Ocultamientos y falsificación de pruebas por parte de la Fiscalía

“Si fui declarada inocente, fue por suerte”, afirma Muraki. “Una de las abogadas del equipo de defensa me dijo que, ya que yo era la que más tiempo libre tenía de todos y ellos no sabían muy bien qué proceso seguía la expedición de certificados en una oficina pública, revisase yo misma todos los papeles en busca de cualquier indicio sospechoso e hiciese una lista de los hallazgos, para que ellos vieran después si había algo utilizable en el juicio”.

Efectivamente, Muraki tenía mucho “tiempo libre” durante su detención en Osaka, así que inició la frenética búsqueda entre toda aquella ingente cantidad de copias de materiales probatorios revelados al equipo de la defensa por la Fiscalía. Su mirada se detuvo en uno de los informes de la investigación. Allí aparecía el apartado de properties (informaciones como la fecha y hora de creación y modificación de un archivo) de un disquete (floppy disk) que contenía un archivo creado cuando se elaboraron los certificados, pero la fecha de creación que aparecía en el informe entraba en contradicción con lo pretendido por la Fiscalía. En realidad, la Fiscalía había ocultado la existencia de tal disquete, que quizás ni siquiera pensaba aportar al juicio, y el informe correspondiente se coló por descuido entre los documentos revelados.

Este descubrimiento sirvió para desbaratar el relato de los hechos que presentó la Fiscalía en el juicio. Días más tarde se supo también que la Fiscalía había modificado las properties del disquete, de forma que la fecha coincidiera con sus explicaciones.

“Resultaba poco natural que entre las pruebas reveladas por la Fiscalía no figurase el propio disquete con el que se habían creado los certificados falsos”, señala Muraki. “Repetidas veces le dije al fiscal que me interrogaba que tenía que haber un archivo electrónico del momento en que se emitieron los certificados, pero su respuesta era que tales datos no existían”. Temiendo que durante el juicio saliera a relucir la existencia del disquete como prueba que contradecía la demostración hecha por la Fiscalía, esta manipuló el disquete y ocultó su existencia.

Una reforma de la justicia criminal todavía incompleta

En este caso, que acarreó la dimisión del fiscal general del Estado, la Fiscalía Suprema hizo público el resultado de la investigación interna, pero el informe no incluía ninguna reflexión sobre por qué se redactaron tantos atestados a partir de declaraciones extraídas mediante presión y por qué no revisó la actuación pese a haberse percatado de los errores cometidos. Para elucidar el caso, Muraki interpuso una demanda para obtener reparación del Estado, pero el Estado se avino a indemnizar a la demandante sin objeciones, para poner fin rápidamente al juicio. Por otra parte, en 2011 se creó una comisión especial para deliberar sobre temas judiciales y adaptar a los nuevos tiempos la administración de justicia criminal que incluyó entre sus miembros a Muraki, quien pudo participar en los debates. La mayor parte de los miembros de este órgano eran expertos en justicia criminal.

“Una de las cosas más chocantes que oí en aquella comisión”, recuerda Muraki, “fue que tener que hacer grabaciones de imagen y sonido de los interrogatorios tendría un efecto negativo sobre el mantenimiento del orden público. Pero, lo peor para la seguridad ciudadana, ¿no es atrapar a la persona equivocada y dejar libre al verdadero delincuente?”.

Las reformas que se ha decidido hacer a raíz de las deliberaciones de la comisión incluyen algunas mejoras, como la de obligar a la Fiscalía y a la policía de hacer videograbaciones de los interrogatorios y de entregar a los abogados de los sospechosos un listado de las pruebas que serán presentadas. Sin embargo, Muraki entiende que, en muchos sentidos, subsisten muchos problemas. “La obligatoriedad de hacer videograbaciones solo es para los casos que serán juzgados con jurado y para las investigaciones iniciadas a iniciativa de la Fiscalía, y no afecta a las declaraciones de los testigos (personas distintas al sospechoso cuyo testimonio se requiere)”.

Otro hándicap para el sospechoso es que no puede testificar en presencia de su abogado. “En los interrogatorios, subes al ring siendo un amateur y tienes que enfrentarte a un profesional, el fiscal, sin segundos y sin disponer tampoco de un árbitro. Si se da por imposible que el abogado acompañe al interrogado, debería habilitarse al menos un sistema por el que este pudiera consultar a aquel al firmar el atestado de sus declaraciones”.

No se ha despejado la sospecha de que aquellas pruebas que resulten más incómodas para la Fiscalía acaben no siendo reveladas y tampoco se ha dado ningún avance en el tema del confinamiento al que se ve sometido el investigado, convertido en “rehén de la justicia”. Como ocurrió en la caso de Muraki, alegar el temor a que el investigado huya o destruya pruebas es suficiente para obtener del juez una prolongación del periodo de detención. “Es necesario crear unas normas transparentes para la detención y tener un sistema que pueda aplicarse adecuadamente”.

Muraki señala que la “patología” que presenta la Fiscalía, que interroga utilizando presiones y que es incapaz de enmendarse aun conociendo sus propios errores, está presente también en otras instituciones del país. “Se están descubriendo prácticas corruptas en muchos órganos de la Administración”, dice, “como el ocultamiento de documentos y las falsificaciones cometidos por el Ministerio de Finanzas, que tuvieron lugar en 2018. La tendencia de las propias organizaciones a encubrir sus fracasos y errores haciendo ver que lo sucedido no es tal cosa tiene su origen, según Muraki, en la idea de que hay que defender la imagen y de que en la Administración los fracasos y errores no están permitidos. “Igual que en el caso de las grabaciones de los interrogatorios, es importante crear mecanismos visibles desde el exterior. Hacer normas y mecanismos claros, y apertura informativa. Si hacemos mecanismos que no permitan ocultamientos se harán imposibles también las excesivas deferencias a los políticos y mentalmente esto representará una liberación para los funcionarios”.