Japón aprueba un aumento de hasta 30 veces de las tasas de solicitud y renovación de los permisos de residencia
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Tokio, 29 de mayo (Jiji Press)—La Dieta, el Parlamento japonés, aprobó el viernes un proyecto de ley que multiplica por hasta treinta el importe máximo de las tasas que deben abonar los extranjeros al solicitar trámites relacionados con su permiso de residencia.
La reforma de la ley de control de la inmigración y reconocimiento de los refugiados se aprobó en la sesión plenaria del viernes de la Cámara de Consejeros, la Cámara Alta, tras haber sido aprobada en abril por la Cámara de Representantes, la Cámara Baja.
En la Cámara Alta, la medida obtuvo el apoyo mayoritario del bloque gobernante, formado por el Partido Liberal Democrático y el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), así como de las fuerzas de la oposición, entre ellas el Partido Democrático para el Pueblo y Kōmeitō. El principal partido de la oposición, el Partido Democrático Constitucional de Japón, rechazó el proyecto de ley, alegando que podría tener graves repercusiones para los solicitantes del estatuto de refugiado.
El proyecto de ley propone elevar el límite máximo a 100.000 yenes para la autorización del cambio de estatus de residencia y la prórroga del permiso de estancia, y a 300.000 yenes para el permiso de residencia permanente. En la actualidad, el límite máximo es de 10.000 yenes para las tres categorías.
Las tasas actuales se fijan dentro de los límites establecidos por una orden del Consejo de Ministros, y oscilan entre 5.500 y 6.000 yenes para el cambio de estatus y la prórroga de la estancia, y 10.000 yenes para la residencia permanente. El Gobierno está considerando aumentarlas a entre 10.000 y 70.000 yenes y a 200.000 yenes, respectivamente.
También se incluyó la creación del sistema de autorización electrónica de viaje JESTA, que evalúa antes del viaje si se permite o no la entrada de extranjeros. Se trata de la versión japonesa del ESTA estadounidense y, con el fin de “impedir la entrada de extranjeros indeseables” (según la primera ministra Takaichi Sanae), se comprobará previamente la información de los extranjeros que lleguen a Japón procedentes de países exentos de visado para estancias de corta duración; si se detecta algún problema, no se les permitirá viajar.
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