En la justicia penal japonesa, el sospechoso que niega las acusaciones vertidas sobre él ve cómo su periodo de retención va prolongándose, convirtiéndose así, según la expresión habitual, en un verdadero “rehén de la justicia”. Muraki Atsuko fue detenida durante medio año por un supuesto delito que no había cometido.
El largo periodo de detención sufrido por Carlos Ghosn, expresidente de la compañía Nissan, ha centrado en la administración de justicia criminal japonesa una gran atención y numerosas críticas procedentes de otras partes del mundo. El sistema japonés, por el cual el sospechoso es aislado e interrogado durante largos días sin poder recuperar la libertad en tanto no haya reconocido básicamente los delitos que han levantado la sospecha, ha sido cuestionado dentro y fuera de nuestras fronteras y tildado de auténtica “toma de rehenes”. Gracias a la “confesión” obtenida, los fiscales logran en los juicios penales un porcentaje de sentencias de culpabilidad del 99,9 %, guarismos que han servido incluso de título a una serie televisiva que explota el tema de las falsas imputaciones y errores judiciales.
Como parte de la reforma de la justicia criminal, en junio de 2019 comenzará a exigirse la “visibilización de los interrogatorios” (constancia visual y sonora) en una parte de los casos. El origen de esta medida se encuentra en un caso de prácticas irregulares relacionadas con los servicios postales que afectó, hace ahora 10 años, a la directora general del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Muraki Atsuko. De la mano de Muraki, examinamos aquí aquel caso sobre el eje de su libro Nihon-gata soshiki no yamai wo kangaeru (“Reflexiones sobre el mal que afecta a las organizaciones de estilo japonés”), publicado recientemente por la editorial Kadokawa Shinsho. Las reformas que se están llevando a cabo son, según Muraki, todavía insuficientes.
Tres obstáculos en la carrera hacia el reconocimiento de su inocencia
En junio de 2009, cuando era máxima responsable de la Dirección General de Igualdad en el Trabajo, Infancia y Familia del Ministerio de Salud, Muraki fue detenida súbitamente por la Sección de Investigaciones Especiales de la Fiscalía prefectural de Osaka por un delito que no había cometido. La sospecha se remontaba al año 2004, cuando Muraki era directora de la sección de Planificación del departamento de Seguros y Bienestar Social para Personas Con Discapacidad. Se la acusó de haber ordenado a sus subordinados emitir falsos certificados en beneficio de la entidad Rin no Kai, que se presentaba como una asociación para este tipo de personas. Los certificados acreditaban a la sociedad para el uso del sistema de descuentos a personas con discapacidad, que incluye la aplicación de tarifas postales especialmente bajas. Rin no Kai se sirvió indebidamente este sistema para su propio lucro, pues lo utilizó para ahorrarse costos en el envío postal a sus socios de publicidad de artículos comerciales, entre ellos los distribuidos por un mayorista de electrodomésticos.
Aunque, durante sus interrogatorios, Muraki desmintió en líneas generales la historia relatada en el pliego de cargos presentado por los fiscales, una vez iniciado el proceso su petición de ser puesta en libertad solo fue aceptada después de tres intentos fallidos, cuando llevaba detenida en Osaka 164 días. Durante el juicio se pudo saber que la Fiscalía había destruido todas las notas tomadas durante los interrogatorios, lo que puso de relieve el descuido con el que había llevado la investigación. Uno de sus exsubordinados, un jefe de negociado cuyo testimonio había sido requerido por la fiscalía, reconoció que sus anteriores declaraciones recogidas en el atestado, según las cuales emitió los certificados siguiendo órdenes de Muraki, habían sido una invención, y que en realidad había actuado por iniciativa propia. Los otros testigos de cargo, en su gran mayoría, se desdijeron igualmente del contenido de los atestados. Muraki fue declarada inocente e inmediatamente después de serlo se descubrieron las manipulaciones que el fiscal encargado del caso había hecho en lo declarado por los testigos, causando un escándalo que hizo temblar el país.
