Las escuelas de japonés en la encrucijada: las nuevas regulaciones para un sector sin ayudas

En marzo de 2023, el Gobierno del ex primer ministro Kishida Fumio anunció el objetivo nacional de acoger a 400.000 estudiantes internacionales en un plazo de 10 años. A finales de 2024 este objetivo ya había sido superado, según la Agencia de Servicios de Inmigración. Una parte sustancial de este total está compuesta por estudiantes matriculados en escuelas privadas de japonés registradas, a menudo con la esperanza de conseguir empleo en una empresa japonesa o acceder a una universidad en el país. Según el último recuento, operan aproximadamente 870 escuelas de este tipo en todo Japón, más del doble que hace una década.

Sin embargo, la controversia ha rodeado a estas escuelas durante años. Los críticos las acusan de haber facilitado la entrada a Japón de miles de “falsos estudiantes” en busca de trabajos poco cualificados. Es innegable que algunas de estas escuelas han sido habitualmente laxas tanto en sus estándares de admisión como en el control de la asistencia de los estudiantes. La insuficiencia de profesorado adecuado e instalaciones también ha sido un problema recurrente, según el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT, por sus siglas en inglés).

Una nueva y estricta ley de acreditación

La Ley de Acreditación de Institutos de Educación del Idioma Japonés es la respuesta más reciente del Gobierno a estas preocupaciones. Fue promulgada en 2023 y entró en vigor en abril de 2024; esta ley otorga al MEXT jurisdicción directa sobre la enseñanza del idioma japonés (previamente bajo la Agencia de Asuntos Culturales), así como la certificación de las escuelas de japonés (anteriormente a cargo del Ministerio de Justicia, que gestiona la inmigración). Desde su entrada en vigor, para obtener la acreditación una escuela debe cumplir estándares detallados relativos al currículo educativo (adaptado a diferentes necesidades, como el empleo o la admisión universitaria), el personal, las instalaciones y las finanzas. Cada institución también debe demostrar que está pagando sumas razonables por los servicios de contratación en el extranjero y que sus fundadores son miembros respetados de la sociedad con conocimientos adecuados de educación del idioma japonés y de gestión empresarial.

Bajo la nueva ley, las escuelas de japonés registradas tendrán hasta finales de marzo de 2029 para obtener la acreditación si desean seguir patrocinando a estudiantes internacionales para visados de estudiante. A finales de marzo de 2025, 120 escuelas (incluidas instituciones recién establecidas) habían presentado solicitudes, de las cuales 41 habían obtenido la acreditación.

Además, los profesores de japonés empleados en escuelas acreditadas por el Estado ahora deben obtener una nueva certificación profesional. Para los nuevos profesores, esto implica aprobar el Examen de Profesor de Idioma Japonés y someterse a formación práctica en el aula (anteriormente, los profesores podían obtener la cualificación aprobando el Examen de Competencia en la Enseñanza del Idioma Japonés, completando con éxito un curso de formación de profesores de japonés, o completando el curso de educación del idioma japonés en una universidad). Hasta el momento, aproximadamente 18.000 candidatos se han presentado al nuevo examen, que se celebró por primera vez en noviembre de 2024, y 11.000 lo han aprobado.

Las escuelas de idiomas como intermediarios laborales

El Gobierno japonés lanzó su primer esfuerzo concertado para atraer estudiantes internacionales en 1983. Determinado a mejorar el perfil y la influencia internacional de Japón, el primer ministro Nakasone Yasuhiro anunció un ambicioso plan para multiplicar por 10 el número de estudiantes internacionales en Japón, de aproximadamente 10.000 hasta al menos 100.000. La idea era fomentar la comprensión y la amistad hacia Japón, al tiempo que se contribuía a la formación de recursos humanos en el mundo en desarrollo. Conforme a esta política, el Gobierno simplificó los procedimientos para obtener visados de estudiante. Para atraer a más estudiantes autofinanciados promovió la educación del idioma japonés y relajó las restricciones sobre el trabajo a tiempo parcial.

Uno de los resultados fue la proliferación de escuelas con fines de lucro orientadas a ayudar a jóvenes que deseaban entrar en Japón con el propósito de conseguir trabajo. Casualmente, esta tendencia encajaba perfectamente con las necesidades de la industria en la década de 1980 (el período de la burbuja económica), cuando ciertos empleos comenzaban a ser difíciles de cubrir.

