La Cámara Baja comienza a debatir una moción sobre el delito de ultraje a la bandera de Japón
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Tokio, 24 de junio (Jiji Press)—El proyecto de ley para castigar actos que dañen la bandera nacional de Japón entró en fase de debate el miércoles, tras la exposición de sus fundamentos y la ronda de preguntas en la Comisión del Gabinete de la Cámara de los Representantes, la Cámara Baja de la Dieta.
Shina Takeshi, secretario general de la Alianza de la Reforma Centrista (ARC), argumentó que existe el riesgo de que se vulnere la libertad de pensamiento y de conciencia garantizada por la Constitución. Shiozaki Akihisa, del Partido Liberal Democrático, intervino para responder y lo desmintió, afirmando que “no se trata de una ley que castigue ideas o sentimientos”.
Este proyecto de ley es uno de la lista que el PLD y el Nihon Isshin no Kai (Partido de la Innovación de Japón) incluyó expresamente en el acuerdo de coalición para su aprobación, durante la actual sesión parlamentaria, y ha sido presentado conjuntamente por ambos partidos junto con el Partido Democrático para el Pueblo y el Sanseitō.
En caso de dañar o mancillar públicamente la bandera japonesa “de una forma que provoque en las personas una sensación de incomodidad o repugnancia notable”, se impondrá una pena de prisión de hasta dos años o una multa de hasta 200.000 yenes.
Shina, al referirse a que el proyecto de ley tiene como objetivo “la protección de los sentimientos de los ciudadanos que aprecian la bandera nacional”, criticó que “se acabaría imponiendo mediante sanciones penales una mentalidad que respeta esos sentimientos”.
Por su parte, Shiozaki, al referirse a la decisión sobre la aplicación de las sanciones, afirmó que “se limitará exclusivamente a los actos que se manifiesten externamente y se hayan cometido de forma pública”, y subrayó que no se entrará a valorar las intenciones internas.
Al preguntársele si se podrían sancionar los daños asociados a manifestaciones y otras reivindicaciones políticas, Shiozaki no lo descartó y afirmó: “Si se llevan a cabo de forma pública y de manera que provoquen un malestar o repulsa considerables, podrían cumplir los requisitos para ser tipificados como delito”.
El jueves tendrá lugar una sesión de preguntas a expertos en la Comisión del Gabinete de la Cámara de los Representantes. El partido en el poder tiene la intención de someter la propuesta a votación esta misma semana.
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