La capacidad competitiva de las universidades en la era global

¿Hacia dónde se dirige la reforma de la gobernanza académica universitaria?

Economía Sociedad Educación

Las universidades japonesas se están viendo presionadas a reformar su decimonónico sistema administrativo. ¿Cuáles son los verdaderos factores que obstaculizan la reforma? En el siguiente artículo Ueyama Takahiro, profesor de la Facultad de Gestión Política de la Universidad de Keiō, nos disecciona este problema.

La crítica feroz de las empresas a la administración universitaria

El subcomité de asuntos universitarios del Consejo Central de Educación (un organismo asesor del ministro de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología) se reunió en siete ocasiones desde junio de 2013 para debatir sobre la reforma de la gobernanza de las universidades japonesas —en especial las nacionales— y publicó los resultados del proceso el 24 de diciembre del mismo año.

En dichas reuniones, encabezadas por Kawata Teiichi, presidente de la Asociación de Promoción y Colaboración de las Escuelas Privadas de Japón y antiguo rector de la Universidad de Kansai, un grupo de representantes del mundo académico y del empresarial participaron en un dinámico debate sobre cómo acabar con la rigidez organizativa de las universidades japonesas. El debate se enfocó sobre todo en una crítica durísima al sistema administrativo de las universidades, que se ha mantenido intacto durante generaciones. Dicha crítica apuntaba que las universidades japonesas no solo fracasan en su compromiso con la sociedad, sino que además carecen de la estructura de gobernanza que toda entidad solvente requiere.

En un país con una fuerte implantación de la sociedad del conocimiento como es Japón, las empresas requieren un personal con capacidad creativa y un alto nivel de especialización para sobrevivir en el mercado global. Y la incapacidad de las universidades japonesas de satisfacer estas expectativas hace necesaria una reforma de su sistema operativo desde la base.

Algunos miembros del sector universitario alegaron que los empresarios no comprenden la naturaleza organizativa de la universidad y que, a diferencia de las empresas, cuyo único objetivo es maximizar beneficios, las universidades son organizaciones con múltiples objetivos y distintas partes interesadas que deben responder a una serie de necesidades muy variopintas. Sin embargo, esta postura tuvo poca resonancia frente a la avasalladora crítica procedente del sector empresarial.

El debate concluyó con la emisión de un informe final con las siguientes recomendaciones. En primer lugar, las universidades deben adoptar la perspectiva de la gobernanza académica —como figura análoga a la gobernanza corporativa de las empresas— para mejorar su capacidad de autogestión. Para este fin es necesario establecer un sistema de dirección centrado en el rectorado que permita ejercer un liderazgo más consistente. Además debe introducirse la figura estadounidense del provost para supervisar la investigación y la educación universitarias (en Estados Unidos el provost es un cargo adjunto al rector que desempeña el papel de puente entre el rector y los distintos departamentos de la universidad).

La rigidez de la gobernanza universitaria japonesa

Durante muchos años he sentido que a las universidades nacionales japonesas les falta capacidad de concebir su propio futuro y he defendido la necesidad urgente de reformar su sistema de gobernanza y gestión. En ese sentido pienso que el informe que mencionaba más arriba apunta en la dirección correcta. Aun así, me pregunto por qué se sigue instando a las universidades a cambiar desde fuera. ¿Será porque no poseen el derecho y la capacidad de gobernarse por sí mismas? Si reflexionamos sobre la causa identificamos el problema de la brecha entre la legislación y la realidad.

El artículo 92 de la Ley de Educación Escolar reza "el rector debe administrar los asuntos de la universidad y dirigir al personal", lo que significa que en la universidad el rector posee el mismo poder que un ministro sobre su ministerio. Es decir que la legislación confiere a los rectores de las universidades nacionales una autoridad tan importante sobre el personal y la gobernanza de la organización como la que poseen los presidentes de las empresas y los de los organismos oficiales. Así pues, si se lo propusiesen en serio, los rectores de las universidades japonesas deberían poder ejecutar cualquier cambio administrativo o cualquier otra reforma de la universidad que rigen.

