El plan energético de Japón: un giro en la postura hacia la energía nuclear

La matriz energética de Japón

En febrero de 2025, el Gabinete del Gobierno aprobó el séptimo plan básico de energía de Japón que establece objetivos para responder a la creciente demanda de electricidad manteniendo al mismo tiempo al país en la senda de la neutralidad del carbono para 2050. La versión más reciente del plan sitúa a las energías renovables como la principal fuente de electricidad, al aumentar su actual proporción del 20 % en la matriz energética nacional hasta entre el 40 % y el 50 %. Asimismo, contempla “maximizar” la energía nuclear, elevando su participación del 8,5 % registrado en 2023 a alrededor del 20 % para 2040. En cambio, la dependencia de la generación termoeléctrica basada en combustibles fósiles se reducirá desde el nivel actual de aproximadamente el 70 % hasta entre el 30 % y el 40 %, lo que conllevará una disminución considerable de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Matriz energética de Japón actual y futura

Creado por nippon.com a partir de los datos del Séptimo plan estratégico de energía de la Agencia para los Recursos Naturales y la Energía.

El énfasis que este último plan hace en maximizar la energía nuclear representa un punto de inflexión claro para el Gobierno, que pretende alcanzar este objetivo extendiendo la operación de los reactores existente más allá del límite de 40 años “en principio” y promoviendo el desarrollo y despliegue de reactores avanzados de última generación.

La suposición de una demanda creciente

Japón elabora su plan energético sobre la base de previsiones a largo plazo de oferta y demanda. El giro hacia la maximización de la energía nuclear se sustenta en el supuesto de que la expansión de tecnologías digitales como la inteligencia artificial y el internet de las cosas (IdC) impulsará de manera significativa el aumento de la demanda eléctrica. Aunque a primera vista esto parece lógico, la fiabilidad de las proyecciones de demanda futura en las que se basa resulta cuestionable. Por ejemplo, un informe de la Organización para la Coordinación Interregional de Operadores de Transmisión de Japón (OCCTO, por sus siglas en inglés), entidad privada creada en 2015 para ayudar a gestionar la red eléctrica de Japón, muestra que las previsiones de demanda han sobreestimado sistemáticamente el consumo desde 2016.

La altísima incertidumbre inherente a este tipo de cálculos suscita dudas sobre la premisa de que el creciente número de centros de datos en Japón disparará la demanda energética hasta niveles estratosféricos. No faltan expertos que sostienen que, lejos de incrementarla sin más, la digitalización reducirá en realidad el consumo eléctrico total gracias a nuevas tecnologías que mejoran de forma notable la eficiencia energética.

Problemas con el proceso de toma de decisiones

A lo largo de las últimas décadas, Japón ha trabajado para liberalizar su mercado eléctrico con el objetivo de pasar de un sistema dominado por compañías regionales reguladas por el Estado a un modelo regido por el mercado. Sin embargo, la estrategia energética centralizada del Gobierno resulta poco adecuada para un mercado que se ha vuelto menos predecible a medida que un número creciente de actores, incluidas grandes empresas gasistas y firmas de telecomunicaciones, se lanzan al ruedo. Si se pretende que prevalezcan los principios del mercado, Japón debería seguir el ejemplo de Europa y Estados Unidos, que fueron pioneros en la liberalización de los mercados energéticos, y abandonar su modelo de oferta y demanda determinado de manera centralizada.

Otra carencia del plan energético es la ausencia de enfoques alternativos. El documento ofrece escasas señales de que sus redactores hayan considerado todas las opciones disponibles para definir las alternativas que mejor se ajusten a las necesidades del país. En otras palabras, no existe un “plan B”, cuya ausencia priva a la política energética japonesa de la flexibilidad necesaria para adaptarse a futuras incertidumbres.

A estas preocupaciones se suma la prolongada adhesión de Japón al modelo de toma de decisiones basado en comités. El Gobierno designa a expertos para el Comité Asesor para los Recursos Naturales y la Energía, que posteriormente elabora el plan estratégico de energía. Sin embargo, el órgano está compuesto en gran medida por miembros cuyos intereses están directamente vinculados a las políticas objeto de debate. Esto limita la diversidad de opiniones expresadas, una deficiencia que se ve agravada por la llamativa escasa participación de representantes de la sociedad civil.

No sorprende, por tanto, que la respuesta pública al impulso para reactivar los reactores nucleares haya sido, en el mejor de los casos, tibia, al percibirse la decisión como impulsada por un reducido grupo de actores interesados más que como el resultado de un verdadero debate nacional.

Cuestiones de viabilidad económica

El Gobierno no ha logrado presentar un argumento económico convincente que respalde su decisión de maximizar la energía nuclear. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria ya reconoció en 2021 que la energía atómica no era la fuente de generación más eficiente desde el punto de vista económico. Esta conclusión se ve respaldada por las evaluaciones más recientes sobre los costos de generación eléctrica, que sitúan a la nuclear como una opción más costosa que la energía solar.

No obstante, el objetivo de sustituir parte de las instalaciones existentes ha llevado a la Compañía Eléctrica de Kansai (KEPCO) a estudiar el terreno de su planta de Mihama, en la prefectura de Fukui, para la construcción de un reactor de nueva generación. Se trata del primer proyecto nuclear emprendido por una compañía eléctrica desde el accidente de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi. Sin embargo, el presidente de KEPCO, Mori Nozomu, ha expresado dudas sobre la rentabilidad de la iniciativa. En declaraciones a la cadena pública NHK, Mori afirmó que el éxito del proyecto depende de que el Gobierno adopte políticas que garanticen la viabilidad económica a largo plazo de la energía nuclear.

