Las malas condiciones desincentivan a los intérpretes judiciales

200 intérpretes menos en cinco años

En 2017 el número de turistas extranjeros que visitaron Japón superó los 28 millones y el de residentes, los 2,5. A mayor número de personas, más fácil es que ocurran conflictos e incidentes que pueden llegar a los tribunales. Y esto es causa de que también sean más las ocasiones en que personas de nacionalidad extranjera pisan los tribunales en relación con una demanda judicial, sea como acusados, como testigos, o en algún otro concepto.

En cumplimiento de lo que establece la Carta Internacional de Derechos Humanos y la propia ley japonesa de enjuiciamiento criminal, los acusados y testigos que no comprenden el idioma japonés disponen de un intérprete cuyos honorarios corren por cuenta del Estado. A diferencia de lo que ocurre con los que hacen su labor en congresos o en instituciones médicas, la figura del intérprete judicial está fijada por la ley y su ausencia es razón suficiente para que no sea posible abrir juicio.

Sin embargo, no hay suficientes intérpretes judiciales para cubrir la creciente demanda. Según el número de enero de 2018 de Go-zonji desu ka, hōtei tsūyaku, una publicación del Tribunal Supremo de Japón, durante el año 2016 el número de acusados a quienes se dictó sentencia por casos criminales en los que fue necesario proveer un intérprete fue de 2.624 (procedentes de 68 países), con tendencia al alza, siendo los idiomas más requeridos el chino, el vietnamita, el portugués y el tagalo, en ese orden. Aunque son 3.823 los intérpretes registrados para 62 idiomas ante el Tribunal Supremo, este número es inferior en más de 200 al de cinco años atrás. La razón es la gran carga que deben soportar.

El 60 % son mujeres con alto grado de formación

Los intérpretes judiciales de casos criminales se hacen cargo de la interpretación y traducción desde el momento en que se formula la acusación y el presunto autor (imputado) se convierte en acusado, hasta el momento en que se dicta sentencia. El trabajo se reparte por casos, de forma que cada caso pasa a manos de un único intérprete, que trabaja como autónomo, desarrollando su labor en los tribunales, en las celdas de detención (carceletas), en los despachos de abogado y en otros lugares.

Para trabajar como intérprete no se exige ni una nacionalidad concreta ni un determinado expediente académico. Tampoco existe una titulación oficial. Ya que no se realizan convocatorias periódicas, son los propios aspirantes quienes deben contactar con los tribunales del país y, previa entrevista con jueces y otros responsables, participar en los cursillos básicos que se celebran una o dos veces al año. Después de recibir explicaciones de parte de un juez y de un intérprete en activo, el aspirante se pone a prueba participando en un simulacro de juicio celebrado en una sala real. Luego, es inscrito en el listado de aspirantes a intérprete. Cuando vaya acumulando experiencia, tendrá oportunidad de hacer, a lo largo de algunos años, otros cursillos de nivel intermedio y superior.

Según la Encuesta sobre el trabajo de intérprete judicial (años 2012 y 2017), un estudio sobre un total de 156 intérpretes con experiencia en juicio en cuya elaboración participé, el perfil del profesional es una mujer de entre 40 y 59 años, con un elevado grado de formación y residente en una zona urbana. Su lengua materna es el japonés, habiendo adquirido la segunda lengua posteriormente. A ese perfil responde aproximadamente el 60 % del total de intérpretes. Si exceptuamos el chino, los cuatro idiomas más solicitados que citábamos arriba se consideran idiomas poco estudiados en Japón, verdaderas rarezas lingüísticas. Por eso, es habitual que sean extranjeros residentes en Japón que han aprendido el japonés quienes actúen como intérpretes.

En 1993, cuando me encontraba cursando un posgrado en la entonces Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka (actual Universidad de Osaka), comencé a trabajar como intérprete de tagalo. Un día, cuando asistía a una clase, sonó el teléfono del despacho en que nos encontrábamos. Llamaban de las oficinas centrales de la Policía Prefectural de Osaka para pedirnos que acudiéramos al día siguiente. Fui con el profesor y con un compañero de un curso superior. A la mañana siguiente, yo estaba trabajando en una de las comisarías de dicha prefectura, en un caso de tráfico de anfetaminas en el que estaba implicado un filipino. Posteriormente me encaucé hacia el trabajo de intérprete judicial, después de haber trabajado también para la fiscalía y para el Colegio de Abogados. Hasta ahora me he encargado de cerca de 500 casos. Los más numerosos eran por violaciones de las leyes migratorias (permanencia ilegal, etc.), seguidos por los de tráfico de drogas, pero también me he ocupado de casos de asesinatos frustrados y perpetrados, agresiones físicas, robos y los llamados “matrimonios falsos”. Usé principalmente el idioma tagalo y ocasionalmente el inglés.

