Japón comienza a facilitar a los gobiernos locales información sobre extranjeros en proceso de deportación

Tokio, 10 de agosto (Jiji Press)—La Agencia de Servicios de Inmigración de Japón ha comenzado a facilitar a los gobiernos locales información personal de los extranjeros en proceso de deportación. Hasta ahora, la entrega de datos se limitaba a casos en los que se contaba con el consentimiento del interesado, entre otros supuestos, por lo que existían situaciones en las que los municipios no podían conocer sus condiciones de residencia.

Esta medida forma parte de la revisión de las políticas relativas a los extranjeros impulsada por el Gobierno de Takaichi Sanae y busca coordinarse con los gobiernos locales para ofrecer una respuesta adecuada.

En julio, la agencia notificó a los gobiernos locales correspondientes los datos de los extranjeros que, a finales de junio, se encontraban en proceso de expulsión forzosa y vivían fuera de centros de detención, incluidos su número, nombre, dirección, nacionalidad y fecha de nacimiento. A partir de ahora, la información se facilitará mensualmente cuando se produzcan cambios, como un traslado de domicilio o el regreso al país de origen. También se proporcionará cuando los gobiernos locales lo soliciten.

De acuerdo con la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados, incurren en causa de deportación quienes permanecen en Japón más allá de su periodo de estancia permitido o cometen determinados delitos. No obstante, estas personas no son expulsadas de inmediato, sino que pueden permanecer en el país mientras se llevan a cabo la revisión de la infracción, la vista oral y otros trámites.

Entre los extranjeros en proceso de deportación figuran personas que se encuentran en centros de detención, así como beneficiarios de la libertad provisional (medida por la que se suspende temporalmente la reclusión por motivos de salud o humanitarios) o de las medidas de supervisión, que permiten residir fuera de los centros bajo la condición de contar con un supervisor, como un familiar o un amigo.

Las personas sujetas a libertad provisional o a medidas de supervisión tienen ciertas restricciones en su domicilio y en sus desplazamientos. Al perder el registro de residencia (jūminhyō), a los gobiernos locales les resultaba difícil conocer su situación real y se registraban casos de desaparición. Esta circunstancia planteaba problemas a los municipios, como la dificultad para prestar servicios a los residentes en ámbitos como la educación o la salud.

Según la Agencia de Servicios de Inmigración, en 2025 se iniciaron trámites de deportación contra 18.442 extranjeros. Las personas en libertad provisional ascendieron a 2.429 y las sujetas a medidas de supervisión alcanzaron las 1.546.

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