Un impuesto al consumo del 50% y otras impopulares previsiones

Hace tres años se hablaba ya de un 33%

El 1 de abril de 2014 el tipo del impuesto al consumo subió en Japón por primera vez en 17 años, pasando del 5% al 8%. Una nueva subida prevista para octubre de 2015 lo situará en el 10%. Si en octubre de 2013, cuando el primer ministro Abe Shinzō se disponía a tomar la decisión definitiva, la oposición a la subida cobró nuevos bríos, en esta ocasión ocurre algo similar, pues, en un momento en que los efectos de la política económica de Abe están produciendo una tendencia sostenida hacia la recuperación, las voces que reclaman seguir adelante con el aumento impositivo y con la firme contención del gasto en obras públicas y otras partidas, parecen estar acallándose.

Con la mira en estos temas, The Canon Institute for Global Studies llevó a cabo el día 2 de diciembre de 2013 un debate público sobre medidas políticas bajo el lema de Abenomics and Sustainability of the Public Debt. El que suscribe estas líneas tuvo el honor de ser uno de los organizadores de esta reunión, en la que expertos en macroeconomía japoneses y estadounidenses discutieron sobre el futuro de las finanzas públicas niponas. Dos de los economistas llegados de Estados Unidos coincidieron al afirmar que las previsiones son extremadamente pesimistas. En este artículo me propongo presentar el panorama dibujado por uno de ellos, Anton Braun, investigador del Banco de la Reserva Federal de Atlanta (Georgia).      

Braun es un famoso experto en macroeconomía. Ha sido profesor de la Universidad de Tokio y es autor de numerosos trabajos sobre la economía japonesa. En colaboración con Douglas Joines, profesor de la Universidad del Sur de California, Braun viene trabajando en una serie de previsiones basadas en una simulación por computadora que permitirá conocer la evolución futura de las relaciones que sostienen la dinámica de poblaciones de Japón, su crecimiento económico, su sistema de seguridad social y los problemas que atraviesan sus finanzas públicas.     

Comenzaré por un trabajo presentado por ambos en 2011. Se trata de una previsión demográfica para Japón, resultante de proyectar los datos del Instituto Nacional de Investigaciones sobre la Seguridad Social y Población. Según estos dos expertos, si la tasa de fertilidad (tasa global de fecundidad) continúa estancada alrededor del 1,3 presente, la población de Japón, que actualmente es de algo menos de 130 millones de habitantes, descenderá hasta situarse finalmente alrededor de los 40 millones. Aun en el supuesto de que dicha tasa se elevase inmediatamente hasta 2,0, la población actual se hundiría hasta los 80 millones de habitantes. Si contemplamos el promedio seguido por índice de crecimiento anual de la productividad (también llamado índice de avance tecnológico) a lo largo de los últimos 100 años, comprobaremos que en los países avanzados ha experimentado un aumento del 2% por cada trabajador. Este dato muestra el carácter básico del avance tecnológico, carácter que no puede ser modificado fácilmente. La tasa de crecimiento económico puede conocerse aproximadamente combinando el índice de crecimiento de la productividad con la tasa de crecimiento demográfico de ese país, de modo que en un Japón cuya población seguirá descendiendo en el futuro, por muy notables que puedan llegar a ser los logros de la política económica de Abe, solo se conseguirá mantener un crecimiento del 2% anual, y eso con grandes esfuerzos.

Partiendo de estas condiciones básicas, ¿hasta dónde deberíamos elevar el tipo del impuesto al consumo para conseguir estabilizar definitivamente las finanzas públicas japonesas? Según los cálculos de Braun y Joines, la respuesta sería hasta un 33%, aumento que, además debería ser permanente (adviértase que este porcentaje es resultado de cálculos de hace tres años. Para resultados más actualizados, véase la continuación de este artículo).      

En el actual contexto político, da vértigo pensar en cifras semejantes. La simulación se fundamenta en los supuestos de que la tasa de fertilidad no se recuperará, que la tasa de crecimiento de la productividad será del 2% por trabajador y que la inflación seguirá siendo del 1%, sin que se lleve a cabo ninguna reforma del actual sistema de la seguridad social. Como objetivo de la reconstrucción de las finanzas públicas, se parte de que hallará su estabilidad cuando la deuda pública (emisiones de bonos del Estado, etc) con respecto al PIB sea rebajada hasta un 60%, hecho que se sitúa en el 2100.

Por cierto, los cálculos indican que, incluso en el caso de que la tasa de fertilidad subiera inmediatamente hasta 2,0, sería necesario elevar al 28,5% el tipo del impuesto al consumo. Por lo que atañe exclusivamente a la reconstrucción de las finanzas públicas, la recuperación de la tasa de fertilidad no es en sí un factor que resulte de especial ayuda. Por otra parte, en su simulación de hace tres años, los investigadores utilizaron también el supuesto combinado del 2% de aumento en la tasa de crecimiento de la productividad con otro 2% en la inflación, que son las cifras que mostraría la economía japonesa en el caso de que Abe coronase con un éxito absoluto su estrategia de crecimiento. Incluso en este supuesto sería necesario elevar dicho tipo hasta el 25,5% si lo que se desea es estabilizar convenientemente las finanzas públicas.