En la década de 1990, en medio de una creciente controversia, el Gobierno tomó medidas drásticas al instituir un sistema de certificación para las escuelas de japonés y endurecer los requisitos para los visados de estudiante. Como resultado, el número de estudiantes entrantes disminuyó sustancialmente, obligando a algunas escuelas a cerrar. No fue hasta 2003, dos décadas después de que Nakasone anunciara su iniciativa, cuando finalmente se alcanzó el objetivo de 100.000 estudiantes internacionales. De ese número, aproximadamente 70.000 eran ciudadanos chinos, quienes continúan constituyendo el grupo más grande de estudiantes extranjeros por nacionalidad.

La política cambió de nuevo en 2008, cuando el Gobierno, alarmado por el impacto del envejecimiento demográfico en la fuerza laboral, adoptó un nuevo objetivo de 300.000 estudiantes internacionales. Una vez más se flexibilizó la criba de las solicitudes de visados de estudiante y las escuelas de japonés proliferaron. En poco tiempo, la afluencia de “falsos estudiantes” resurgió como problema público.

El papel del capital chino

Mientras tanto, las escuelas legítimas se han ido encontrando bajo una creciente presión financiera.

Desde la década de 1990, las escuelas de japonés registradas se han visto obligadas a poseer sus propios edificios y terrenos. El propósito de este requisito era asegurar la estabilidad y continuidad en el entorno de aprendizaje. Fue un obstáculo importante que obligó a un número considerable de operadores a cerrar o vender sus escuelas.

Según un exadministrador escolar, la afluencia de capital chino comenzó alrededor de esta época. “El requisito de propiedad era una carga pesada para los operadores de escuelas japonesas, pero para los inversores chinos, a quienes típicamente les ha ido muy bien con los bienes raíces, puede haber parecido una gran oportunidad de negocio”.

En mi propia investigación sobre las escuelas de japonés, he encontrado que un número considerable son de propiedad extranjera, y que predominan los operadores chinos y surcoreanos. En algunos casos, ciertos ciudadanos chinos y surcoreanos que llegaron a Japón como estudiantes internacionales en la década de 1980 finalmente decidieron dedicarse a los negocios por sí mismos.

Según algunos expertos del sector, los últimos años han sido testigos de otro repunte de adquisiciones chinas, ya que las escuelas han luchado por adaptarse a un entorno cambiante, incluyendo una población estudiantil cada vez más multinacional y las crecientes necesidades de los estudiantes chinos que buscan títulos avanzados de universidades japonesas. El exadministrador escolar citado anteriormente especula que cerca de un tercio de las escuelas de japonés registradas en Japón podrían ser de propiedad china, pero no hay forma de asegurarlo, ya que el Gobierno no se encarga de tales estadísticas.

Perdiendo la batalla de la captación

Otro desafío al que se enfrentan las escuelas de japonés es la captación de estudiantes extranjeros, y aquí las escuelas de propiedad china tienen una ventaja inherente.

El reclutamiento se realiza normalmente a través de vínculos con instituciones educativas extranjeras o mediante los servicios de agentes comerciales con sede en el extranjero. Las escuelas que dependen de estos últimos deben presupuestar tarifas de intermediación sustanciales, lo que puede tener un impacto significativo en sus resultados.

Según un consultor especializado en recursos humanos extranjeros, los costes de intermediación comenzaron a dispararse después del Gran Terremoto del Este de Japón de 2011 y las manifestaciones antijaponesas que estallaron en China (protestando por la nacionalización japonesa de las disputadas islas Senkaku) al año siguiente. “Se hizo mucho más difícil reclutar a estudiantes chinos, y las tarifas de intermediación que los reclutadores cobraban por estudiante subieron a más del 20 % de la matrícula”, afirma. Además, las escuelas que quieren atraer a estudiantes serios a menudo se sienten obligadas a enviar a sus propios empleados al extranjero para supervisar el proceso.

El profesor emérito Tanaka Hiroshi, quien se dedicó a la enseñanza del idioma japonés durante años en la Universidad Daitō Bunka, recuerda las dificultades que tuvo su universidad para reclutar estudiantes internacionales: “Varias universidades japonesas, incluida la nuestra, establecieron oficinas permanentes en el extranjero con personal japonés a tiempo completo para reclutar a estudiantes internacionales. No creo que fuera un enfoque muy eficiente. La mayoría de las escuelas parecen haber cerrado tales operaciones porque el coste no valía la pena”.

