Tokio, 15 de octubre (Jiji Press)—Con el objetivo de prevenir delitos graves como los asesinatos relacionados con el acoso, la Agencia Nacional de Policía de Japón anunció el jueves la creación de un comité de expertos que estudiará la posibilidad de obligar a los acosadores considerados especialmente peligrosos a llevar dispositivos de localización por GPS para evitar que se acerquen a sus víctimas. El comité también examinará la conveniencia de imponerles la obligación de recibir asesoramiento psicológico o tratamiento médico. Su primera reunión se celebrará el día 19.
El presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, Hanashi Yasuhiro, explicó los motivos de la iniciativa durante su rueda de prensa habitual del día 15: “La situación del acoso es crítica. Hemos decidido crear el comité cuanto antes y comenzar a diseñar el sistema”.
El comité estará integrado por ocho miembros, entre ellos profesores universitarios especializados en derecho constitucional y política criminal, abogados y expertos en asesoramiento psicológico. También participará un familiar de la víctima de un asesinato relacionado con un caso de acoso ocurrido en 2012 en la ciudad de Zushi, en la prefectura de Kanagawa.
En cuanto al uso del GPS, se estudia la posibilidad de colocar estos dispositivos a los acosadores que incumplan las órdenes de alejamiento dictadas en virtud de la Ley de Regulación del Acoso, de modo que se emita una alerta si se aproximan a sus víctimas.
Según la agencia, países como España y Alemania cuentan con sistemas de vigilancia de personas responsables de acoso o violencia doméstica que permiten a la policía intervenir cuando estas se acercan a sus víctimas más allá de una distancia de seguridad establecida. Por su parte, en Corea del Sur, donde el uso de dispositivos GPS para acosadores se introdujo en 2023, no se ha registrado ningún asesinato cometido por personas sometidas a este sistema de vigilancia.
Además de estudiar la conveniencia de implantar esta medida, el comité examinará los supuestos en los que se impondría el uso de estos dispositivos, la duración de la obligación y los métodos de supervisión. También se debatirá su compatibilidad con los derechos a la privacidad y a la libertad de circulación garantizados por la Constitución.
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