Insatisfacción ante unos honorarios mal justificados

Explicaré a continuación cómo es nuestro trabajo poniendo como ejemplo un caso de robo en el que el acusado ha reconocido su delito.

Un día, llega una llamada del secretario de un tribunal, que ofrece al intérprete un trabajo en determinada lengua. Pregunta si estará disponible a partir de cierta hora de cierto día. Una vez aceptada la oferta, se le comunica el cargo formulado y el teléfono del abogado encargado del caso. Cuando el acusado está en prisión preventiva, el intérprete acompaña al abogado en sus visitas a la comisaría o al centro de detención. Los honorarios de interpretación y las dietas o gastos de desplazamiento corren por cuenta del Centro de Apoyo Legal de Japón (Houterasu). Por cada 30 minutos de interpretación se pagan 8.000 yenes, y 1.000 yenes más por cada 10 minutos que se prolongue la sesión.

El periodo de mayor acumulación de trabajo para el intérprete son los tres o cuatro días previos al juicio público. El fiscal le remite documentos como el alegato o exposición inicial, un resumen de las pruebas que serán presentadas, la exposición final, etcétera. Aunque cada caso es diferente, suele ser un total de unas 10 páginas tamaño A4. De la defensa, recibe también el resumen del alegato (exposición oral), que suele ocupar un mínimo de tres páginas. El intérprete deberá traducir estos documentos para ser leídos en voz alta, y con ellos se presentará en el tribunal la fecha en que se celebre el juicio público.

Ese día, el intérprete acude al despacho del secretario judicial, quien le entrega el juramento como intérprete, la tarjeta de comparecencia y las solicitudes de pago por honorarios y dietas de viaje, para que ponga su sello en ellas.

En la sala, el intérprete se sienta junto al secretario y lleva un micrófono inalámbrico. El acusado, por su parte, lleva auriculares. Este sistema se utiliza para facilitar la comunicación, ya que intérprete y acusado se sientan en lugares separados. Desde la apertura del juicio hasta su cierre, todas las comunicaciones, incluyendo la interpretación en la sala quedarán grabadas.

El escrito de acusación se lee con interpretación consecutiva, pero el alegato inicial, el resumen de las pruebas y la exposición final del fiscal, así como el alegato de la defensa se traducen en voz alta, a partir de la traducción escrita, de forma prácticamente simultánea. Esto se hace así para economizar tiempo. Los interrogatorios a los testigos y las preguntas al acusado llevan interpretación consecutiva. Muchas veces, la causa se cierra con una única vista y la sentencia se dicta otro día, siendo también en este caso la traducción consecutiva.

Las vistas suelen ser de una hora de duración. En esos casos el tribunal paga unos honorarios de interpretación de unos 15.000 yenes, que son transferidos después de dictarse sentencia, junto a las dietas. En los tribunales no se hacen públicos los criterios que se siguen para establecer esos pagos, así que tampoco se recibe ningún desglose o detalle de la cuantía pagada. Las encuestas realizadas entre intérpretes con larga experiencia revelan un gran descontento en este punto. Algún lector podría considerar que 15.000 yenes es un buen pago, pero las cuatro o cinco horas que se requiere para traducir los documentos que han de ser leídos en público quedan sin ninguna retribución.

Ingresos irregulares y gran carga laboral

Veamos ahora qué es lo que marcha mal actualmente en este mundo de la interpretación judicial. Encontramos, en primer lugar, que los ingresos son muy irregulares. La causa es estructural. Registrarse como intérprete no significa que sepamos cuándo vamos a ser llamados. Por eso, muchos compaginan este trabajo con el de traducción e interpretación en otros campos, o con la enseñanza del idioma. Otro problema es no poder negociar los honorarios. No existiendo un sindicato de intérpretes, si, por ejemplo, un tribunal decide unilateralmente rebajar el pago, no está obligado a comunicárselo al intérprete con antelación. Debido a que los criterios que se siguen al fijar el pago no son claros, ni siquiera podemos conocer si los honorarios son proporcionales a la capacidad de cada intérprete.

