Japón, cada vez más solo en su defensa de la pena de muerte

Dos años y siete meses sin ejecuciones por el “efecto Hakamata”

Desde que el 26 de julio de 2022 fue ahorcado en el Centro de Detención de Tokio Katō Tomohiro (39 años), un hombre que había causado una matanza indiscriminada en el barrio tokiota de Akihabara, no se han vuelto a llevar a cabo ejecuciones en Japón. Son más de dos años y siete meses sin ejecuciones, el “vacío” más largo desde que el Ministerio de Justicia comenzó a hacer públicos, en 2007, los nombres y delitos cometidos por los reos ajusticiados.

Detrás de este vacío observamos dos hechos. Por una parte, la sentencia absolutoria tras repetición de juicio dictada en octubre de 2024 a Hakamata Iwao; por otra, por la creciente severidad con que se mira el sistema japonés de la pena capital desde la comunidad internacional, especialmente desde los países europeos.

Las críticas contra el secretismo del Ministerio de Justicia, que coloca al reo de muerte en un entorno completamente aislado del exterior, no le comunica la ejecución de la sentencia hasta el último momento y no hace públicos detalles al respecto, se vienen vertiendo desde hace mucho tiempo. Pero la problemática que rodea este sistema está siendo contemplada con renovado interés a raíz de la ratificación de la citada sentencia exculpatoria en favor de Hakamata y de las críticas internacionales, circunstancias que le han complicado al citado ministerio la reanudación de las ejecuciones.

La notificación remitida en noviembre de 2024 al Gobierno de Japón por un grupo de relatores especiales designado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expone con gran claridad los problemas que presenta el sistema japonés de pena de muerte. Los relatores, académicos y expertos que han superado una inspección por parte del consejo, tienen la función de investigar los problemas relativos a los derechos humanos basándose en informaciones fidedignas y, en caso de sospechar que se haya cometido alguna violación del derecho internacional, informar al Gobierno en cuestión. Fue la primera vez que el Gobierno japonés recibía una notificación específicamente sobre el sistema de pena de muerte.

Los relatores señalaron que la ejecución de la sentencia no se comunica al reo hasta la mañana del día en que va a morir y a la familia hasta después de la ejecución. Además, calificaron el método de ejecución, que en Japón es el ahorcamiento, de inhumano, y consideraron que podría suponer una violación del derecho internacional. Todos estos puntos venían siendo criticados en Japón desde hacía mucho tiempo por abogados, asociaciones cívicas y otras personas y entidades.

Aislamiento riguroso y falta de información sobre la fecha de ejecución

Los reos de muerte en cuyos casos judiciales se ha obtenido una sentencia firme quedan recluidos en alguno de los siete centros de detención dotados de instalaciones para la ejecución de la pena capital (Sapporo, Sendai, Tokio, Nagoya, Osaka, Hiroshima y Fukushima). Los reglamentos que rigen el tratamiento recibido por los reos en estas instalaciones establecen que se debe tratar de asegurar su estabilidad emocional y para ello el Ministerio de Justicia sigue el principio de evitar en lo posible que tengan cualquier contacto con el exterior.

Durante el proceso, los acusados disfrutan, en principio, de libertad para mantener correspondencia escrita con el exterior y recibir visitas, pero una vez declarados reos de muerte solo pueden contactar con sus familiares y con personas especialmente autorizadas para ello.

Hasta mediados de la década de 1970, se realizaba un tratamiento colectivo de los reos de muerte, que podían hacer ejercicio juntos en los centros de detención. Además, se les permitía criar pájaros en sus celdas individuales. Sin embargo, hoy en día pasan la mayor parte del día en sus respectivas celdas. Entre los reos que no han recibido ninguna visita durante un largo periodo, se dan casos de deterioro de la capacidad del habla y otros trastornos.

El aviso de que van a ser finalmente ejecutados le llega al reo apenas una o dos horas antes. Sin que sus familiares hayan podido despedirse de él, es escoltado hasta la sala de ejecución. El ministerio sostiene que avisando a los reos con más antelación podría dañarse gravemente su estabilidad emocional, pero el actual sistema, en el que permanentemente deben soportar en soledad el miedo a ser ejecutados ese mismo día, ha sido siempre muy criticado por infligir a los reos un sufrimiento adicional al de la ejecución en sí.

