La primera ministra Takaichi Sanae se reúne con víctimas de las esterilizaciones forzosas

Tokio, 22 de enero (Jiji Press)—La primera ministra Takaichi Sanae mencionó la responsabilidad del Gobierno en una reunión con las víctimas de las esterilizaciones forzosas realizadas bajo la ya abolida Ley de Protección Eugenésica.

“La responsabilidad del Gobierno es extremadamente grave”, declaró Takaichi el miércoles durante una reunión con las víctimas. “Queremos que todos ustedes reciban una compensación de manera fiable”, añadió.

Entre las víctimas, demandantes en un juicio contra el Estado por las esterilizaciones forzadas, una persona que utiliza el seudónimo Kita Saburō dijo a Takaichi: “Todavía hay muchas víctimas que siguen sufriendo en la actualidad”.

Una ley de compensación para las víctimas de esterilización forzosa entró en vigor el 17 de enero del año pasado, tras un fallo del Tribunal Supremo que reconoció la responsabilidad del Estado. Aunque se estima que las víctimas incluyen unas 25.000 personas sometidas a procedimientos de esterilización y alrededor de 59.000 que se sometieron a abortos, el número de casos certificados oficialmente bajo la ley se mantenía en solo 1.560 a finales de noviembre del año pasado.

Tras la reunión con Takaichi, el abogado Niisato Kōji, corepresentante del equipo de defensa en la demanda, declaró en una rueda de prensa: “El simple hecho de que exista la ley de compensación puede no haber llegado a algunas personas, y puede haber otras que aún no pueden alzar la voz debido a la persistencia de la ideología eugenésica. Es crucial que la sociedad aborde cómo resolver las situaciones en las que las personas no pueden expresarse”.

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Esterilizaciones forzosas, el triste legado de Ley de Protección Eugenésica | Nippon.com

Bajo la ya abolida Ley de Protección Eugenésica, se realizaron en Japón más de 16.000 esterilizaciones forzosas de personas que sufrían enfermedades mentales o discapacidades. No puede decirse que se estén tomando medidas efectivas para socorrer a las víctimas de esta política. Lo que está en cuestión es la actitud de toda una sociedad frente a un problema que afecta a la justicia social y a los derechos humanos.

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