Con este fin, las autoridades estudian un sistema de apoyo a la construcción de nuevas centrales nucleares que permitiría recuperar los costos añadiendo un recargo a las tarifas eléctricas. La propuesta ha suscitado críticas: sus detractores sostienen que no hay mejor prueba de la dudosa viabilidad económica de la energía nuclear que la necesidad de trasladar al público la factura de los nuevos reactores. También existe el riesgo de que surjan problemas debido a que el Gobierno aún no ha aclarado cómose armoiza esta política con su objetivo de ampliar la vida operativa de los reactores ya existentes.

Beneficios limitados

El plan energético de Japón justifica su apuesta por maximizar la energía nuclear apelando a objetivos elevados como garantizar un suministro estable de electricidad y contribuir a la mitigación del cambio climático. Sin embargo, es probable que su impacto real en estos ámbitos sea limitado.

La energía nuclear es una fuente de base, pero en Japón el prolongado apagón de las centrales tras el desastre de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi, junto con la creciente incertidumbre sobre la capacidad de los reactores para superar los estrictos nuevos requisitos regulatorios y otros obstáculos, le ha impedido cumplir plenamente ese papel. En 2024, la producción media de la energía nuclear fue de apenas el 30,6 % de su capacidad instalada, lo que pone seriamente en duda su fiabilidad como fuente estable de electricidad.

En lo que respecta al avance de los objetivos climáticos de Japón, aprovechar al máximo el potencial nuclear existente contribuiría sin duda a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. No obstante, el énfasis en la energía nuclear también podría tener un efecto negativo si obstaculiza la transición hacia las energías renovables y otras formas de energía limpia. Conviene recordar, además, que la construcción de una central nuclear puede llevar más de 20 años. La reducción de emisiones derivada de cualquier nueva instalación no se materializaría antes de 2045 como muy pronto, por lo que su impacto en la meta de Japón de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 sería, en el mejor de los casos, marginal.

La central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO). La reactivación del reactor número 6 de la central fue aprobado el 21 de noviembre de 2025 por el gobernador de Niigata, Hanazumi Hideyo. (© Pixta)

Fomentar la confianza del público

Por último, los dos desafíos más acuciantes que enfrenta la política nuclear de Japón son la decisión sobre el emplazamiento definitivo para la disposición final del combustible gastado y otros residuos radiactivos de alta actividad, y el desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi. Mientras estas cuestiones sigan sin resolverse, resulta poco probable que la energía nuclear logre un respaldo público amplio.

En la actualidad se están llevando a cabo estudios en tres posibles ubicaciones para el almacenamiento (las localidades de Suttsu y Kamoenai, en Hokkaidō, y Genkai, en Saga), pero la decisión final sobre un emplazamiento permanente sigue lejana. Desde un punto de vista práctico, la necesidad de resolver dónde almacenar los residuos nucleares es una cuestión que trasciende las divisiones partidistas. Ello debería reflejarse en la legislación correspondiente, junto con los marcos institucionales necesarios y la creación de un organismo independiente de terceros que evalúe de manera objetiva el proceso de disposición final.

El desmantelamiento de Fukushima Dai-ichi y las labores de recuperación en curso en las zonas afectadas por la fusión del núcleo constituyen asimismo cuestiones críticas y de carácter no partidista. Sin embargo, la hoja de ruta para el desmantelamiento de la central siniestrada no solo carece de un fundamento jurídico sólido, sino que el plazo de entre 30 y 40 años previsto para completar el proceso se basa en premisas científicas cuestionables. Entre los numerosos problemas que permanecen sin resolver 14 años después del accidente figuran la definición de los objetivos generales del proyecto de desmantelamiento, el establecimiento de marcos para su ejecución y evaluación (así como para su supervisión independiente), la revisión de los costos y del reparto de cargas, la gestión del suelo contaminado, el tratamiento del agua procesada y la construcción de consensos a escala local e internacional. La situación actual exige que el Gobierno reevalúe de manera fundamental su enfoque.

Transparencia y una evaluación justa

Para aplicar sin sobresaltos su política nuclear, el Gobierno necesita ganarse la confianza tanto de la ciudadanía japonesa como de la comunidad internacional. Para ello, debe divulgar la información que sustenta sus decisiones y considerar seriamente alternativas que reflejen las opiniones de una amplia gama de actores implicados. El proceso de revisión no puede limitarse a evaluaciones internas, sino que debe incorporar también aportaciones derivadas de análisis independientes realizados por terceros.

Por último, el proceso de formulación de políticas debe ser completamente transparente, y las autoridades deben entablar, como práctica habitual, un diálogo sincero con la sociedad y con la comunidad internacional. Solo mediante una reforma de fondo de su rígido sistema de toma de decisiones podrá Japón aspirar a recabar apoyo para su plan energético básico, tanto en el ámbito nacional como en el escenario internacional.

(Publicado en japonés el 14 de enero de 2026 y traducido al español de la versión en inglés. Imagen del encabezado: la primera ministra Takaichi –segunda por la izquierda– escucha a Ono Akira, a la izquierda, presidente de la Empresa de Ingeniería de Descontaminación y Desmantelamiento de Fukushima Dai-ichi, durante una inspección en la central nuclear del norte de Japón el 2 de diciembre de 2025. © Jiji; pool photo.)