La Ley de Nacionalidad japonesa se descuelga de la tendencia mundial

Las noticias sobre problemas de doble nacionalidad y juicios relacionados con la pérdida de la ciudadanía japonesa han puesto en el punto de mira la legislación japonesa últimamente. El debate sobre la doble ciudadanía gira en torno al hecho de que las personas nacidas de un progenitor japonés y otro de otro país están obligadas a elegir, antes de cumplir los 22 años, entre conservar la nacionalidad nipona en exclusiva o renunciar a ella para conservar su otra nacionalidad. De hecho, la primera ley relativa a la nacionalidad de Japón surgió para regular los matrimonios internacionales.

Una ley de nacionalidad avanzada para el siglo XIX

La primera legislación sobre nacionalidad del Japón moderno surgió con el decreto 103 del Departamento de Estado, de 1873, que regulaba el cambio de nacionalidad de mujeres japonesas casadas con extranjeros y mujeres extranjeras casadas con japoneses. El decreto obligaba a los japoneses que contraían matrimonio con personas de otra nacionalidad a solicitar permiso del Gobierno, a la vez que consideraba a todas las personas inscritas en el registro familiar nacional como japoneses. Este decreto constituyó, por lo tanto, el primer instrumento que vinculaba la nacionalidad japonesa con el registro familiar. Así pues, aunque la primera Ley de Nacionalidad propiamente dicha se aprobó en 1899, el concepto moderno de nacionalidad legal ya existía en Japón desde años antes.

Resulta interesante que tanto el concepto de nacionalidad como la legislación al respecto en Japón surgieran a partir del contacto con el extranjero. La ley de 1899 fue extremadamente avanzada para su tiempo, especialmente porque admitía la renuncia a la nacionalidad. En la Europa del siglo XIX, donde los ciudadanos estaban obligados a realizar servicio militar, ese derecho estaba estrictamente limitado para evitar que ciudadanos que habían servido en el ejército se naturalizaran en otros países y filtraran secretos militares. La ley japonesa, sin embargo, lo admitió desde el principio. Además, como en un matrimonio internacional la esposa debía adoptar la nacionalidad del marido en principio, los hijos obtenían la misma nacionalidad.

La Ley de Nacionalidad de 1899 no se creó para asimilar a los extranjeros en la familia del cónyuge, sino por motivos humanitarios, con el fin de evitar la división de familias en conflictos armados por cuestiones de nacionalidad, que se daba con frecuencia en Europa. Si Japón adoptó una ley tan pionera en este sentido, fue porque el principal objetivo político del Gobierno Meiji era abolir los tratados injustos impuestos a finales del periodo Edo (1603-1868); de ahí que utilizase la Ley de Nacionalidad para demostrar que era un país civilizado con una legislación más avanzada que las europeas.

El “derecho de sangre” y la nacionalidad única

La Ley de Nacionalidad aprobada por el Gobierno Meiji se regía por un ius sanguinis (‘derecho de sangre’) absoluto. En contraposición con el ius soli (‘derecho de suelo’), en que la nacionalidad se adquiere por el lugar de nacimiento, en el ius sanguinis depende de la nacionalidad de los padres. Cuando el ius sanguinis es absoluto, además, el hijo obtiene la nacionalidad de los progenitores de forma automática, independientemente de dónde nazca.

Tomemos como ejemplo a los brasileños nikkei (de ascendencia japonesa), que son el centro de mis investigaciones. Los descendientes de las colonias de inmigrantes en Brasil no se consideraban parte de una comunidad nikkei, sino miembros de la sociedad japonesa, ya que la ley de la época determinaba que eran japoneses a pesar de no haber nacido en Japón. El sistema solo se aplicaba si el padre era japonés porque, si este era extranjero, la madre adoptaba su nacionalidad y los hijos también la obtenían.

La Ley de Nacionalidad Meiji siguió vigente hasta después de la Segunda Guerra Mundial y se revisó en 1950. La nueva ley eliminó el ius sanguinis absoluto e impuso la obligación de efectuar ciertos trámites para que los nacidos fuera del país pudieran obtener la nacionalidad nipona. Con la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CETFDCM), además, la capacidad de otorgar la nacionalidad japonesa a los hijos dejó de ser exclusiva del padre y se extendió a la madre. Quisiera hacer hincapié en lo que todo esto significa: nuestra condición de ciudadanos japoneses depende de la legislación vigente en cada momento.

La prohibición de la doble nacionalidad por parte de Japón no se basa, en ningún caso, en principios nacionalistas. Como explicábamos arriba, la exclusividad se estableció para evitar la división de las familias en caso de conflicto que tenía lugar en Europa; se aprobó pensando en la protección de los ciudadanos. Sin embargo, no debemos perder de vista que la prohibición de la doble nacionalidad por motivos humanitarios responde al contexto histórico del momento en que se adoptó.

