fukushima Daiichi, existía el riesgo de que ocurriera un gran tsunami. La Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial solicitó a TEPCO que realizara una simulación de tsunami en Fukushima Daiichi y otras centrales, pero no insistió con la debida fuerza cuando se supo que la compañía no la estaba haciendo. Solo en 2008 realizó TEPCO una primera simulación. Como resultado de la misma, se estimó que el recinto de las instalaciones podría quedar inundado por el mar hasta una altura máxima de 15,7 metros, pese a lo cual la compañía ni se movió en la dirección de tomar medidas como la construcción de un dique efectivo, ni tan siquiera informó de dichos resultados a la citada agencia hasta poco antes de que ocurriera el accidente. La agencia estaba maniatada por el principio básico de que su única función era reglamentar el uso de las centrales nucleares y, además, en un ambiente cerrado de connivencia con las compañías eléctricas sostenido durante largos años, se había acostumbrado a tratarlas con demasiados miramientos. TEPCO, que temía reacciones de rechazo por parte de grupos ciudadanos críticos con la energía nuclear y Gobiernos locales, había desarrollado una tendencia a ocultar los hechos más incómodos, de forma que pasasen desapercibidos. Ninguno de los dos supo leer en la advertencia de los expertos la posibilidad de que ocurriera una crisis.

Hasta el momento se han emitido sentencias por tres demandas civiles colectivas en Maebashi, Chiba y Fukushima. Las tres coinciden en señalar que, cuando se emitió el informe en 2002, el Estado y la eléctrica TEPCO pudieron percatarse del peligro de que ocurriera un gran tsunami. Sobre su responsabilidad por no haber tomado medidas contra un tsunami, esta ha sido reconocida en los juicios de Maebashi y Fukushima, pero en el de Chiba no lo fue, pues se estimó que, entre otras razones, “posiblemente no hubo tiempo para tomarlas”.

Tanto el Estado como TEPCO van a seguir litigando en los tribunales, así que los juicios van para largo. En los fenómenos naturales como los terremotos, maremotos y erupciones volcánicas hay muchos aspectos que todavía no han sido elucidados científicamente. Las investigaciones y estudios siguen su avance, pero la cuestión es si, en lo que atañe a las centrales que ya han recibido del Estado permiso para operar, los supuestos de desastre van a ser revisados con flexibilidad reflejando dicho avance. A la hora de establecer supuestos que sirvan de base a los cálculos de seguridad, el problema fundamental es hasta qué supuesto de gravedad o tamaño de desastre deben tomarse responsabilidades.

10.000 demandantes

Según el abogado Managi Izutarō, representante legal del colectivo de Fukushima, que con sus más de 4.200 demandantes es el mayor del país, en relación con el accidente de Fukushima se han abierto procesos similares en 30 lugares, desde Hokkaidō al norte a Kyūshū al sur, que incluyen a un total de más de 10.000 demandantes. En muchos casos los demandantes son personas que han tenido que abandonar su vivienda y están pidiendo indemnizaciones al Estado o a TEPCO contratando abogados en su nuevo lugar de residencia, pero los asuntos que se dirimen en los juicios son básicamente los mismos.

“En el caso de nuestra demanda”, explica Managi, “queremos que Fukushima vuelva a ser la que era antes del accidente, pero al mismo tiempo pedimos también el abandono de la energía nuclear”.

El abogado Managi Izutarō, enero de 2018. (Fotografía: Shizume Saiji.)

Como en otras demandas legales interpuestas a raíz de casos de contaminación ambiental en las que Managi ha tomado parte como abogado, en este caso también ha seguido el estilo de formar un gran colectivo de víctimas del accidente, sin entrar en discusiones puramente científicas, como si la energía nuclear es segura o si la exposición a radiaciones comparativamente pequeñas tiene efectos sobre el organismo humano. En ese sentido, puede verse un nexo entre la demanda por el accidente de Fukushima, en el que la contaminación procede de las sustancias radiactivas, y otros procesos históricos ocurridos en Japón a partir de los años 60, como los juicios de Minamata y de la enfermedad itai-itai, por casos de grandes daños a la salud causados por sustancias nocivas emitidas por fábricas o minas.

Managi sostiene que lo que hizo el Estado permitiendo que TEPCO continuase operando Fukushima Daiichi a sabiendas de que existía el peligro de que un gran tsunami anegase sus instalaciones equivale a permitir que vuele un avión que no ha recibido un mantenimiento adecuado. La sentencia emitida por el Tribunal del Distrito de Fukushima reconoció la responsabilidad del Estado, pero los demandantes han apelado al considerar insuficientes las indemnizaciones ordenadas. También lo hicieron el Estado y TEPCO, por lo que el juicio ha sido llevado al Tribunal Superior de Sendai.

“Si no existe un gran grupo de demandantes, las demandas no tienen efecto sobre los jueces. Es muy importante comprometer a un gran número de personas y conseguir sensibilizar a la opinión pública. Yo creo que la cuestión se decide más fuera que dentro de los tribunales”, comenta Managi.

  • [22.03.2018]

Periodista de la agencia de noticias Kyōdō. Nacido en Chiba en 1973, ingresó en la agencia en 1996. Tras trabajar en la delegación en Saga, en 2004 pasó a la Sección Científica. En 2017 fue nombrado subdirector del Grupo de Ciencia y Energía Nuclear. Se encarga de cuestiones relacionadas con la energía nuclear, la prevención de seísmos y el accidente de Fukushima. Entre 2015 y 2016 publicó en la revista Kagaku de Iwanami Shoten una serie de artículos titulada La responsabilidad a la deriva: siguiendo la dinámica de la generación de energía nuclear (Hyōryū suru sekinin: genshiryoku hatsuden wo meguru rikigaku wo ou).

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