Makishima Karen, diputada del PLD: “Japón debe apoyar a la presidenta de la Corte Penal Internacional”

Una medida inaceptable

La Corte Penal Internacional (CPI) tiene como objetivo promover el Estado de derecho en todo el mundo y contrarrestar el imperio de la fuerza. Japón ha enfatizado constantemente la importancia de este tribunal. Varios colegas de la Dieta y yo nos hemos reunido con regularidad con la presidenta de la CPI, Akane Tomoko, para intercambiar opiniones cada vez que regresa a Japón. Akane lleva mucho tiempo expresando su preocupación por convertirse en objeto de sanciones, algo que ocurrió realmente con el anuncio del 18 de agosto por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Esto es inaceptable.

La mañana del 19 de agosto, hora de Japón, publiqué en X que no podemos hacer la vista gorda ante esta medida. También señalé que socavar la independencia del tribunal supone un grave problema para la comunidad internacional. Muchos de los comentarios que recibí compartían la opinión de que la CPI no debe ser desmantelada (algo que ha amenazado con hacer la Administración Trump) y de que deberíamos hacer más para respaldar a la presidenta Akane. Creo que una gran parte de la sociedad japonesa comparte mi opinión.

Hay quien pregunta si acaso la defendemos solo por ser japonesa. Pero a la presidenta de la CPI deberíamos defenderla sin importar su nacionalidad. Dicho esto, el Gobierno tiene como objetivo político aumentar el número de ciudadanos japoneses que ocupan puestos de alto nivel en organizaciones internacionales. Si, tras apoyar sus candidaturas, no los respaldamos cuando un aliado les impone sanciones, ¿quién aspirará a ocupar puestos de liderazgo en el futuro? Se trata de una cuestión clave de estrategia diplomática.

La presidenta de la CPI, Akane Tomoko, incluida en la lista de sanciones de la Administración Trump, interviene en una rueda de prensa en línea organizada por el Club Nacional de Prensa de Japón el 26 de agosto de 2026. (© Kyōdō)

No se debe proteger la seguridad a expensas del Estado de derecho

La primera ministra Takaichi Sanae respondió en un principio a la situación el 19 de agosto diciendo “zannen ni omou” (“me parece una pena”), una expresión que, sobre todo al traducirse al inglés como unfortunate (“lamentable”), fue tachada de excesivamente moderada. Sin embargo, su posterior declaración del 25 de agosto, en la que afirmaba que las medidas adoptadas por Estados Unidos no son compatibles con la postura de Japón, ha atenuado dichas críticas. Huelga decir que la alianza con Estados Unidos constituye la piedra angular de la seguridad nacional de Japón, pero la seguridad no puede conseguirse a costa del Estado de derecho. No se puede sacrificar una cosa a cambio de la otra. Incluso entre aliados, hay momentos en los que hay que hablar con claridad.

Algunos de los argumentos que se esgrimen para justificar las sanciones de EE. UU., como la preocupación de que el tribunal llegue a detener a personal militar estadounidense, son engañosos e insostenibles. Estados Unidos cuenta con un sistema propio de tribunales militares, y con un poder judicial en perfecto estado. La CPI no supone una amenaza para la soberanía de EE. UU., sino que desempeña tan solo un papel complementario. De estarse difundiendo ideas erróneas debido a la falta de comprensión, Japón tendrá que colaborar con otros países miembros para ofrecer explicaciones más claras.

Las cuestiones de política exterior y de seguridad suelen convertirse en puntos conflictivos en Estados Unidos, sobre todo cuando se acercan las elecciones. Japón debe tener en cuenta esa dinámica en su análisis y recabar información teniendo todo esto muy presente. Por su parte, Europa está realizando un esfuerzo concertado para mantener la CPI como institución.

La CPI tiene su sede en La Haya, y el Gobierno neerlandés ya ha tomado medidas para garantizar que la presidenta Akane pueda vivir y trabajar allí con seguridad. El 26 de agosto visité la embajada de los Países Bajos en Tokio junto con el diputado Ide Yōsei para expresar nuestro agradecimiento al embajador Gilles Beschoor Plug y confirmar nuestra estrecha coordinación continua.

Un tema habitual en los exámenes de acceso

Durante una visita a los Países Bajos antes de las últimas sanciones, me enteré de que los jueces de la CPI pueden tener dificultades para viajar, ya que corren el riesgo de ser detenidos al transitar por Estados no miembros que se muestran críticos con el tribunal. Las sanciones implican que la presidenta Akane ya no puede entrar en Estados Unidos ni asistir a la Asamblea General de la ONU. Incluso para regresar a Japón, es posible que tenga que tomar vuelos directos desde los Países Bajos sin escalas.

Casualmente, el Estado de derecho fue el tema del concurso de ensayos sobre política internacional y diplomacia de este año que organiza anualmente la Oficina Internacional del PLD. El concurso, celebrado antes de las sanciones, atrajo a participantes de un amplio espectro de la sociedad: desde estudiantes de secundaria hasta estudiantes de posgrado, pasando por adultos en activo. En cierto ensayo, un estudiante de bachillerato señalaba que tanto la presidenta de la Corte Penal Internacional como el presidente de la Corte Internacional de Justicia son actualmente japoneses. Durante una reunión con los galardonados el 15 de julio, pregunté por qué le había interesado ese tema. Me sorprendió descubrir que se trata de un tema que suele aparecer en los exámenes de acceso a muchos institutos privados de gran competitividad.

Las sanciones impuestas a la presidenta Akane han tenido una amplia repercusión mediática en Japón. Un aspecto positivo de todo este revuelo podría ser que ha permitido que la opinión pública comprenda mejor la importancia fundamental del Estado de derecho para los intereses nacionales de Japón.

(Artículo publicado originalmente en japonés el 28 de agosto de 2026, basado en una entrevista realizada por Koga Kō, de nippon.com, y traducido al español de la versión en inglés. Imagen del encabezado: Makishima Karen - © Nomura Kazuyuki.)