Sin embargo, en la práctica la oficina rectoral no dispone de la autoridad necesaria para tomar la iniciativa en la universidad. Bien al contrario, en virtud de la libertad administrativa y académica de las facultades, la toma de decisiones se otorga casi completamente a los departamentos, liderados por sus respectivos consejos docentes. Eso hace prácticamente imposible la concepción de una visión de futuro global para la universidad, ya que cualquier propuesta que pueda afectar a los intereses de las facultades choca con una firme oposición por su parte. El rector, electo por el personal de cada facultad, goza de un período de rectorado más corto que en Estados Unidos y la oposición interna puede conllevar su sustitución inmediata. Ante esta realidad, muchos de los miembros del sector empresarial que participaron en las reuniones del Consejo Central de Educación defendieron la necesidad de enmendar la Ley de Educación Escolar para acabar con esta situación en la que los consejos docentes de las facultades, supuestamente órganos deliberantes, se han convertido en órganos de toma de decisiones.

Sin embargo, en mi opinión el principal factor que impide que el rectorado ejerza un liderazgo potente es su limitado poder sobre los asuntos financieros. En Estados Unidos los cuantiosos fondos del rectorado —que incluyen los ingresos de la docencia, los donativos, los fondos asignados competitivamente para gastos indirectos y los beneficios de inversión— constituyen un pilar financiero sobre el que se apoyan los planes de futuro de la universidad.

En cambio, en las universidades nacionales japonesas la principal fuente de financiación son los fondos que les asigna anualmente el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología. Además, la mayor parte de esos fondos se asigna a los distintos departamentos para gastos de personal y otros costes, lo cual deja una cantidad muy reducida a disposición del rectorado en comparación con las universidades estadounidenses. Esta parquedad financiera frena a las universidades a la hora de adoptar un sistema administrativo propio.

Las osadas reformas administrativas de las universidades estadounidenses

Como la mayoría de las universidades de elite estadounidenses son privadas, en realidad no pueden compararse directamente con las universidades nacionales japonesas, creadas para satisfacer la demanda nacional de formación de personal. Aun así, en Estados Unidos más del 70% de la financiación para las universidades investigadoras procede de los fondos de organismos federales como el Instituto Nacional para la Salud, la Fundación Nacional para la Ciencia y el Ministerio de Defensa. Y, desde que dichos fondos públicos empezaron a menguar drásticamente a mediados de los setenta, las universidades estadounidenses se han visto obligadas a promover la colaboración con el sector empresarial y a patentar los productos de sus investigaciones; asimismo se han lanzado a adoptar audaces reformas administrativas como las inversiones globales de sus fondos para aumentar sus ingresos.

La aventajada posición que las universidades estadounidenses ocupan actualmente en el mercado global debe considerarse como el fruto de estas reformas. En las clasificaciones elaboradas por varios organismos europeos y por la Universidad Jiao Tong de Shanghái a partir de la década pasada, las universidades estadounidenses ocupan dos tercios de los primeros 20 puestos en todos los índices.

La brecha entre la política gubernamental y la universidad en Japón

¿Cómo respondió el Gobierno japonés ante la necesidad de las universidades de afrontar la competición global? En el plano legislativo, en 1998 se aprobó la Ley de Transferencia Tecnológica de las Universidades al Sector Empresarial (conocida como Ley TLO por sus siglas en inglés, technology licensing organization u “organización de autorización de tecnología”), por la cual se establecieron una serie de organizaciones de autorización acreditadas por todo el país. En 1999 se aprobó una batería de leyes de desarrollo industrial a la manera norteamericana, como la Ley de Medidas Especiales para la Revitalización Industrial (la versión japonesa de la Ley de Bayh-Dole). Finalmente, la privatización de las universidades nacionales se hizo realidad con la aprobación en julio de 2003 del borrador de ley para corporativizarlas y su efectiva corporativización en 2004.

No obstante, tal y como apunta el informe del que hablábamos al principio, parece ser que las universidades japonesas no han logrado adoptar estas medidas debidamente. El motivo principal es que el modelo de las "universidades del conocimiento" desarrollado en el mundo académico estadounidense a finales de los setenta y durante los ochenta se aplicó a las universidades nacionales japonesas tal cual, sin tener en cuenta las diferencias del contexto histórico y cultural, y los responsables universitarios japoneses, que se vieron obligados a acatar esas medidas, no fueron capaces de adaptar su mentalidad al cambio.