Hasta mediados de la década de 1970 el sistema era algo más relajado, pues se avisaba a los reos con una antelación de uno o dos días, plazo durante el cual se permitían las visitas de los familiares. Se cree que ese plazo dejó de concederse a raíz del suicidio de un reo tras haber sido avisado.

Pero para saber qué efectos causa el actual sistema en los reos no hay más que considerar el caso del citado Hakamata, quien, sometido permanente al miedo en soledad durante más de 30 años ha sufrido daños psicológicos tan graves que han afectado incluso a su capacidad de comunicación. En una carta dirigida al miembro de un grupo de apoyo, un reo de muerte explicaba que “al reo se le priva de su vida mediante la ejecución, pero su existencia ya ha sido borrada primero de la sociedad antes de la ejecución, pues desde el momento en que la sentencia de muerte es firme se han cortado todos sus lazos sociales”. Así pues, el tratamiento de los reos de muerte en Japón se hace en un ambiente mucho más cerrado que el de, por ejemplo, Estados Unidos, otros de los países donde subsiste la pena capital.

El ahorcamiento, ¿un método cruel?

Otro aspecto de la pena de muerte en Japón que es visto como un problema es el método utilizado, el ahorcamiento, del que se dice que es cruel. El Tribunal Supremo lo negó en una sentencia de 1955 en la que afirmaba que “no cabe decir que el método del ahorcamiento, que es el que adopta actualmente nuestro país, sea especialmente más cruel que otros métodos desde el punto de vista humanitario”. Sin embargo, entre los investigadores y abogados existe la opinión de que sí que puede calificarse de cruel, ya que durante el ahorcamiento el ejecutado puede sufrir la separación de la cabeza del tronco.

Durante las vistas de un juicio por incendio intencionado y asesinato celebrado en 2011 en el Tribunal de Distrito de Osaka, un médico forense austriaco llamado a declarar por la defensa dijo que “existe la posibilidad de que el cuerpo sufra daños, dependiendo de factores como la longitud de la cuerda y del peso corporal”. Por su parte, un exfiscal que contaba con la experiencia de haber presenciado ejecuciones manifestó que el ahorcamiento era una pena tan horrorosa que mantener la mirada resultaba insoportable, por lo que podía considerarse una violación del artículo 36 de la Constitución de Japón, que prohíbe los castigos penales crueles.

En este mismo caso, el Tribunal de Distrito de Osaka reconoció que en algunos casos el ejecutado mediante ahorcamiento puede estar más de dos minutos colgando sin perder la consciencia, tiempo durante el cual experimentaría sufrimiento, pese a lo cual concluyó, sin mostrar pruebas concretas, que el ahorcamiento “no es un castigo penal cruel”.

Cabe recordar que en Estados Unidos el ahorcamiento fue sustituido por la silla eléctrica por ser demasiado cruel, y que posteriormente la silla eléctrica dio paso a la inyección letal por ser un método “inhumano”.

Un periodista japonés que ha realizado reportajes en Estados Unidos explicó que en dicho país el ahorcamiento trae a la gente recuerdos de los linchamientos o ejecuciones públicas de negros y que causa reparos incluso entre los defensores de la pena de muerte. Este disgusto que causa el ahorcamiento se deja entrever también tras la notificación de los relatores especiales de la ONU.

El Gobierno de Japón no cambia de postura

Sin embargo, pese a todos estos problemas y a las críticas de la comunidad internacional, no hay indicios de que el Gobierno de Japón esté dispuesto a revisar el sistema de la pena de muerte. Uno de los argumentos que esgrime el Gobierno es que este sistema cuenta con el apoyo popular.

Una vez cada cinco años, la Oficina del Gabinete lleva a cabo una encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la pena de muerte. Según la realizada en 2019, el 80,8 % de la población la considera “un mal necesario”. El porcentaje más alto de aprobación para la pena de muerte, un 85,6 %, se obtuvo en la encuesta publicada en febrero de 2010, realizada el año anterior. Basándose en los datos de esta encuesta, los medios de comunicación japoneses vienen difundiendo la idea de que más del 80 % de los japoneses apoyan la pena capital.

