El mito de la seguridad y el terrorismo religioso en Japón

Sin preparación para la guerra biológica y química

El ataque con gas sarín en el metro de Tokio, perpetrado por Aum Shinrikyō (secta de la Verdad Suprema), ocurrió el 21 de marzo de 1995. Sin embargo, la gestión de crisis para hacer frente a posibles ataques terroristas con armas químicas prácticamente no ha avanzado desde ese año. El principal problema es que se sigue actuando con la premisa de que “las guerras químicas y biológicas no deben producirse”; con este tema sucede lo mismo que con el mito de la seguridad nuclear. No obstante, especialmente después de la experiencia del atentado del gas sarín en Tokio, Japón tiene que prever y prepararse para afrontar posibles ataques biológicos y químicos cometidos por suicidas, mártires, yihadistas o terroristas de cualquier tipo.

Pongamos por caso que alguien infectado con una enfermedad altamente contagiosa y que actualmente no tiene cura ni medicación como es la fiebre del Ébola, que últimamente hace estragos por África, entra en Japón en las 48 horas del período de incubación de la enfermedad y se desplaza en metro de punta a punta de una gran ciudad. Un incidente así provocaría una cantidad espantosa de víctimas. Japón no cuenta con ningún protocolo sólido para hacer frente a las enfermedades infecciosas de alto riesgo. Y lo más preocupante es que tampoco tiene preparado ningún fármaco de prevención ni ninguna cura potente para emplear en el caso de una guerra bacteriológica.

¿Sigue vigente la lección aprendida con el atentado de Aum Shinrikyō?

Tal vez sea cierto que, comparado con los países occidentales, Japón tiene pocas probabilidades de sufrir un atentado terrorista internacional, por ejemplo, por parte de organizaciones islámicas. Aun así, si existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que Japón se convierta en objetivo de este tipo de ataques, es necesario que se prepare para afrontarlos. Además, no debemos ignorar la posibilidad de sufrir otros atentados terroristas por parte de organizaciones nacionales como el del gas sarín en 1995.

Analicemos el atentado de la secta Aum Shinrikyō: aunque previamente ya se había producido un ataque con gas sarín en Matsumoto, la policía cometió el error de dejarlo en manos del Departamento de Investigaciones Criminales. Es decir que se trató como un mero caso de homicidio múltiple algo que también era un caso de seguridad ciudadana. En aquellos tiempos en Estados Unidos las sectas se estaban convirtiendo en objeto de investigación del FBI, pero en Japón el caso del gas sarín tuvo que procesarse de un modo distinto por dos motivos: la libertad de culto que garantiza la Constitución japonesa y la Ley de Personas Jurídicas Religiosas.

A pesar de que en Japón las leyes suelen elaborarse pensando en su propósito, la Ley de Personas Jurídicas Religiosas fue ideada en la posguerra por la Administración del general MacArthur, ignorando totalmente la manera de legislar nipona, y por eso no presenta un propósito claro. En definitiva, la ley define el concepto de religión de forma ambigua, omitiendo cuáles son los objetivos de lo que se considera religión y limitándose a reconocer su libertad. Por este motivo en Japón cualquiera puede constituir un organismo religioso: mientras disponga de doctrina, fundador, lugar para el culto y creyentes, se reconoce como religión. Es, pues, gracias a la Ley de Personas Jurídicas Religiosas que actualmente en Japón existen unos 200.000 grupos religiosos; y, aunque no necesariamente todos sean sectas, entre sus generosas filas se esconden grupos de muy variada índole.

Solo Japón deja las sectas en manos del Ministerio de Educación

Resulta muy sorprendente que la actual Ley de Organización del Gobierno Nacional establezca que los problemas relacionados con las sectas son competencia del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología. El hecho de que los grupos religiosos se encuentren bajo la tutela de este ministerio implica que ni la policía, ni el Ministerio de Justicia ni la fiscalía pueden intervenir en los asuntos de los grupos reconocidos oficialmente como organizaciones religiosas. Y por eso, cuando un miembro de ese tipo de grupos del que se sospecha que va a cometer un crimen o delito en el futuro es excarcelado provisionalmente, dejarlo bajo la vigilancia de la policía o del Ministerio de Justicia supone una violación de la Ley de Personas Jurídicas Religiosas.

Como reacción al atentado de Aum Shinrikyō se puso en vigor la Ley de Regulación de Organizaciones —“para regular las organizaciones responsables de homicidios indiscriminados en masa”—, y hoy en día la secta se somete a la supervisión de la Agencia de Inteligencia para la Seguridad Pública. Sin embargo, las autoridades responsables de la seguridad no pueden injerir en los problemas surgidos en otras organizaciones hasta que se conviertan en casos criminales.

En la actualidad la expansión del terrorismo islámico supone un grave problema tanto en Oriente Medio y África como en Europa y Estados Unidos. Se trata de una situación que podría extenderse al resto del mundo, incluido Japón. Aun así, mientras las organizaciones responsables se disfracen de grupos religiosos, en el statu quo la policía japonesa no puede intervenir en caso de un ataque terrorista.

¿Es Japón un Estado?

A mi entender, el Japón que constituyó el general MacArthur al acabar la Segunda Guerra Mundial carecía de todos los elementos básicos de un auténtico Estado: la policía, la seguridad, la defensa, la diplomacia y la gestión de crisis. Japón tenía una sociedad, pero no un Estado; tenía una población, pero no una ciudadanía.

Hoy en día en Japón está despertando la conciencia de Estado. Creo que se está desarrollando un movimiento para restablecer el Estado japonés. Como expuso el politólogo alemán Ferdinand Lassalle en su concepto del “Estado como vigilante nocturno”, el Estado debe velar para que los ciudadanos puedan dormir tranquilos por la noche. La seguridad, la defensa, la diplomacia, la gestión de crisis y la gestión de situaciones de emergencia son obligaciones del Estado. No sé si habrán leído la obra de Lassalle o si habrán conocido de otro modo su pensamiento, pero tanto el ex primer ministro Koizumi Jun’ichirō como el actual primer ministro Abe Shinzō parecen beber de su idea de Estado.

El ex primer ministro Koizumi puso todo su empeño en la privatización del servicio postal nacional japonés. Según Lassalle, el reparto postal y la designación de los maestros de escuela entran en la categoría de servicios que no son tarea del Estado y que pueden delegarse a los gobiernos regionales, al sector privado o, en un caso extremo, a entidades extranjeras.

La función de “vigilante nocturno” es cosa del Estado. En el Japón de posguerra la seguridad, la defensa, la diplomacia y la gestión de crisis estaban en manos de los Estados Unidos, y como resultado Japón se hallaba en la tesitura de tener sociedad pero carecer de Estado, de tener miembros de la sociedad y habitantes pero carecer de ciudadanos. Durante largos años en Japón se desatendió la seguridad, la defensa y la diplomacia. Y, desde el fin de la guerra, nunca como ahora se había tenido tan en cuenta el problema de la defensa nacional, y en especial de la defensa marina.

Han pasado ya veinte años desde aquel 1995 en que se concentraron todo tipo de crisis nacionales, y, como acabo de exponer, Japón no ha avanzado nada en la gestión de crisis desde entonces. El mito de la seguridad permanece firmemente arraigado en todas las áreas, e incluso los supuestos responsables de estas áreas se refugian en dicho mito para no ver la realidad. Ahora bien, creo que en estos últimos años por fin ha empezado a germinar la conciencia para reflexionar sobre qué papel debe desempeñar el Estado. Ojalá que la niebla del mito de la seguridad se esfume cuanto antes.