En segundo lugar, los intérpretes están sometidos de forma casi permanente a una pesada carga laboral. Un intérprete es una persona, no una máquina. Tras haber preparado la traducción de los documentos antes del juicio, durante este interpreta normalmente a lo largo de una hora. En los juicios con jurado, que se prolongan varios días, las jornadas son más largas y los documentos que tiene que traducir son también más, por lo que no es raro que solo pueda dedicarle al sueño tres o cuatro horas. La citada encuesta reveló peticiones tan básicas como la de agua para beber durante las vistas, o una sala de descanso para los intérpretes.

En tercer lugar, hay que señalar la incomprensión hacia el trabajo del intérprete. Por alguna razón, todo está hecho de forma que el intérprete judicial elegido por el tribunal “nunca se equivoca”. Pero toda interpretación lleva consigo el riesgo de equivocarse. Podemos hacer la prueba de hablar durante una hora en nuestro primer idioma (el que más fácil nos resulte). Probablemente nos cansemos mucho y, además, como la cosa más natural, nos equivocaremos más de una vez. Por tanto, no cabe esperar que una persona que ha interpretado durante una hora no haya cometido ningún fallo o no se haya dejado nada sin traducir. Mucho más racional sería considerar que siempre ha podido haber algún fallo de interpretación, y exhortar a los intérpretes a que enmienden los errores que hayan podido cometer durante el juicio y a que se tomen un descanso cuando lo necesiten. Por otra parte, en los casos que han tenido resonancia social, entre quienes asisten a las sesiones como público suele haber reporteros de prensa, que a veces señalan en sus artículos supuestos “errores de interpretación”. Por supuesto, lo ideal sería que no se cometieran errores. Sin embargo, siendo los intérpretes profesionales autónomos para quienes su competencia y credibilidad son sus principales activos, este castigo de la prensa puede tener graves consecuencias psicológicas y económicas. Es fácil criticar a alguien por un error que ha cometido, pero deberíamos también plantearnos por qué llegan a producirse estos fallos.

Mejor formación en los tribunales y criterios de valoración fidedignos

No teniendo con quién desahogarse contándole todas las dificultades que entraña este trabajo, algunos intérpretes hacen de tripas corazón y siguen adelante, mientras que otros optan por tirar la toalla sin haber levantado la voz. Sería deseable que el tratamiento que reciben mejorase, para que la próxima generación de intérpretes pueda trabajar con otras perspectivas y más facilidades.

En marzo de 2018 entrevisté a un intérprete judicial de un tribunal holandés. La conversación me permitió conocer que en dicho país, además de valorarse la competencia profesional, a quienes quieran registrarse como candidatos a intérprete judicial se les exige haber cursado en determinadas instituciones educativas asignaturas en las que se estudie el derecho penal y la legislación que afecta a los extranjeros. Sería muy positivo que, tomando como referencia estos precedentes, en Japón se aumentase la frecuencia con la que los tribunales imparten los cursillos para intérpretes y se hiciera una valoración de las capacidades de estos, poniendo a examen sus conocimientos y su competencia. También sería de agradecer que la fiscalía y el Colegio de Abogados mostrasen una mayor comprensión hacia nuestro trabajo y nos ofrecieran su cooperación.

Algunos tienen la equivocada idea de que los intérpretes judiciales trabajamos como voluntarios, pero este es un trabajo que entraña una gran responsabilidad y por el que se deberían obtener unos honorarios dignos. A los jóvenes que aspiren a trabajar con un idioma, les aconsejaría que comenzasen por acercarse al tribunal más próximo y asistir a alguna vista que requiera la presencia de un intérprete. Cualquier persona que acuda a la recepción del tribunal puede consultar la agenda de vistas y asistir como público. En los tribunales de distrito de Tokio, Yokohama, Nagoya, Osaka y otras ciudades, todos los días se celebran varias vistas con intérprete. Aunque al principio el ambiente de la sala puede intimidar un tanto, allí se puede contemplar el desempeño de los intérpretes, como piezas imprescindibles en el juicio, y para mí sería una gran alegría que la experiencia despertase en alguien esa misma vocación.