Mi punto de vista

La era de las reformas sin rumbo: una comparación con 1993

Política

Aunque los recientes escándalos de corrupción que sacudieron al Partido Liberal Democrático evocan el precedente de 1993, las consecuencias políticas han sido muy distintas: la fragmentación de las fuerzas de la oposición ha permitido al PLD mantenerse en el poder.

Grandes diferencias entre lo sucedido en 1993 y en 2024

La evolución de la política japonesa en los últimos años guarda cierta similitud con la de finales de la década de 1980 y principios de la de 1990.

En ambos casos, el detonante fue el descubrimiento de escándalos de corrupción política y financiera dentro del partido gobernante (el caso Recruit y el asunto de los fondos políticos no declarados), lo que provocó un fuerte aumento de la desconfianza ciudadana. Este descontento se convirtió en el motor que impulsó el auge de nuevos partidos y desestabilizó el hasta entonces sólido sistema de predominio de una sola fuerza política. Tanto en las elecciones a la Cámara de Representantes (Cámara Baja) de 1993 como en las de 2024, el Partido Liberal Democrático (PLD) sufrió sendas derrotas históricas que le hicieron perder la mayoría parlamentaria.

Sin embargo, tras esta semejanza superficial, existen grandes diferencias entre 1993 y 2024 (o 2025, año en el que la coalición gobernante también se vio abocada a perder la mayoría en la Cámara de Consejeros).

La divergencia más evidente se observa en el desenlace político: mientras que el primer escenario condujo a un cambio de Gobierno, en el segundo la coalición liderada por el PLD logró mantenerse en el poder. Dicho de otro modo, en 1993 la mayoría de las fuerzas enfrentadas al PLD lograron consensuar la formación de un Ejecutivo de coalición, un pacto que no llegó a materializarse en esta última ocasión. Tras los comicios a la Cámara de Consejeros del año pasado, se gestó un movimiento encabezado por el Partido Democrático Constitucional de Japón (PDCJ) para proponer a Tamaki Yūichirō, líder del Partido Democrático para el Pueblo (PDP), como candidato a primer ministro, pero el proyecto no llegó a realizarse.

¿Por qué se produjo este resultado tan dispar? En el tablero político del otoño de 2025, la “indecisión” de Tamaki y sus aptitudes como líder fueron objeto de constantes críticas. Si bien Tamaki enfatizaba su “determinación para asumir el cargo de primer ministro”, se mostró reacio a coaligarse con el PDCJ, una formación de la que le separaban marcadas diferencias en materia de seguridad nacional y política energética. Ante esta postura, el secretario general del PDCJ, Azumi Jun, le instó a tomar una decisión argumentando que “no hay seriedad mientras se intente eludir la situación con palabras bonitas”, pero la brecha entre ambos resultó insalvable hasta el final.

Por el contrario, en 1993, Hosokawa Morihiro, líder del Nuevo Partido de Japón, dio el paso de asumir la jefatura de un Gobierno de coalición integrado por siete partidos y un grupo parlamentario. Conviene recordar que esta alianza incluía al Partido Socialista de Japón, que en aquel entonces aún no había abandonado de forma explícita su doctrina de neutralidad desarmada. Por más que el actual PDCJ se sitúe más a la izquierda que el PDP, no rechaza la existencia de las Fuerzas de Autodefensa ni el Tratado de Seguridad entre Japón y Estados Unidos, por lo que su distancia ideológica no es equiparable a la que mediaba entre Hosokawa (procedente del propio PLD) y los socialistas. Bajo esta premisa, ¿cabe concluir que el fracaso del cambio de Gobierno en 2025 se debió exclusivamente a la falta de altura de miras de Tamaki?

No obstante, considero que Tamaki cargó injustamente con las culpas en la crisis política de 2025, despertando cierta compasión por mi parte. Desde mi punto de vista, el fracaso en la formación de un ejecutivo alternativo el año pasado no responde tanto a las aptitudes personales de los líderes de la oposición como a un factor mucho más estructural. A saber: la ausencia de un eje de debate o de una “causa mayor” que unificara a las fuerzas contrarias al PLD.

En 1993, el “impulso de la reforma política” se convirtió en la bandera que aglutinó a las fuerzas contra el PLD. En aquel momento existía un relativo consenso sobre el contenido de dicha reforma, que se centraba en la necesidad de modificar el sistema electoral, además de regular la financiación de los partidos.

