Las órdenes de evacuación en Fukushima están siendo anuladas poco a poco

Después de que en 2017 el Gobierno levantara las órdenes de evacuación en varias áreas alrededor de la central de Fukushima Daiichi, solo siete municipios, incluyendo toda Futaba y Ōkuma y algunas partes de Namie, así como otros cuatro pueblos, continúan siendo zonas en las que se prohíbe residir.

Las zonas de evacuación se dividen en tres áreas: el área 1, donde se cree que será complicado que los antiguos residentes vuelvan hasta dentro de mucho tiempo; el área 2, en el que se restringe vivir a los antiguos residentes; y el área 3, en el que se espera que las órdenes de evacuación sean levantadas. Desde abril de 2014 el Gobierno ha venido levantando las órdenes de evacuación paulatinamente en los 11 municipios originales designados tras el desastre.

Se espera que las órdenes de evacuación para algunas áreas de Ōkuma, que tiene una población de unos 10.000 habitantes, donde se encuentra la central de Fukushima Daiichi, sean levantadas en abril, lo que permitirá que parte de los vecinos del lugar vuelvan a sus casas ocho años después del desastre. Anticipándose a esto, se está construyendo un nuevo ayuntamiento en el distrito de Ōgawara en el oeste del municipio.

No obstante, aunque un importante número de ellos se niega o se ve incapaz de volver y han decidido quedarse donde están en la actualidad. Una encuesta realizada por la Agencia para la Reconstrucción y los gobiernos locales en 2015 y 2016 indica que más de la mitad de los vecinos de las áreas afectadas de Ōkuma, Futaba, Namie y Tomioka afirmaron que no tenían intención de regresar a sus casas.

En enero de 2019, unos 32.000 de los cerca de 42.000 evacuados de sus lugares originales de residencia vivían en otras prefecturas. Las autoridades han finalizado en gran medida los trabajos de descontaminación, incluyendo las viviendas e instalaciones públicas, y los niveles de radiación en el ambiente continúan reduciéndose en toda la prefectura.

El desmantelamiento de Fukushima Daiichi: logran acceder por primera vez al combustible nuclear con un robot

El desmantelamiento de Fukushima Daiichi, donde se produjo el peor accidente nuclear de la historia de Japón, avanza lentamente. Desde 2017 los investigadores han utilizado sondas robóticas y otros equipos para observar el interior de los reactores 1, 2 y 3. En febrero de 2019 un robot equipado con pinzas bajó en el reactor 2 y tocó el combustible nuclear fundido por primera vez.

En septiembre de 2017 el Gobierno y TEPCO revisaron su “hoja de ruta” para el desmantelamiento de la central por primera vez en dos años. Las decisiones finales sobre cómo extraer el combustible fundido y el orden por el que se realizarán los trabajos de desmantelamiento en los reactores se aplazarán hasta el año fiscal 2019. El comienzo de las tareas para extraer las barras de combustible de las piscinas que hay en los reactores 1 y 2 también se pospuso tres años y parece que se llevará a cabo en 2023. La hoja de ruta, no obstante, mantiene su plazo de entre 30 y 40 años para el desmantelamiento de Fukushima Daiichi.

El Gobierno y TEPCO deberán pagar indemnizaciones

En los últimos doce meses han sido dictadas varias sentencias en una serie de demandas colectivas en torno al desastre nuclear en la central de Fukushima Daiichi, en las que los tribunales han sentenciado que el Gobierno y TEPCO deben pagar una compensación a los evacuados.

El Tribunal del Distrito de Yokohama ordenó el 20 de febrero de 2019 al Gobierno y a la empresa que gestiona la central nuclear que pagaran 420 millones de yenes en daños a 152 de los 175 denunciantes que tuvieron que trasladarse a la prefectura de Kanagawa tras el desastre nuclear. El juez sentenció que el Estado y TEPCO podrían haber previsto el riesgo de tsunami y haber tomado medidas para prevenir los daños a los reactores y la consiguiente fusión.

En la actualidad está en marcha un juicio penal contra tres antiguos directivos de TEPCO, entre los que se encuentran el anterior presidente Katsumata Tsunehisa, en el que los abogados que actúan como fiscales pidieron en diciembre de 2018 penas de cinco años de prisión para todos los acusados al considerar que actuaron negligentemente al no prevenir el accidente nuclear.

(Fotografía del encabezado: en Ōtsuchi, en la prefectura de Iwate, varios trabajadores retiran un reloj del muro exterior del antiguo ayuntamiento el 15 de enero de 2019. Las estructuras afectadas por el tsunami serán demolidas, aunque muchos vecinos de la localidad se han opuesto a esta decisión alegando que deberían ser conservadas a modo de monumento conmemorativo del 11 de marzo. © Jiji.)