Muraki Atsuko se dispone a dar una rueda de prensa en el Club de Prensa de Osaka el 10 de septiembre de 2010 tras ser absuelta por el juez en un caso de prácticas irregulares en los servicios postales. (Jiji Press)“La justicia penal quizás no sea un asunto que despierte demasiado interés entre el común de los ciudadanos. A mí tampoco me interesaba. Cuando oía en las noticias que habían detenido a un sospechoso por algún caso, me alegraba saber que un malvado más había sido capturado, eso era todo”, reflexiona Muraki. “Pero cuando me vi obligada a probar mi inocencia tras mi detención, me di cuenta de que hay tres grandes problemas que impiden que los juicios se lleven a cabo de forma justa”.
“El primer problema es que los interrogatorios se hacen en un régimen de total aislamiento. Lo que finalmente apareció en el atestado, más que mis propias palabras, eran las notas parciales tomadas por el interrogador. Y ese atestado se convierte, en el juicio, en la principal prueba”.
“El segundo es que si no reconoces las sospechas, el periodo de detención se va alargando. Suelen alegarse como razones del confinamiento la posibilidad de que el sospechoso destruya pruebas o huya, pero no se sopesa cuidadosamente si hay o no hay razones suficientes para privar a una persona de su libertad y, automáticamente, el confinamiento se prolonga mientras no te des por vencido. Y esa potestad de retenerte es el arma que utiliza la Fiscalía. Es una justicia que convierte al sospechoso en rehén”.
“Te preguntan amablemente si prefieres pasar la noche en sus dependencias”, dice Muraki con un rictus de amargura. “Al final, el fiscal es quien decide si te encierran o no. Esto lo utilizan como un arma. Tú temes continuar detenido y ellos te tientan con la libertad siempre que les des la razón en sus pretensiones”.
“El tercer problema es el de la revelación de las pruebas. Solo la policía y la Fiscalía pueden hacer registros domiciliarios y, por eso, todas las pruebas importantes obran en su poder. Hay que ir tanteando a ciegas para encontrar las pruebas necesarias para la defensa y pedir a la Fiscalía que las revele”.
Un comentario inadmisible del interrogador
Según el cuadro pintado por la Fiscalía, en 2004 Muraki estaba haciendo los preparativos para que la Dieta (Parlamento) tramitase sin contratiempos una proposición de ley para promover la autonomía de las personas con discapacidad. Muraki respondía a una petición de un parlamentario, que a su vez hacía valer sus influencias a requerimiento de una supuesta asociación que trabajaba para dichas personas. Según sospechaba la Fiscalía, Muraki ordenó emitir los certificados en favor de la asociación para contentar al parlamentario.
Entre las cosas que oyó decir al fiscal durante el interrogatorio, hubo una que causó una fuerte impresión en Muraki: “Si se emite una sentencia en suspenso (libertad condicional), es que el delito no es tan grave”.
“Cuando pedí una aclaración, el fiscal me dijo que delitos graves eran los asesinatos o lesiones. No pude reprimirme y protesté diciendo que, antes que reconocer haber hecho algo tan miserable como falsificar certificados para que una pretendida asociación de defensa de las personas con discapacidad se lucrase, más llevadero me parecía tener que reconocer, por ejemplo, haber acuchillado al hombre por el que estaba loca de amor”.
No es fácil imaginar a Muraki, una mujer de pequeña estatura y aspecto pacífico, diciendo cosas tan tremendas pero, según ella misma explica, estaba profundamente enfadada. “Por supuesto, los asesinatos y las lesiones son delitos, pero los seres humanos a veces nos dejamos arrastrar por las pasiones. A mí me pareció que ese tipo de delitos merecían más compasión. Por mucho que puedan darte la libertad condicional, si eres culpable eres culpable. Al oír aquello de que no era algo tan grave, sentí que la forma de entender las cosas de la Fiscalía estaba muy apartada de la de la gente común.
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