Cambios que afectarán la vida de la población en Japón desde abril de 2026

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Entre los cambios que se introducirán al inicio del nuevo año fiscal en Japón se encuentran la mejora del acceso a las guarderías y la implantación de la gratuidad efectiva de la matrícula en los institutos, incluidos los privados, en un intento del Gobierno por frenar el declive de la natalidad.
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El año fiscal y el año lectivo comienzan en Japón el 1 de abril cada año. En el ejercicio de 2026, las personas que viven en Japón verán una serie de cambios, en particular relacionados con su economía, tal como se detalla a continuación.

El descenso de la tasa de natalidad da lugar a un nuevo impuesto

Los nuevos recargos en las primas del seguro de salud financiarán medidas para hacer frente al descenso de la natalidad en Japón. Las aportaciones individuales dependerán de factores como el tipo de seguro público de salud y los ingresos anuales. La Agencia para la Infancia y la Familia estima que, en el ejercicio fiscal 2026, los trabajadores con ingresos de 6 millones de yenes pagarán 575 yenes al mes por este recargo, mientras que quienes ganen 8 millones abonarán 767 yenes. La cuantía aumentará gradualmente hasta el ejercicio fiscal 2028, cuando quedará fijada.

Opción de guardería para todos los niños

Con el nuevo sistema, incluso si los padres no trabajan, podrán dejar a sus hijos pequeños (de entre seis meses y menos de tres años) en guarderías durante un máximo de diez horas al mes. La Agencia para la Infancia y la Familia estima que el coste será de unos 300 yenes por hora de cuidado.

Matrícula gratuita en el instituto

Anteriormente, solo los hogares con unos ingresos anuales inferiores a 5,9 millones de yenes podían recibir ayudas públicas para pagar la matrícula de institutos privados. Sin embargo, con la eliminación de este requisito, el bachillerato en Japón pasa a ser, en la práctica, gratuito independientemente de los ingresos del hogar y de si el centro es público o privado. Las ayudas para estudiantes a tiempo completo aumentarán hasta los 457.000 yenes anuales, aunque no incluyen las tasas de ingreso ni los costes de uniformes y material. Además, los estudiantes de escuelas internacionales en Japón quedan fuera de este sistema.

Se exigirá un período de residencia más largo para obtener la ciudadanía

Según las nuevas normas del Ministerio de Justicia, los residentes extranjeros deberán haber vivido en Japón durante al menos diez años, en principio, como uno de los requisitos para naturalizarse. También deberán presentar pruebas de haber pagado impuestos durante cinco años y las cotizaciones al seguro social durante dos años. Este cambio responde a un endurecimiento del proceso de evaluación, más que a una reforma legislativa.

Pagos de pensión completa para un mayor número de personas mayores que siguen trabajando

El umbral a partir del cual se reducen las prestaciones de pensión para las personas de la tercera edad que siguen trabajando, en función de sus ingresos combinados por salarios y la pensión kōsei nenkin para empleados del sector empresarial, se eleva de 510.000 a 620.000 yenes mensuales. Al permitir unos ingresos más elevados sin recortes, el Gobierno pretende fomentar que las personas mayores continúen trabajando como medida para hacer frente a la escasez de mano de obra.

Un nuevo sistema de sanciones para los ciclistas

Se aplicará a los ciclistas de 16 años o más un nuevo sistema de multas por infracciones de tránsito que incluirá una sanción de 12.000 yenes por utilizar el teléfono móvil mientras se circula en bicicleta.

Más empresas publicarán datos relacionados con la igualdad de género

Antes se obligaba a las empresas con 301 o más empleados a divulgar información sobre la brecha salarial de género y la proporción de mujeres en puestos directivos. Ahora este requisito se amplía para incluir también a las empresas con al menos 101 empleados.

Aumentan las tarifas de telefonía fija de NTT

NTT East y NTT West elevan sus tarifas de telefonía fija por primera vez en 30 años, con un aumento de 220 yenes para las líneas residenciales. Las compañías pretenden acelerar la transición hacia la fibra óptica y otros servicios de última generación.

Se reduce el apoyo necesario para la reconstrucción de edificios de viviendas

Anteriormente, se requería el acuerdo de al menos el 80 % de los propietarios y titulares de derechos de un condominio para reconstruir un edificio de propiedad compartida, pero este umbral se ha reducido al 75 % en el caso de inmuebles que presenten problemas como una resistencia sísmica insuficiente o deficiencias de accesibilidad.

Material de referencia

(Imagen del encabezado: © PhotoAC.)

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