Las escuelas operadas por extranjeros, por el contrario, pueden aprovechar sus conexiones locales y, al no tener que lidiar con barreras lingüísticas, pueden comunicarse más fácilmente con los servicios de reclutamiento. Esto obvia la necesidad de destinar personal en el extranjero y conduce a reducciones sustanciales en los costes de captación.

Profesores mal pagados y sobrecargados

Es notoriamente difícil ganarse la vida dignamente enseñando japonés como lengua extranjera en Japón.

Recientemente visité una escuela de propiedad japonesa en Tokio, conocida por su diligencia, y encontré a los instructores completamente inmersos en trabajo dentro y fuera del aula. Además de la enseñanza, se espera que supervisen y apoyen individualmente a cada estudiante, tomando nota de las ausencias, los retrasos y los problemas de actitud, al tiempo que comprueban que comprenden la tarea diaria. Los profesores con los que hablé dijeron que su trabajo les resultaba gratificante. Sin embargo, su baja remuneración por hora de clase era una fuente de insatisfacción y ansiedad.

Una instructora de una escuela de propiedad china en Tokio me dijo que las condiciones laborales eran mejores allí que en una de propiedad japonesa. “La tarifa por hora de clase es más alta”, dijo, “y no se nos exige presentar planes de lecciones, lo que aligera la carga”. Aunque ocasionalmente tiene reparos sobre la política educativa de la escuela y la limpieza de las instalaciones, considera que es mejor no ser demasiado puntillosa.

Descubrí que la tarifa habitual para los profesores de japonés en Tokio era de aproximadamente 1.800 yenes por hora de clase en las escuelas de idiomas de propiedad japonesa, y entre 2.000 y 3.000 yenes en las escuelas administradas por ciudadanos chinos.

Reforzar los estándares con apoyo

Hasta ahora, las políticas para aumentar el número de estudiantes internacionales en Japón han superado las medidas para monitorear las escuelas de idiomas que patrocinan a muchos de esos estudiantes. A través de la nueva ley de acreditación el Gobierno está respondiendo a la creciente presión para eliminar a los “falsos estudiantes” y mejorar la calidad de la educación del idioma japonés. Se espera que los requisitos de la ley tengan el efecto de eliminar a los operadores deshonestos. Sin embargo, el endurecimiento de los estándares por sí solo no resolverá el mayor desafío del sector: la contratación y retención de profesores cualificados.

Como parte de su intento de elevar la calidad de la educación en las escuelas de japonés, el MEXT ha aumentado el número requerido de profesores a tiempo completo a uno por cada 40 estudiantes matriculados, frente a la proporción anterior de 1:60. En la actualidad, más de la mitad del personal docente de estas escuelas son instructores a tiempo parcial. Asegurar suficientes profesores certificados a tiempo completo para satisfacer las necesidades de un número creciente de estudiantes internacionales será casi imposible a menos que las escuelas puedan ofrecer salarios más altos junto con un empleo estable.

Si, como algunos creen, las altas tarifas pagadas a los intermediarios en el extranjero están obligando a las escuelas a escatimar en el salario de los profesores, el Gobierno deberá abordar ese problema. Sin embargo, la nueva ley simplemente exige “tarifas de intermediación razonables”, sin ofrecer directrices claras.

Desde su creación, las escuelas privadas de japonés han tenido que arreglárselas sin subvenciones o subsidios públicos, a pesar del papel clave que han desempeñado para ayudar al Gobierno a alcanzar sus objetivos de estudiantes internacionales. Se mantienen exclusivamente con las matrículas de los estudiantes, lo que las deja altamente vulnerables no solo al aumento de los costes de intermediación, sino también a las repentinas caídas del negocio, como la causada por la pandemia de la COVID-19.

El plan del MEXT es crear mecanismos para alentar a las empresas privadas, universidades y Gobiernos locales a apoyar a las escuelas de idiomas acreditadas como una inversión en el futuro. La idea es apuntalar las frágiles finanzas de esas escuelas y mejorar las condiciones de los profesores a través de asociaciones con la industria, el mundo académico y los gobiernos locales. Bajo el sistema de Trabajadores Cualificados Específicos del Gobierno y su nuevo programa de formación y empleo se espera que las empresas en particular apoyen la educación del talento extranjero para abordar el empeoramiento de la escasez de mano de obra. Al crear este tipo de entorno, Japón también puede lograr su anhelado objetivo de fomentar una comprensión y amistad más profundas en el extranjero.

(Artículo publicado originalmente en japonés, y traducido al español de su versión en inglés. Imagen del encabezado © Pixta.)