Emigrantes que renunciaron a su nacionalidad por trabajo

La prohibición de la doble nacionalidad ha provocado constantes problemas a los japoneses emigrados a otros países, en especial cuando ya llevan un tiempo trabajando en el país de destino y empiezan a establecerse. Las dificultades suelen surgir cuando el inmigrante quiere invertir los ahorros acumulados con su trabajo en la adquisición de tierras o la fundación de algún negocio. Muchos japoneses emigrados a Norteamérica y Sudamérica han renunciado a su nacionalidad y se han naturalizado como estadounidenses, brasileños o peruanos, para proteger los terrenos que explotaban.

Tras la Segunda Guerra Mundial también hubo emigración de Japón a Latinoamérica. Muchos de los emigrados tuvieron que renunciar a su nacionalidad para conservar sus tierras o para hacerse un lugar en cooperativas agrícolas o empresas. Numerosos expatriados japoneses afincados en Brasil han reclamado el restablecimiento de su nacionalidad original, a la que se vieron obligados a renunciar para conservar su patrimonio, en los últimos veinte años.

Los extranjeros que residen en Japón pueden verse asimismo forzados a cambiar de nacionalidad por motivos laborales. La Ley de Minería, por ejemplo, prohíbe a los extranjeros ser propietarios de minas, y los extranjeros no tienen acceso a puestos funcionariales. Hasta hace pocos años, los cónyuges extranjeros de los diplomáticos japoneses debían naturalizarse como japoneses para poder acompañar a sus parejas en la misión diplomática.

La tendencia mundial a aceptar la doble nacionalidad

En estos últimos años el enfoque sobre la nacionalidad ha experimentado un importante cambio en el mundo, y muchos países —entre ellos, la gran mayoría de los miembros de la OCDE— han pasado a admitir la ciudadanía doble.

Algunos países han implementado iniciativas para establecer vínculos con sus ciudadanos emigrados. Cuando estalló la crisis económica asiática a finales de los años noventa, Corea del Sur tuvo que someterse al control estricto del FMI a cambio de ayuda financiera ante el impago de su deuda. En 1999, el país aprobó la Ley de Residentes en el Extranjero para facilitar la entrada y la residencia, con ciertas garantías legales, a antiguos ciudadanos que habían renunciado a la nacionalidad surcoreana; se trataba de una medida estratégica para atraer capital a través de exciudadanos residentes fuera del país. México aplicó medidas similares a finales de los noventa y también ofreció facilidades a antiguos ciudadanos naturalizados en otros países para recuperar la nacionalidad.

Adaptar la ley a los nuevos tiempos

No es casualidad que las iniciativas que mencionábamos antes surgieran a finales del siglo XX. Antes se consideraba que los emigrantes eran personas que hallaban su lugar en otro país y se convertían en ciudadanos de su nueva patria. Como el transporte internacional resultaba demasiado caro para aquellos procedentes de países en desarrollo, no era necesario plantearse su regreso al país de origen.

La situación es distinta ahora: los países que más emigración emiten presentan economías que se desarrollan a pasos agigantados, y el precio de los desplazamientos en avión son más baratos que hace treinta años. Además, el traslado internacional de las personas ya no se produce únicamente desde los países más pobres hacia los más ricos. En la época de la globalización, en que la economía cambia regularmente, la conexión con los ciudadanos emigrados constituye una medida crucial para cualquier país. El aumento del número de países que reconocen la doble nacionalidad puede considerarse un reflejo del nuevo carácter de las relaciones internacionales. Resulta evidente que la situación ha evolucionado respecto a la época en que Japón adoptó el sistema de nacionalidad única con fines humanitarios.

Por otro lado, Japón no extendió a las mujeres el derecho de otorgar la nacionalidad a sus hijos solo porque se aprobase la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CETFDCM), sino también porque observó que la medida ya existía en los países occidentales y consideró necesario unirse a la tendencia mundial para evitar posibles conflictos en un futuro en que proliferasen los matrimonios internacionales.

El reconocimiento de la doble nacionalidad no es el único tema en que Japón anda rezagado. El matrimonio homosexual está ya normalizado en Europa y Norteamérica, mientras que en Taiwán se ha legalizado recientemente. Al no reconocérseles este derecho, los matrimonios homosexuales internacionales que quieren establecer su vida en Japón no pueden solicitar el visado de cónyuge y eso les causa muchas dificultades. El desplazamiento de personas por todo el planeta propio de la era actual hace necesario adaptarse a las tendencias mundiales. De ignorar esta necesidad, Japón dejará de ser un destino para los trabajadores de otras partes del mundo y no podrá hacer frente al envejecimiento demográfico que lastra su sociedad.

(Traducido del original japonés, redactado el 17 de abril de 2018.)