Ideas como la de que sería necesario un impuesto al consumo del 33% apenas se dejan ver en los grandes medios de comunicación japoneses, pero lo cierto es que no causan la menor sorpresa entre los economistas, ni entre los expertos en finanzas públicas. Otro estudio, el realizado por el experto en macroeconomía de la Universidad de California en Los Ángeles Gary Hansen y el investigador en temas de seguridad social de la Universidad del Sur de California Selahattin Imrohoroglu, concluye igualmente que la ansiada reconstrucción financiera de Japón no podría llevarse a cabo sin elevar el tipo al 35% por ciento. Cifras parecidas han sido aportadas en Japón por economistas, expertos en mercados e investigadores del Ministerio de Finanzas. En resumidas cuentas, un análisis desapasionado de los datos que arrojan la economía, las finanzas públicas y la seguridad social de Japón llevó ya hace tres años a concluir que “para devolver la sostenibilidad a las finanzas públicas sería necesario ingresos para el Estado equivalentes a los que se obtendrían situando el tipo del impuesto al consumo en un punto cercano al 30%.

Alarmantes cifras de los cálculos más recientes

Hasta aquí las conclusiones basadas en los datos de hace tres años. Porque a lo largo de los últimos tres años las finanzas públicas de Japón no han hecho sino empeorar y el aumento en la factura que se nos pasará en el futuro solo puede calificarse de exponencial.

Braun e Imrohoroglu participaron en la reunión del pasado diciembre e hicieron públicas las conclusiones a que habían llegado a partir de los cálculos más recientes. Braun afirmó que, de utilizarse solo el impuesto al consumo para reconstruir las finanzas públicas, este debería aumentarse progresivamente hasta alrededor del año 2070, hasta alcanzarse un tipo del 53% (posteriormente, durante la primera mitad del siglo XXII, debería ir reduciéndose hasta estabilizarse en el 40%). Imrohoroglu, por su parte, sostuvo que sería necesario mantener el tipo del impuesto en torno al 60% entre 2019 y 2087, para estabilizarlo después en el 47%.   

Me resulta totalmente impensable que haya, no ya algún sistema político democrático, sino incluso alguna sociedad humana, en los que pudieran llevarse a cabo un aumento impositivo de estas dimensiones o un recorte en el gasto público equivalente. Quizás haya que decir que el problema de las finanzas públicas de Japón se sitúa más allá de lo que podría ser objeto de una decisión política democrática o humana. Pero no es posible hacer un debate fructífero de este problema si no tenemos una percepción correcta de la escala tan descomunal en la que se desarrolla.

Los cálculos de Braun y del resto de estos expertos son, ciertamente, cálculos enojosos, que presentan ante nuestros ojos una realidad a la que los japoneses no queremos mirar.

Unas finanzas públicas que recuerdan a las de Grecia o Latinoamérica

Nos preguntamos también qué es lo que ocurrirá si, tras realizarse la hipotética subida al 10% en 2015, las cosas se mantuvieran ahí. Es posible que durante un periodo de, quizás, tres años, el problema no se haga patente. Los agentes de los mercados financieros no toman muy en cuenta horizontes superiores a los dos años, así que la conciencia de crisis acerca de una posible quiebra financiera en los mercados será bastante difusa. Pero la vida del ciudadano no es algo que se extinga en 50 o en 100 años. Cuando hablamos de las finanzas públicas no cabe decir que resistirán los dos próximos años y, después, que sea lo que Dios quiera. 

Visto con una perspectiva a medio o largo plazo, es perfectamente posible que Japón se vea en una situación similar a la que viene sufriendo Grecia como consecuencia de la crisis de la deuda. Año tras año la proporción del saldo de la deuda pública va aumentando con respecto al total del ahorro de los hogares y dentro de 10 o 15 años superará a este. 

Así pues, dentro de unos 10 años será algo perfectamente normal que la deuda pública japonesa sea comprada por inversores extranjeros. Y entonces serán las intenciones de estos inversores las que decidan el precio de los bonos japoneses. Debido a que las finanzas públicas ya no podrán manejarse sin apoyarse en la inversión extranjera, el problema japonés irá derivando hacia algo muy parecido a la crisis de la deuda soberana recientemente sufrida por los países del sur de Europa, o al problema de la deuda externa acumulada que experimentaron en los años 80 del siglo pasado las economías latinoamericanas.  

También es posible que, para entonces, la balanza por cuenta corriente (balanza comercial) esté permanentemente en números rojos. Y esto es así porque, aun concediendo que la industria manufacturera japonesa pueda seguir manteniendo su competitividad, el conjunto del país quedará inevitablemente reducido a un organismo que gasta más dinero en consumo que el que gana con su trabajo, debido al progresivo envejecimiento de la población.   

