Okinawa: identidad y derecho a la autodeterminación

Dando a conocer las violaciones contra los derechos de los okinawenses

Por su parte, el All Okinawa Council (Shimagurumi kaigi) del que actualmente formo parte (cuyo nombre completo en japonés vendría a significar “Consejo de todos los isleños para la consecución del kenpakusho de Okinawa y para abrir un futuro a las islas”), se basa en el constitucionalismo internacional y se posiciona a favor de promover la solidaridad y la participación de todas las personas del mundo apelando a valores universales y a una lógica que tambien es universal. En la ONU se ha emitido una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y se ha exhortado de diversas maneras al Gobierno de Japón para que ponga los medios necesarios a fin de garantizar el respeto a los derechos de los okinawenses como indígenas de las islas. Nuestra asociación realiza actividades y lleva a cabo un movimiento que concede la debida importancia al derecho a la autodeterminación, que queda claramente afirmado, pero no limita al “pueblo indígena” sujeto del derecho a la autodeterminación la participación en el movimiento ni la cualificación para ser miembro de la asociación.

Entre los valores universales compartidos por todo el mundo, el más importante es la idea de los derechos humanos. Están también muchas normas internacionales que han sido ratificadas por Japón, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las normas del derecho internacional de los derechos humanos (rama del derecho), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, etcétera.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU calificó en 2010 de “forma moderna de discriminación racial” la concentración de bases militares norteamericanas en la isla principal de Okinawa. En informes especiales del Consejo de Derechos Humanos y en opiniones vertidas por el Comité del Pacto Internacional de los Derechos Humanos, ambos órganos de la ONU, se comparte una misma visión sobre las violaciones de los derechos humanos que están ocurriendo en Okinawa. Nuestro objetivo es aprovechar de la mejor manera todos estos hechos para conseguir que un número cada vez mayor de personas en todo el mundo simpaticen con la causa del pueblo okinawense.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU tiene todavía otro documento, una recomendación final emitida en agosto de 2014, en la que reconoce a los okinawenses como pueblo indígena y exhorta a que se protejan sus derechos. El punto más importante en el que incide este documento es el libre posicionamiento político de las gentes de Okinawa, ya sea a través de su independencia, mediante la obtención de la autonomía dentro de Japón o como una simple provincia (prefectura). De lo que se trata, repito, es de recalcar que los okinawenses tienen derecho a fijar sus posturas políticas mediante el libre ejercicio de su voluntad.

Una planificación que vulnera la libertad de desarrollo económico

En su artículo 1, la Carta Internacional de Derechos Humanos recoge la libertad de posicionamiento político, desarrollo económico, cultural y social. Durante los últimos años en Okinawa es objeto de debate la violación de la libertad de desarrollo económico. El Gobierno de Japón, que es el que tiene competencia en la elaboración del Plan de Promoción de Okinawa, afirma que ha sido siempre muy considerado con los intereses de Okinawa, pero el desarrollo económico de las islas debería ser más respetuoso con la lengua, la cultura y la naturaleza, y responder a las necesidades de los okinawenses.

Además, desde la segunda mitad de los años noventa, los programas gubernamentales de promoción, que vienen a ser una especie de compensación económica para Okinawa por soportar las bases militares, están recibiendo críticas desde el mundo económico okinawense, que cada vez más ven esos programas como caprichosos repartos de dulces. En las elecciones al cargo de gobernador de 2014, muchos empresarios del sector de la construcción y las obras civiles apoyaron la candidatura de Onaga, lo que indica que comparten la opinión de que el sistema actual se ha convertido en un factor que entorpece la búsqueda de la autonomía económica de prefectura, que tiene un nulo efecto económico y que, además, viola el derecho al libre desarrollo económico de Okinawa.

En Okinawa la conciencia de estar sufriendo una “discriminación estructural” dentro de la cual la imposición de las bases militares no es más que un aspecto, es ahora mucho más viva que en el pasado.

Un diáfano ejemplo de esta discriminación estructural es la Ley de uso temporal de terrenos públicos de Okinawa, promulgada en mayo de 1972. Se trata de una ley que, sin cuestionar en absoluto la legitimidad del método por el que el ejército norteamericano se había apropiado por la fuerza y continuaba usando ciertos terrenos, imponía sobre ellos la calificación de terreno público y daba continuidad a su utilización forzosa. El artículo 95 de la Constitución de Japón establece que una ley especial, aplicable solo a una entidad local pública, no podrá ser promulgada por la Dieta sin el consentimiento de la mayoría de los votantes de la entidad local pública afectada, obtenida de acuerdo a la ley. Es decir, que antes de promulgar la ley de 1972 debería haberse celebrado un referendo.

