Aumentan las presiones para reabrir la Bahía de Isahaya

El dique de siete kilómetros y el terreno desecado de la Bahía de Isahaya. Fotografía: Jiji Press.

No hay mejor ejemplo de la enorme dimensión del sistema de obras públicas de Japón que el Proyecto de Desecación de la Bahía de Isahaya, una gigantesca iniciativa de reconversión de las llanuras de marea de la Bahía de Isahaya para uso agrícola. Alex Kerr ofrece datos reveladores en su libro Dogs and Demons: The Fall of Modern Japan (Perros y demonios: la caída del Japón moderno) sobre cómo el proyecto, parte de una iniciativa de 1952 de la prefectura de Nagasaki para estimular la producción de arroz, fue abriéndose paso por inercia burocrática a pesar de las protestas del sector pesquero y de los cambios demográficos que dejaron obsoletos proyectos de gran magnitud (y que afectan tanto al medio ambiente) como este. El proyecto, auspiciado por el Ministerio de agricultura, silvicultura y pesca, pasó de concepto a realidad en 1997, cuando una hilera de aproximadamente trescientas placas de acero, conocidas como la “guillotina”acabaron separando de una tajada la Bahía de Isahaya del resto del mar de Ariake.

El proyecto de reconversión creó un dique de contención para riego y más de seiscientas hectáreas de terreno cultivable (los agricultores empezaron a labrar sus nuevas parcelas en 2008), pero ello obligó a la construcción de un dique de siete kilómetros de largo sobre la bahía que continúa obstruyendo lo que queda de uno de los mayores y más dinámicos humedales de Japón. Personas que se dedican a la pesca y al cultivo de la alga nori por todo el mar de Ariake, donde desemboca la Bahía de Isahaya, han mostrado su feroz oposición al dique, argumentando que la alteración que causa en las corrientes ha reducido el número de capturas y ha dificultado la producción de algas. Estos grupos han presionado para que el Gobierno abra las dos compuertas del dique, acción a la que el Gobierno se ha opuesto a ultranza, aduciendo el daño potencial a los cultivos que causaría la entrada de agua marina.

Los agricultores, con al apoyo del Gobierno, y el sector pesquero, han ido denunciándose mutuamente ante los tribunales desde el comienzo del proyecto, pero en 2010, el entonces primer ministro Kan Naoto no puso trabas a un fallo del Alto Tribunal de Fukuoka que permitía la apertura de las compuertas durante cinco años para investigar el hipotético daño al sector pesquero. Los agricultores presentaron una demanda ante el Tribunal del Distrito de Nagasaki para que emitiese una orden de bloqueo de la apertura de las compuertas, que fue concedida. Pero resulta alarmante que el Gobierno citase la decisión del tribunal de primera instancia como razón para no actuar y permitir la aplicación del plazo de tres años fijado por el tribunal de Fukuoka. Un dictamen del Tribunal del Distrito de Saga de abril de este año obliga al estado a empezar a pagar una multa diaria de 490.000 yenes, diez mil yenes para cada uno de los 49 querellantes del caso, a menos que se abran las compuertas. El Gobierno todavía no se ha pronunciado sobre si piensa acatar esa decisión.

No hay duda de que el total de las capturas en el mar de Ariake ha ido reduciéndose de forma constante desde la década de los años 80 del siglo pasado, y ciertas investigaciones han señalado una relación entre los bajos niveles de oxígeno del agua marina, los brotes de marea roja, y los cambios medioambientales a causa de la desecación del terreno. La cuestión precede al proyecto de Isahaya, pero durante las casi dos décadas desde que la bahía fue seccionada, se han producido perceptibles reducciones de capturas de marisco, e incluso se ha llegado a detener la pesca de algunas especies como la tairagi (concha abanico), mientras que la producción de alga nori, aunque se ha mantenido relativamente estable, ha tenido el doble de cosechas gravemente afectadas por mareas rojas. 

Un asunto relacionado pero poco entendido es el papel que desempeña la Bahía de Isahaya como lugar de desove y vivero para peces y bivalvos. Los lugareños que se dedicaban a la pesca llamaban a la bahía el “útero” del mar de Ariake, y no sería descabellado pensar que los bancos de peces están siendo afectados negativamente por el bloqueo de los accesos al entorno de la bahía.

Asimismo, otras investigaciones han señalado los efectos potenciales del dique sobre las corrientes a lo largo de todo el mar de Ariake. El dique resultante ha reducido el prisma mareal de la bahía y la diferencia en el volumen de agua entre la marea alta y baja, reduciendo a su vez la fuerza del agua impulsada a través del mar y debilitando las corrientes. La reducción del flujo de agua produce un entorno favorable para las mareas rojas y otras manifestaciones que afectan a los peces y a la fauna. 

Teniendo en cuenta estas cuestiones, el decidido rechazo del Gobierno a abrir las compuertas resulta difícil de comprender. A pesar de la obvia necesidad de velar por la salud medioambiental de la bahía y su área circundante más concienzudamente, los representantes del Gobierno continúan defendiendo que el proyecto de desecación no ha tenido efectos adversos. En la cabecera de un sitio web japonés creado por el gobierno de la prefectura de Nagasaki encontramos un quejumbroso mensaje: “¿Por qué destruir nuestro futuro?”, y a continuación se detalla una amplia gama de datos, cifras y supuestos para apoyar las afirmaciones del Estado. Pero siendo realistas, son datos carentes de una dimensión que haga suficientemente creíbles esas afirmaciones.

Los argumentos para abrir las compuertas son razonables y hacen redudantes los motivos que impulsan al Gobierno a dar su apoyo a un pequeño número de agricultores de una prefectura en lugar de investigar un tema que afecta al sector pesquero de tres prefecturas (el mar de Ariake bordea las prefecturas de Nagasaki, Saga y Kumamoto). La indiferencia del Estado respecto a las creíbles inquietudes del sector pesquero empeora todavía más por su voluntad de utilizar un fallo de un tribunal de primera instancia para ignorar un dictamen de un Alto tribunal, lo que sienta un peligroso precedente y no sirve para remediar las profundas desavenencias que han surgido entre comunidades locales.

Japón es signatario del Convenio de Ramsar, que promueve la utilización sostenible de los humedales, y parece evidente que resulta necesario más que una acción concertada para abordar esta situación. Los proyectos para recuperar humedales, como el parque ecológico de la Bahía de Suncheon en Corea del Sur, han demostrado que la recuperación del entorno natural genera beneficios para las economías locales a través de, por ejemplo, el turismo y la pesca. Las ventajas de recuperar lo que queda de los humedales de la Bahía de Isahaya servirían para complementar la actividad agrícola, y el Gobierno haría bien en no descartarlas apresuradamente. 

No obstante, es difícil cambiar viejas costumbres, y la terca postura del Gobierno tras décadas de iniciarse el proyecto de la Bahía de Isahaya podría continuar. La única manera lógica de solucionar esta cuestión para siempre es abrir las compuertas. Es necesario llevar a cabo acciones para garantizar la protección de los terrenos agrícolas y controlar y registrar adecuadamente los cambios medioambientales. Ello no debería ser ningún problema, vista la energía gastada hasta ahora para mantener las compuertas cerradas.

Teniendo en cuenta las tendencias medioambientales y el descenso demográfico de Japón, hacer que la naturaleza vuelva a un estado lo más cercano posible al original es la mejor política a largo plazo.

(Traducido al español el original en inglés)