En el caso de Japón, la devolución de la deuda queda fuera de toda duda mientras el Banco de Japón continúe comprándola sin limitación. Pero entonces el dinero inundará los mercados y la inflación será incontenible. Es decir, en Japón la quiebra de las finanzas públicas es sinónimo de inflación rampante. Los funciones del Gobierno central probablemente piensen que permitir que una alta inflación haga su trabajo y permita una condonación de hecho de la deuda pública es lo más cómodo, que eso les ahorraría el ingrato trabajo de justificar ante la ciudadanía y aprobar en el parlamento las subidas de impuestos o los recortes del gasto público.  

Pero el alivio derivado de aplicar ese principio solo lo sentirían los responsables de tales políticas, porque para la gente supondría un costo mucho mayor que el de esas subidas de impuestos o el de los recortes en el gasto público.

Si a consecuencia de la crisis de las finanzas públicas se instaurase en el país una alta inflación, los tipos de interés se dispararían y lejos de una condonación de la deuda pública, lo único que se lograría sería aumentar el monto de la misma, debido al incremento de la carga representada por la mayor rentabilidad que debería darse a los bonos de conversión. Es algo que experimentaron repetidas veces países como Brasil o Argentina a partir de los años 80. Con tasas de inflación muy elevadas, las economías se ven alteradas y el índice de crecimiento se resiente, con lo que baja también el nivel de vida. Además la deuda del estado sigue aumentando, lo que obliga al banco emisor a aumentar el volumen de sus compras, lo que es causa a su vez de tasas de inflación todavía más altas. Actualmente Japón emite 120 billones de yenes al año en bonos de conversión para financiar una deuda que se ha aproximado a los 1.000 billones. Si los tipos de interés suben debido a la inflación, la carga se va a hacer aún más pesada.

Pretendiendo que la inflación sirva para aliviar la deuda pública, lo que se nos está diciendo, en realidad, es que la inflación supondrá que a cada ciudadano de este país se le confisquen, como promedio, 10 millones de yenes de su patrimonio. Con una alta inflación, los depósitos bancarios y otras formas de patrimonio financiero de los ciudadanos pierden parte de su valor. Los bonos de la deuda también se deprecian, reduciéndose así la carga para el Estado. En resumen, con la inflación lo que se produce es un trasvase efectivo de ingresos, de la ciudadanía al Estado. Por eso se dice que una elevada inflación hace las veces del impuesto sobre el patrimonio. Si a esto sumamos el descenso en el nivel de vida acarreado por las alteraciones en la economía, el daño total que se causa a la economía del ciudadano es incomparablemente superior al que se derivaría de una elevación al 30% del tipo del impuesto al consumo. 

La quiebra de las finanzas públicas no debe ser vista como la superficie de una ciudad reducida a cenizas sobre la que pronto puede recrearse una economía y unas finanzas públicas sanas. Las secuelas continuarían sintiéndose durante 20 o 30 años. El poderío de Japón entraría en declive y bajaría muchos puestos en el concierto de las naciones. A principios del siglo XX Argentina era la octava economía mundial, pero ahora ocupa un lugar muy inferior en la lista. Si no se toman medidas, con Japón podría ocurrir algo parecido.

Preparémonos para una crisis financiera

Ciertamente, implementar aumentos impositivos de gran calibre y duros recortes de gastos como los que comentaba en la primera parte del artículo entraña muchas dificultades. Precisamente por eso no hay que perder nunca de vista posibilidades como una caída en el valor de los bonos del Estado o un alza desmedida de la inflación. Y sería deseable que existiera, para esos supuestos, un plan de contingencias.   

En todo caso, es imprescindible adelantarse a los hechos e ir pensando, en términos concretos, qué partidas de gastos, en qué medida y en qué orden de prioridad deberían ser tocadas en caso de que resultase ineludible hacer recortes en las pensiones o en los gastos médicos para la tercera edad.

¿Qué ocurriría si una repentina caída del valor de los bonos del Estado nos tomase desprevenidos? Para detener la estampida que ocurriría en los mercados probablemente el Estado se vería obligado a recortar a toda prisa el gasto social. Los recortes se cebarían en las partes más débiles de la sociedad, aquellas que tienen menor capacidad para hacer oír su voz. Se forzaría a la gente a hacer sacrificios que de suyo eran evitables. Acabaríamos, pues, en una situación parecida a lo que ocurrió con tantos y tantos ancianos que perdieron la vida durante los intempestivos desalojos de sus residencias con motivo del accidente nuclear provocado por el Gran Terremoto del Este de Japón, en marzo de 2011.   

En el céntrico barrio tokiota de Nagatachō, donde se concentra la burocracia, se tiene por costumbre no hablar jamás sobre supuestos. Pero cuando hablamos de finanzas públicas, esa costumbre debería abandonarse. Esa actitud de no manejar la hipótesis de una crisis futura no es más que una forma de escapismo. Sobre aquellos que tienen alguna responsabilidad sobre el bienestar de los ciudadanos pesa el deber de manejar continuamente tales supuestos y adelantarse a cualquier emergencia.

(Traducido al español del original en japonés publicado en nuestro sitio el 2 de abril de 2014.)

Fotografía del titular: Letreros anuncian el nuevo porcentaje del impuesto al consumo en una tienda de electrodomésticos, el 2 de abril de 2014. Fotografía: Shizuo Kambayashi/AP Photo/Aflo)