La solidaridad en la lucha, clave de la identidad

Desde que ocurrió el movimiento de resistencia popular “Toda la isla en lucha” (Shimagurumi tōsō) de mediados de los años cincuenta contra las expropiaciones forzosas de tierra que se realizaban para construir las bases militares, los okinawenses confiaban en que algún día Japón comprendería el dolor y la violación de sus derechos humanos que suponían esas expropiaciones forzosas, pero sus deseos se vieron frustrados porque, lejos de aliviar esta situación, Japón la ratificó con esa ley de 1972 de uso temporal del terreno, que supuso una legalización de esas violaciones de los derechos humanos. Posteriormente, a través de una serie de hechos como la violación de una niña de 12 años por tres soldados norteamericanos en 1995, esta discriminación estructural se ha ido visibilizando y la conciencia sobre la situación se ha hecho más clara.

Actualmente, incluso en los sectores más conservadores y en el mundo económico de Okinawa se hace sentir una gran irritación al ver cómo el Gobierno de Japón, que aplica esta discriminación estructural, sigue pidiendo a Okinawa que se resigne a esta situación a cambio de los beneficios económicos que reporta el alquiler de los terrenos para las bases, y al ver también cómo la opinión pública del conjunto de Japón y los medios de comunicación son incapaces de tener una visión propia e independiente de la del Gobierno.

Volver a estudiar la historia de Okinawa a partir del movimiento de “Toda la isla en lucha”, entenderlo como una lucha por los derechos humanos y por la autonomía, y tomar el relevo, para así poder hacer frente a esta discriminación estructural. Este planteamiento contribuirá también a reforzar entre nosotros la identidad como uchinānchu.

El legado de una época de lucha

En resumen, podemos decir que esa identidad que ahora se comparte y se proclama con fuerza en Okinawa no busca su origen tanto de la época del reino de Ryūkyū como en la época de la posguerra, cuyas luchas y padecimientos se sienten como heredados y compartidos. Está basado en un sentido de solidaridad social, de unidad de la gente, construido a lo largo de una serie de episodios de resistencia contra una política de injusta opresión y vulneraciones, que comenzó en los años cincuenta, cuando la política estadounidense de dominio separado sobre Okinawa alcanzaba su forma más extrema, y se formó el movimiento de “Toda la isla en lucha” en defensa de la tierra y los derechos humanos, que dio pie a la creación de una primera plataforma para un frente común, y continuó en los años sesenta, con el enfrentamiento por la autonomía sostenido con el alto comisionado de la Administración Civil norteamericana para Okinawa, el teniente general Paul Caraway(*4).

Las posibilidades reales de que los marines estacionados en Okinawa entren en combate con fuerzas chinas son prácticamente inexistentes. Sin embargo, las principales fuerzas políticas y la mayor parte de los medios de comunicación de Japón parecen ciegos a esta realidad y siguen pensando que la presencia permanente de los marines a través de las bases militares es una necesidad geomilitar. Por si fuera poco, políticos e informadores consideran que el supuesto efecto positivo de las bases sobre la economía de las islas, sumado a la canalización del dinero público hacia Okinawa que se realiza en relación con esas bases, es razón suficiente para que los okinawenses se resignen a seguir soportándolas, lo cual es un discurso claramente discriminatorio.

Esto es un intento por borrar toda la referida historia de posguerra de levantamiento popular, solidaridad y lucha contra las injusticias y la opresión con que se han construido y mantenido las bases militares norteamericanas, y una negación de la dignidad e identidad de los okinawenses. En Okinawa, esto se percibe como una nueva forma de rechazo y segregación de Okinawa por parte de políticos e informadores.

(Escrito el 30 de junio de 2015 y traducido al español del original en japonés)

Fotografía del encabezado: la embajadora de Estados Unidos en Japón Caroline Kennedy (segunda por la izquierda) visita el castillo de Shuri, en Naha (Okinawa), en febrero de 2014. (Jiji Press)