En diciembre de 2021, cuando fueron ejecutados tres reos de muerte, el entonces ministro de Justicia, Furukawa Yoshihisa, dijo durante una rueda de prensa extraordinaria que “hoy en día, la mayor parte de la gente considera ineludible la pena de muerte en los casos de delitos especialmente viles o atroces”. Sus predecesores en el cargo también han utilizado ese mismo argumento, una prueba de la importancia que confiere el Ministerio de Justicia a las encuestas de opinión.

De todos modos, hay que recalcar que, aunque el Gobierno enfatice el apoyo popular que muestran las encuestas, la mayor parte de los datos concretos existentes sobre la pena de muerte no ven la luz pública. Además de que, lógicamente, es muy difícil conocer el día a día de los reos o su estado anímico debido a la práctica imposibilidad de entrevistarse con ellos, el ministerio extiende un tupido velo sobre otros muchos aspectos del sistema, como con qué criterios se elige entre la población de reos a los próximos ejecutados o cómo se desarrolla la ejecución. Después de llevarse a cabo esta, el ministro la hace pública en una rueda de prensa extraordinaria, pero apenas da más datos que el nombre del ejecutado, los delitos por los que fue condenado o el lugar de la ejecución, respondiendo a la curiosidad de los informadores por nuevos detalles con el acostumbrado “me abstendré de responder a su pregunta”. Aquí también se utiliza el argumento de la “estabilidad emocional” para justificar la parquedad informativa.

Exfiscales y ex altos mandos policiales toman la iniciativa

Sobre la pena de muerte existen diferentes opiniones y es natural que sea así. Sin embargo, la forma de asumirla varía mucho según se haga en un ambiente de ausencia casi absoluta de relevaciones o en otro en el que la información se hace pública decididamente. En Estados Unidos se publica con antelación la fecha de cada ejecución y el desarrollo de esta puede ser observado por los familiares tanto de las víctimas como de los reos, además de por informadores, siendo posteriormente revelados todos los detalles. Decíamos que Estados Unidos es, junto a Japón, uno de los pocos países desarrollados que mantiene la pena de muerte, pero no hará falta decir que allí la apertura informativa ha hecho posible un vivo debate entre la ciudadanía.

En febrero de 2024 inició sus actividades la “Mesa redonda sobre la pena de muerte en Japón”, una organización cívica que promueve el debate sobre el mantenimiento o abolición de esta pena y sobre su modo de ejecución. En noviembre de ese mismo año esta organización, integrada por 16 personas entre las que figuran parlamentarios de la Dieta (legislativo nacional), académicos, un ex director de la fiscalía y un ex director general de la Policía Nacional, así como el que suscribe estas líneas, entregó un informe al primer ministro Ishiba Shigeru.

En el informe se señalaban los puntos más problemáticos del sistema, como el riesgo de que se dicten sentencias de muerte basadas en errores judiciales o la falta de apertura informativa, y se recomendaba a la Dieta y al gabinete de Gobierno que establecieran lo antes posible algún órgano de discusión pública sobre la abolición o mantenimiento de esta pena y sobre su funcionamiento.

En respuesta a esto, el portavoz del Gobierno, Hayashi Yoshimasa, secretario en jefe del Gabinete, manifestó que la abolición de la pena de muerte “no era lo apropiado”, mostrándose también contrario al establecimiento de un consejo y órgano de discusión.

Según estadísticas de Amnistía Internacional correspondientes a 2023, 144 de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, lo que representa cerca del 70 % del total, han abolido la pena de muerte o no la han aplicado durante los últimos 10 años. Aunque el Gobierno dice practicar una “diplomacia de los derechos humanos”, en lo concerniente a la pena de muerte su posición es ya claramente minoritaria.

Fotografía del encabezado: Yamada Hideo, fiscal superior de la prefectura de Shizuoka, pide perdón públicamente en Hamamatsu en noviembre de 2024 al exreo de muerte Hakamata Iwao (sentado, centro), que fue absuelto en la repetición del juicio después de haber sido condenado a muerte por un cuádruple asesinato ocurrido en dicha prefectura. (Fotografía servida a los medios por la agencia de noticias Kyōdō)

(Traducido al español del original en japonés.)