Para mayor desgracia de las universidades japonesas, el drástico remedio de corporativizar las universidades nacionales prácticamente se solapó con las políticas para la transición de la estructura industrial a la sociedad del conocimiento. Debemos apuntar que los problemas surgieron de dos frentes: por un lado, el Gobierno japonés intentó implantar de repente, con la aprobación de unas pocas leyes, un cambio que en el sector académico de Estados Unidos se tardó unas dos décadas en adoptar; por otro lado, los responsables universitarios no se tomaron en serio los objetivos de la política gubernamental.

Así pues, todavía está por ver si el citado informe tendrá la capacidad de transformar desde la base el rígido sistema universitario japonés actual. El problema de la administración universitaria en Japón es que presenta una fuerte tendencia a copiar la forma superficial de los sistemas que han triunfado en otros países. En este caso, a menos que el informe logre penetrar en la mentalidad de los responsables universitarios, sus sugerencias corren el riesgo de acabar en agua de borrajas.

Los fondos de promoción de iniciativa empresarial de las universidades nacionales

Las propuestas de mejora de la legislación sobre financiación universitaria que emitió el grupo para los programas de innovación pública y privada —integrado en el comité de evaluación de corporativización de las universidades nacionales del Ministerio de Educación— desde la primavera hasta finales de 2013 podrían seguir el mismo camino que las recomendaciones del informe del Consejo Central de Educación.

El objetivo final es trasladar el foco de investigación y desarrollo de las grandes empresas y entidades privadas a las universidades como base del conocimiento, y permitir así el desarrollo de nuevas industrias. Ya en el año fiscal 2012, el presupuesto adicional aprobado por la Dieta en febrero de 2013 incluía 100.000 millones de yenes para dicho fin que se asignaron a cuatro universidades nacionales: la Universidad de Tokio, la Universidad de Kioto, la Universidad de Osaka y la Universidad de Tōhoku.

La mayoría de las innovaciones más revolucionarias y rompedoras surgen de la investigación básica de las universidades. Las iniciativas empresariales basadas en esas innovaciones están ganando empuje en los países occidentales, en especial en Estados Unidos, y las universidades japonesas deben mejorar su capacidad organizativa si quieren subirse al tren de esta tendencia. En este sentido las propuestas de las que hablamos enfocan el objetivo correcto.

Sin embargo, ¿tienen los responsables universitarios actuales la capacidad y la valentía necesarias para poner en práctica esta concepción? La mayoría de las universidades no concibe la colaboración entre universidad y empresa más allá de las investigaciones conjuntas típicas realizadas hasta la fecha, y las iniciativas empresariales universitarias se consideran más como meras actividades basadas en tecnologías triviales para cubrir nichos sociales que como manifestaciones de innovaciones revolucionarias. Se trata de un boceto muy alejado de la imagen de las iniciativas empresariales que despegó en Estados Unidos a partir de la década de los ochenta. Con tal mentalidad por parte de los responsables universitarios parece improbable que se logre ejecutar una reforma de las dimensiones que sugieren las propuestas emitidas.

Las propuestas de mejora disponen establecer un comité conjunto de investigación y comercialización compuesto por responsables universitarios y miembros externos dentro de las universidades. Mediante este comité unos 10.000 millones de yenes de financiación pública se asignarían a fondos de inversión, y el capital se invertiría en iniciativas empresariales que aprovechasen los resultados de la investigación universitaria. Además, la propuesta indica que estas actividades deberían crear beneficios y los fondos invertidos originalmente deberían devolverse a la universidad y, finalmente, al Estado.

A pesar de todo, teniendo en cuenta la situación actual de la administración y la gobernanza de las universidades, dudo que sus rectorados sean capaces de hacerse con el know-how necesario para fundar iniciativas empresariales que logren mantenerse en la brecha de la feroz competición del mercado o para invertir en entidades empresariales fuera de la esfera universitaria.

La emisión de políticas gubernamentales debe empezar por evaluar los incentivos de los actores implicados y desarrollar un entorno organizativo que les anime a tomar la iniciativa. Los ideales están muy bien, pero para llevar a cabo la reforma de la gobernanza universitaria lo primero que hay que hacer es constituir los mecanismos necesarios para alcanzar esos ideales.

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