Akane Tomoko desarrolló su carrera como fiscal antes de convertirse en jueza de la Corte Penal Internacional. Ahora, como presidenta de la institución, que se enfrenta a las sanciones de Estados Unidos, ha publicado un libro en el que explica por qué es necesario defender dicha institución antes de que sea demasiado tarde.

Sanciones impuestas por los Estados Unidos

En su libro de 2025 Sensō hanzai to tatakau (“Luchar contra los crímenes de guerra”), Akane Tomoko, jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) desde marzo de 2018 y actual presidenta de la institución, expresó su preocupación por las crecientes presiones sobre la Corte y la amenaza que estas representan para la justicia internacional. “Nunca debemos olvidar que las personas de todo el mundo que sufren los estragos de la guerra y otras calamidades han depositado sus esperanzas en nuestra labor”, escribe. “No debemos permitir que se apague esa luz de esperanza”, añade.

En julio de 2023, Rusia incluyó a Akane y a otros funcionarios de la CPI en su lista de personas buscadas. La medida llegó después de que ella y otros jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI emitieran una orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, al considerar que existían motivos razonables para creer que estaba implicado en la deportación y el traslado forzosos de niños ucranianos a Rusia, actos constitutivos de crímenes de guerra. Sin embargo, Rusia no sería el único país que ejercería presiones directas sobre Akane.

En marzo de 2024, cuando llevaba seis años de su mandato de nueve como jueza de la CPI, Akane fue elegida presidenta de la Corte. En noviembre de ese mismo año, la CPI emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en los territorios palestinos. En respuesta, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autorizaba la imposición de sanciones contra la Corte. El primero en ser sancionado fue el fiscal jefe, Karim Khan, seguido de ocho jueces. En agosto de 2026, la propia Akane pasó a figurar entre las personas sancionadas.

Hasta entonces, las sanciones se habían dirigido contra personas concretas. Sin embargo, la situación cambió en octubre, coincidiendo con el anuncio del Premio Nobel de la Paz de 2026, concedido a Navi Pillay, exjueza de la CPI. Apenas unas horas después, la Administración de Trump anunció nuevas sanciones, esta vez contra la propia Corte.

“La CPI está prácticamente acabada”

Las personas sancionadas pueden quedar excluidas de los servicios bancarios fuera de los Países Bajos, donde tiene su sede la CPI. Sus activos en Estados Unidos quedan congelados y tienen prohibida la entrada al país. Las empresas estadounidenses tampoco pueden realizar transacciones con ellas. Pero ¿qué sucedería si las sanciones se dirigieran contra la propia CPI? “Los bancos y las empresas de todo el mundo podrían dejar de operar con la Corte”, advierte Akane en su libro. Y añade:

“Es posible que ya no podamos pagar los salarios de nuestro personal, lo que paralizaría todas las actividades de la organización, ni transferir fondos a nuestras oficinas sobre el terreno en Ucrania y África, donde se llevan a cabo las investigaciones. Los sistemas informáticos y de comunicaciones de la CPI dependen de empresas estadounidenses. Sin estos servicios, incluso nuestra capacidad para almacenar datos electrónicos se vería afectada”.

Akane había advertido de que, si se imponían esas sanciones, la CPI estaría “prácticamente acabada”. Ahora, ese escenario está empezando a hacerse realidad. La presidenta lamenta que los Estados miembros de la Corte no estén haciendo lo suficiente para responder a las sanciones estadounidenses. “Es verdaderamente lamentable que los Estados miembros, incluido Japón, hayan tardado tanto en actuar. Si permitimos que una gran potencia haga lo que quiera y destruya la CPI, el Estado de derecho en la comunidad internacional podría llegar a derrumbarse”. Además, Akane considera que los Estados miembros todavía no han comprendido plenamente la gravedad de la crisis.

Un llamamiento a la unidad para proteger la CPI

La Corte Penal Internacional (CPI) se creó en 2002 tomando como referencia los juicios de Núremberg y Tokio celebrados tras la Segunda Guerra Mundial, así como los posteriores tribunales internacionales establecidos para juzgar los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y Ruanda.

Mientras que la Corte Internacional de Justicia se encarga de resolver disputas entre Estados, la función de la CPI es juzgar a personas por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La Corte cuenta con 125 Estados miembros, todos ellos partes en el Estatuto de Roma. Estados Unidos, Rusia y China no figuran entre ellos, aunque Estados Unidos participó activamente en el proceso de creación de la institución. La CPI emplea a unas 1.000 personas, entre ellas jueces y fiscales.

Japón es el mayor contribuyente al presupuesto de la CPI entre todos los Estados miembros, con una aportación del 14,7 %, equivalente a unos 4.600 millones de yenes en 2025. El libro de Akane ofrece una visión general accesible de la labor de la Corte y de su trayectoria hasta la fecha. También refleja los esfuerzos sinceros de una jurista japonesa que ha dedicado su carrera a promover la paz en la comunidad internacional.

Akane subraya la importancia de la CPI y defiende firmemente su continuidad. “Al aplicar normas de derecho internacional universalmente reconocidas, la CPI sirve a los intereses de la comunidad internacional”, escribe. “Desempeña una función indispensable en un momento en que siguen cometiéndose atrocidades en todo el mundo y hay innumerables vidas amenazadas”. También destaca el compromiso de la Corte con la integridad y la importancia de preservar su independencia y neutralidad. “Insto a todos los países del mundo a unirse para defender la CPI”.

La Corte Penal Internacional atraviesa la mayor crisis de su historia, una situación que podría acabar debilitando el Estado de derecho en el ámbito internacional. “En Japón se suele hablar del ‘Estado de derecho’, pero si nos limitamos a defenderlo de palabra, será vulnerable ante una amenaza grave y podría desmoronarse”, advierte Akane. “Si eso ocurre, podríamos acabar viviendo en un mundo donde impere la ‘ley del más fuerte’. Como defensores del Estado de derecho internacional, debemos mantenernos firmes, cueste lo que cueste”.

Sensō hanzai to tatakau (“Luchar contra los crímenes de guerra”)

Autora: Akane Tomoko
Publicado por Bungei Shunjū en 2025
ISBN: 978-4-16-661496-7