Por aquella época, tanto en el ámbito de la ciencia política como en los editoriales de los medios de comunicación, prevalecía la tesis de que los vicios del llamado “sistema de 1955” se debían fundamentalmente al modelo electoral de la Cámara de Representantes, basado en circunscripciones plurinominales de magnitud media. Se señalaba a este sistema como el causante de las ineficientes políticas clientelares del PLD, de las encarnizadas luchas internas entre facciones oficialistas, de la falta de alternancia en el poder y de los incesantes casos de corrupción.

Aunque existían discrepancias sobre el diseño del nuevo modelo, la presión de la opinión pública, que exigía un cambio, hacía muy difícil que los políticos se opusieran a la abolición de las circunscripciones plurinominales intermedias. Gracias a este único punto de encuentro, numerosas facciones aparcaron la tradicional pugna ideológica entre conservadores y progresistas para unirse en un frente común (si bien, tan pronto como se materializó la reforma electoral, el Gobierno de Hosokawa perdió su único nexo de unión y se desmoronó).

Falta de consenso para la regeneración de la política nacional

En la década de 2020, no existe un punto de acuerdo equivalente. Es cierto que la reforma electoral ha vuelto a figurar en la agenda política actual. Sin embargo, no hay consenso alguno sobre su contenido, ni en la sociedad ni en las propias instituciones, por lo que no funciona como un elemento dinamizador que fomente la convergencia o dispersión de las fuerzas políticas.

Mientras un partido promete reducir el número de escaños de la Cámara Baja, otro aboga por la implantación de un sistema plurinominal de voto múltiple y un tercero defiende la introducción de cuotas de género; cada uno defiende su propia propuesta de manera aislada. No existe una meta común, ni siquiera en el aspecto fundamental de si se debe desmantelar el armazón del sistema vigente, que combina distritos uninominales con la representación proporcional.

¿Por qué carecemos hoy de un objetivo concreto para la reforma política? La razón principal estriba en que la meta explícita de abolir las circunscripciones de magnitud media ya se alcanzó en el pasado. Aquel sistema, considerado el origen evidente de los males de la política japonesa, fue suprimido hace ya mucho tiempo. A pesar de ello, los problemas de corrupción y financiación no han desaparecido, ni parece haberse consolidado un sistema bipartidista que garantice la alternancia real en el poder.

Ante este panorama, nadie —incluidos los politólogos— tiene la certeza de qué modelo electoral debe adoptarse ahora para regenerar la política del país.

A esto se suma la dificultad actual de buscar referentes en el extranjero como modelos de reforma. Hacia 1990, el sistema de gobierno del Reino Unido (el modelo de Westminster), cuna del parlamentarismo, se fijó como la meta a seguir. Esa fue la razón por la que se introdujeron los distritos uninominales en el nuevo diseño electoral.

Sin embargo, las potencias occidentales, supuestos referentes de la “democracia avanzada”, atraviesan hoy graves dificultades económicas y se hallan sumidas en una ola de populismo, lo que genera serias dudas sobre su idoneidad como ejemplo. Incluso el Reino Unido, paradigma de bipartidismo estable, se ve hoy amenazado por el auge de partidos populistas de derecha radical.

En esta “era de reformas sin rumbo”, resulta extremadamente difícil que las fuerzas de la oposición, desprovistas de una causa legítima, se unan —siquiera de forma transitoria— para plantar cara al PLD. Conviene añadir que la “alternancia de Gobierno” en sí misma ya no puede ser el objetivo; la expectación social hacia el mero cambio de siglas se evaporó tras el fracaso del Ejecutivo liderado por el antiguo Partido Democrático de Japón (Minshutō, que gobernó entre 2009 y 2012).

Sin una gran meta compartida, cualquier cesión en las discrepancias menores se arriesga a ser tildada de “coalición oportunista”. Desde esta perspectiva, resulta comprensible que Tamaki rechazara el “caramelo envenenado” que suponía la postulación a primer ministro. Mientras se sigan achacando las razones de la continuidad del PLD al carácter de un solo individuo, difícilmente asistiremos a un nuevo cambio de Gobierno en el país.

Imagen del encabezado: Hosokawa Morihiro (tercero por la derecha), entonces primer ministro, brinda con los nuevos miembros de su gabinete en el jardín de la Oficina del Primer Ministro tras la fotografía oficial de formación del nuevo Gobierno, el 9 de agosto de 1993, en el distrito de Chiyoda, Tokio. (Jiji Press)

(Traducido al español del original en japonés.)

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