La desaparición de los registros judiciales del asesinato de los niños de Kobe de 1997

El Tribunal de Familia de Kobe eliminó todos los expedientes del caso del “Niño A”, que fue detenido a los 14 años y sometido a un juicio de menores en el caso de una serie de asesinatos y lesiones de niños ocurridos en 1997 en el distrito de Suma, Kobe, en los que cinco escolares fueron atacados y dos asesinados. El Tribunal perdió un conjunto de documentos que podrían verificar el proceso de deliberación no revelado, entre ellos la decisión del trato del responsable del juicio de menores, que equivale a una decisión judicial, documentos de investigación e informes de evaluación psiquiátrica. Las normas internas del Tribunal Supremo ordenan la conservación permanente de facto de los expedientes con alto valor histórico. El Tribunal de Familia de Kobe afirma que la gestión no fue adecuada, pero que se desconocen las circunstancias y el momento de la eliminación.

Según los funcionarios, se eliminaron los siguientes documentos en relación con el caso: la decisión del trato del caso; las declaraciones y los informes sobre los sitios reales elaborados por la policía de la prefectura de Hyōgo y la fiscalía del distrito de Kobe; un informe de evaluación psiquiátrica redactado por el profesor emérito Nakai Hisao de la Universidad de Kobe (fallecido en agosto de 2022) y otras personas; el informe sobre el “Niño A” elaborado por los cuatro investigadores del tribunal de familia, cuyo número era excepcional.

Con respecto a los expedientes judiciales, en 2018, la entonces ministra de Justicia, Kamikawa Yōko anunció que, en principio, los expedientes judiciales penales de una serie de casos relacionados con la secta de la Verdad Suprema (Aum Shinrikyō) se conservarían de forma permanente, mientras que en 2019 se descubrió que se habían eliminado muchos expedientes de juicios civiles históricos en los que se disputaron decisiones constitucionales. También se descubrió que se habían destruido importantes expedientes de casos de menores, lo que planteó una vez más la cuestión de cómo deben conservarse los documentos judiciales.

La conservación de los documentos de la investigación y las actas del juicio en los casos generales de menores está prescrita hasta que el acusado cumpla 26 años. Sin embargo, los reglamentos internos creados por el Tribunal Supremo establecen que los materiales que deban servir como documentos históricos o de referencia “deben conservarse tras la expiración de dicho período” y ordenan la “conservación especial (conservación permanente)” después de que la persona acusada cuando era menor cumpla 26 años.

Además, el comunicado del Tribunal Supremo (de 7 de febrero de 1992), que estipula el funcionamiento específico de este reglamento interno, enumera los siguientes como ejemplos de casos que deben conservarse tras la expiración del período antes citado: casos que reflejan el estado de la sociedad y tienen un alto valor histórico; casos que han atraído la atención pública en todo el país; casos que sirven como material de referencia importante para investigaciones y estudios sobre delincuencia juvenil y similares.

Además de éstos, los expedientes de investigación de menores sobre el historial de crianza, etc., también tienen reglamento interno y comunicado similares sobre su conservación.

Por otro lado, el periodo de conservación de los expedientes de los tribunales penales de adultos está determinado por ley, dependiendo del tipo de expediente y de la gravedad de la condena, oscilando el periodo de conservación de las sentencias condenatorias entre 100 y tres años.

Yamashita Ayaka, que entonces tenía 10 años, y Hase Jun, que tenía 11, fueron dos de las víctimas de una serie de ataques y asesinatos ocurridos entre febrero y mayo de 1997. El llamado “Niño A” dejó una carta desafiante firmada con el alias “Sakakibara Seito” en el lugar de los crímenes y envió una declaración al diario Kobe Shimbun. Tras ser juzgado en un tribunal de menores, se le envió a un centro médico. En el momento de su detención tenía 14 años y no había cumplido la edad con la que podría haber sido castigado penalmente como un adulto. Este incidente provocó que la Ley de Menores fuera revisada, y en 2001 la edad objeto de castigo se rebajó de los mayores de 16 años a los mayores de 14 años.

Los procedimientos de los tribunales de menores están cerrados al público y se centran en la reintegración del menor. En el momento del caso, no se permitió a los familiares de las víctimas observar la vista ni ver las actas. Cuando el juez Igaki Yasuhiro (fallecido en febrero de 2022), encargado del juicio en el Tribunal de Familia de Kobe, decidió enviar al niño a un centro médico de detención de menores, hizo pública la esencia de la decisión debido al impacto social, pero el contenido concreto del acta no se ha revelado hasta ahora.

El Tribunal de Familia de Kobe declaró que se desconocían las razones por las que los registros no se conservaron de forma permanente y las circunstancias en las que se destruyeron, y comentó que “la gestión en aquel momento no parecía apropiada a la vista de la gestión actual”. Afirmó que no se habían dejado copias y que no había posibilidad de pérdida.

Artículo de Tsurumi Shin’ichirō.

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: Comunicado del Tribunal Supremo dando ejemplos de casos sujetos a conservación especial (conservación permanente), como “casos que han atraído la atención pública a nivel nacional”.)

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